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El vicepresidente Álvaro García Linera ha señalado que las afirmaciones realizadas por el exfiscal Marcelo Soza y el exjefe policial anticorrupción mayor Fabricio Ormachea no tienen validez debido a que ambos son "delincuentes”.
Es equivocada y manipuladora la argumentación de García Linera. Cuando Soza fue grabado, sin su conocimiento, y admitió innumerables irregularidades del caso terrorismo, no era un "delincuente”, sino un mimado fiscal a cargo del caso judicial que logró darle una estocada casi fatal a la dirigencia opositora cruceña.
Cuando el mayor Ormachea fue filmado, en varias sesiones, en la casa del exempresario Humberto Roca, no era un "delincuente”, era un jefe policial, de alta confianza de las autoridades, tanto que aparecía en fotos junto al presidente Evo Morales y el ministro de entonces Alfredo Rada. Y, además, de no haber sido por la justicia norteamericana, seguiría en su cargo. Es gracias a un juez estadounidense que García Linera puede llamarlo "delincuente”, no a una investigación de su gobierno.
Por lo tanto, las declaraciones de ambos personajes deben ser tomadas en consideración. Es probable que no todo lo que dicen sea cierto, pero algo de veracidad tienen.
Por ejemplo, Ormachea afirmó que una hermana del ministro de Defensa, Rubén Saavedra, vive en España y que hizo un depósito de 300 mil dólares o euros en un banco de ese país. García Linera respondió que el ministro no tiene hermanas. Pero el afectado señaló que sí tiene una: "Que yo sepa, no tengo ninguna familiar que viva o haya vivido en España”. ¿"Que él sepa”? ¿Sabe o no sabe el ministro si su hermana vive en España? ¿Si no está seguro no la puede llamar y preguntar? Haber señalado "que él sepa” abre interrogantes. O sea que la afirmación de Ormachea no tiene que ser descartada de inmediato; de paso, hizo entrar en contradicciones al Vicepresidente y su ministro.
Más allá de eso y de muchos otros detalles de ambas grabaciones, el tema de fondo, que es ya incontrastable, es que la manipulación que han realizado las autoridades del denominado "caso terrorismo” es evidente, manchando tanto el proceso que éste ya no tiene credibilidad: las extorsiones sí existieron, como lo demuestra el video en el que un alto jefe policial hace exactamente eso; las presiones y el uso político del caso son innegables; y los miembros de una red de extorsionadores ligados a éste y otros casos están presos.
Pero existen otros elementos: en un video, una policía, Marilin Vargas Villca, alias Karen, planta pruebas después del operativo en el hotel Las Américas. En otra filmación, el exfuncionario gubernamental Carlos Núñez del Prado le paga un soborno al entonces "testigo clave” del caso, Ignacio Villa Vargas, para que huya del país.
No ha sido tomada en cuenta la declaración del propietario del hotel Las Américas, que señala que cuando se produjo el atentado contra la casa del cardenal ninguno de ellos salió del hotel.
No ha sido tomado en cuenta el testimonio del cuidador de la casa del cardenal, que señala que quienes cometieron ese atentado se trasladaban en un automóvil que coincide, en sus características, con el que poseía entonces el padre del minis tro Juan Ramón Quintana.
La justicia no ha iniciado un proceso sobre la base de las autopsias realizadas en Europa, que señalan que los tres fallecidos en el operativo fueron ejecutados; finalmente, nadie explica por qué la Policía habló de "balacera” y "enfrentamiento” entre los supuestos terroristas y los agentes si es que no había marcas de disparos en las paredes.
Es insuficiente para el Gobierno defenderse de estos indicios graves señalando solamente, como sonsonete, la palabra "delincuente”. El caso terrorismo hace aguas por todos lados. No puede negarse que algún tipo de grupo irregular se conformó alrededor de la figura de Eduardo Rózsa, porque de ello hay pruebas, pero de ahí a haber enlodado a mitad de la dirigencia cruceña, haber afirmado que se preparaba un magnicidio y haber ejecutado a tres sospechosos, hay una distancia muy grande.
Raúl Peñaranda U. es periodista.
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