MASACRE DE OCTUBRE

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El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó que el Ministerio Público, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, continuó con el proceso judicial y el trámite de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus exministros, responsables de los hechos de octubre de 2003, que dejó más de 60 muertos
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Una comisión de cinco personas, a la cabeza del Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, viajó la mañana de hoy a Estados Unidos para presentar el exhorto suplicatorio de la solicitud de extradición del expresidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada, además de los exministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, e Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe, por la masacre de octubre de 2003.
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Esta demanda se enmarca en un proceso distinto al que se lleva adelante contra Goni en Estados Unidos, donde otras nueve víctimas lograron que un Juzgado Federal permita procesar al expresidente por violaciones a los derechos humanos.
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“Ese tema lo está manejando la Fiscalía General. El Ministerio de Justicia no tiene a cabalidad cuales serían los bienes inmuebles que serían incautados. Tenemos conocimiento que hay varios”, señaló la Ministra de Justicia.
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Teófilo Baltazar, cuya esposa murió embarazada de cinco meses durante la masacre de 2003, aseguró hoy que Evo Morales, cuando todavía era candidato a la presidencia de Bolivia, les prometió a las víctimas ayudarles en persona a tramitar sus visas y luego se olvidó.
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El abogado Rogelio Mayta, patrocinador de las víctimas de la masacre de octubre de 2003, recibió con cautela la decisión de un juez federal de Estado Unidos, que aceptó la demanda interpuesta contra Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada y Carlos “Zorro” Sánchez Berzain.
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El juez de Florida, James Cohn, determinó que los nueve demandantes por presuntas violaciones a los derechos humanos –durante la masacre de octubre de 2003– puedan seguir con sus reclamos en el país del norte en contra de Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada y Carlos “Zorro” Sánchez Berzain.

OCTUBRE, TRES ESCAPES

Guillermo Siles Paz, OMI

A diez años de octubre 2003 ha reabierto todo el debate sobre, qué causas y factores influyeron en estos hechos trágicos. Para muchos fue masacre, guerra e insurgencia indígena. De todas maneras este octubre 2003, tiene antecedentes y hechos que tal vez no es  bueno de confundirlos, sino mirarlos, reflexionarlos y profundizar. Los 10 años de distancia y fuera de intereses, nos permiten reflexionar con cabeza  fría, no enfriada.
Hoy recordando los detalles de lo que fue este hecho trágico, que desembocó en la matanza de 57 personas y cientos de heridos, que además provocó la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, es el resultado de una serie de hechos y tensiones permanentes.

Bolivia se encontraba en una olla a presión. Su primer escape se dio en el año 2000 y 2001 con la guerra del agua en Cochabamba. Fue la sociedad civil que expresó su insatisfacción a políticas empresariales y negociados políticos que no respondían a la realidad y bolsillo de los bolivianos.  Esos hechos de Cochabamba, en la guerra del agua, sacaron varios temas: La realidad de pobreza extrema; Bolivia un país dividido, en dos Bolivias;  surge la necesidad de las autonomías de los pueblos originarios, la necesidad de una asamblea constituyente y la insatisfacción al modelo económico neoliberal.  En ese momento los actores sociales fueron, personas de la sociedad civil, y algunos dirigentes de movimientos sociales. Por ejemplo la famosa coordinadora del agua, que se constituyó en el ente articulador y de resolución del conflicto.

Si bien es cierto, se dieron salidas a los conflictos en la guerra del agua, estos no tuvieron eco en los años siguientes. Las políticas económicas y sociales, no tenias respuestas coherentes y que se sientan una verdadera solución. A esto hay que poner en claro que los cocaleros, tampoco concertaron una política definida. Se hablaba de coca cero y al final terminaron con el cato.

En este ambiente vienen las elecciones del 2002. Los actores políticos, eran el MNR, MAS, NFR,  habían otros, MIP, MIR, ADN. Pero fueron los primeros que obtuvieron mayorías. El MNR gana con un marco muy pequeño,  solo 22 % y seguido por el MAS. El gobierno asume el poder pero desde la debilidad. El MNR tendrá que hacer alianzas de gobernabilidad y logra articular con el MIR, ADN y casi al año de gobierno con el NFR. La oposición era bastante clara y concreta. Evo Morales,  en el MAS y los movimientos sociales.

A esto se suma, que Bolivia no se encontraba en buenas condiciones para enfrentar una política financiera, que garantice cambios profundos del país. Pese a este contexto el gobierno tuvo que aplicar algunas políticas recomendadas por el  FMI.

Ahí viene un segundo escape,  de la olla a presión. Es febrero 2003 el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada lanzó un impuesto a los ciudadanos, que inmediatamente fue rechazada por diversos sectores de la población. Pero, este ambiente, se experimenta un motín policial que deriva en el enfrenamiento entre militares y policías, en plena Plaza Murillo. Tuvo muertos y heridos.  Por la noche, del 12 de febrero, la ciudad de La Paz vivió unos de los episodios oscuros. Hubo, saqueos, quema de casas de los partidos en función de gobierno, alguna casa comercial y la vicepresidencia, como el ministerio de trabajo.  El 13 de febrero de 2003, se tenia la ciudad asolada en su madruga, pero en el día nuevamente los movimientos sociales, y en particular los maestros y comerciantes, marcaron una nuevo episodio que hacia insostenible, la gobernabilidad del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.  La "masacre de febrero" puso en evidencia la debilidad del gobierno.  Surgirán las primeras voces pidiendo la renuncia del presidente.

A esto se suma el debate de la venta del gas natural.  Se había tenido todo la información que Bolivia tenia reservas millonarias, pero que habían proyectos oscuros, secretos. Se sabía que el Gobierno estaba negociando con la transnacional Pacific LNG, a la cual le cedía la explotación del gas para exportarlo a EEUU y México.  Además hasta ese momento, las empresas pagaban en regalías, únicamente 18% y no había ningún otro impuesto.  Ya en la prensa los mismos ejecutivos de la Pacific LNG, decían que por cada dólar invertido, se ganaría 10 dólares. Es decir, negocio redondo.  Sus consecuencias fueron mayores, los debates y análisis llevaron a determinar que el tema del gas, era ya un tema estratégico, que no respondía únicamente a decisiones gubernamentales, sino, como se dieron posteriormente, a interés de la sociedad boliviana en general.

Desde febrero hasta septiembre de 2003 el gobierno, no encontraba salidas. La conferencia episcopal, derechos humanos, y el defensor del pueblo, lograron concertar la necesidad de hacer una proyecto para dar salidas al alto grado de conflictividad que se tenían esos meses, pero lamentablemente, todos los estudios, no fueron respaldas por el líder del MAS.  Ya en agosto, el NFR aceptará ser parte de la coalición de gobierno, pero lamentablemente su aporte tampoco sería significativo, es decir, el FNR se sube al gobierno que esta, casi derrotado, por sus propias políticas.

Llegó septiembre se da el tercer escape, de la olla a presión. Una serie de conflictos, en el altiplano paceño y además se decreta paros y bloqueos, a lo cual el gobierno responde con la fuerza. A esto se suma el paro que decretado por la FEJUVE del Alto, que seria, la detonante definitiva. La historia trágica, de violencia, sangre y dolor se vive del 8 al 17 de octubre. 57 muertos y cientos de heridos en el octubre negro.

El Alto estaba, como decían, de pie no de rodillas. Los vecinos reclamaban cambios estructurales y cambios en sus indicadores de pobreza. Que habiendo gas, había la necesidad de cambiar esa realidad de precariedad y pobreza extrema.

Así, Gonzalo Sánchez de Lozada termina, su gobierno, como parecía que iba a terminar, sin ninguna garantía de sostenibilidad y de credibilidad. Sumado a eso su actitud represora sobre el pueblo indefenso y pobre del Alto. 
Es que la historia no debemos de cambiarla. No podemos ignorar que esto pasó, que los actores de hoy, deben entender que aún las demandas de octubre 2003, siguen en pie y en la esperanza de mejores días.  Algo se hizo, pero cuándo nos falta por recorrer y transformar. Parece que no es suficiente justificar.

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A DIEZ AÑOS DE LA GESTA POPULAR TRAICIONADA

Omar Qamasa Guzman Boutier

La denominada guerra del gas, protagonizada por la sociedad civil boliviana en octubre del 2003, fue la gesta popular más importante de nuestra historia contemporánea. La dimensión de ese acontecimiento puede apreciárselo en el hecho del derrumbe (aunque momentáneo) del sistema político hasta entonces vigente, así como en la convocatoria nacional de un discurso indígena, auto determinativo. A esta grandiosa manifestación debió corresponder, en contrapartida, también un hecho deleznable y vil, como es la traición a los propósitos de la guerra del gas. El partido encargado de llevar esta deshonrosa acción no es otro que el actual gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), cuyos dirigentes, comenzando por los señores Evo Morales y ÁlvaroGarcía Linera, no escatimaron esfuerzos para torcer, desde el gobierno, lo que podría considerarse como una suerte de “programa mínimo de octubre”.

Puede sintetizarse esta hipótesis en base a tres elementos: los antecedentes, la postura del MAS con respecto al orden constitucional y las prácticas políticas autoritarias de este partido. En realidad -adelantándonos a una de las conclusiones de nuestro razonamiento- lo que hoy por hoy se vive en el país, por ejemplo en la menuda disputa pre-electoral, no es sino la consecuencia del devenir de un gobierno, cuyas características anti-populares ya estaban presentes en los momentos iniciales de este nuevo ciclo estatal. Veamos.

A manera de antecedentes, basta recordar la Ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente (AC)el 2007, la “nacionalización” de los Hidrocarburos y la confección de la actual Constitución Política del Estado (CPE). Estos tres hitos marcan una línea que dibuja muy bien el propósito del MAS, así como su carácter anti-popular y anti-indígena.

Si de alguna continuidad puede hablarse, en este caso, es la del sistema liberal, tan ajeno a la sociedad boliviana y reciclado gracias a y por medio de la traición que anotamos. Se entiende que, desde el punto de vista del programa de gobierno, el MAS nunca ha expresado los propósitos de la “guerra del gas” (y en consecuencia no podría hablarse de traición); sin embargo, desde el punto de vista de la pertenencia al movimiento popular (aunque en su flanco reaccionario) no se puede negar que Evo Morales y tantos ex-dirigentes sindicales hoy devenidos en autoridades de gobierno, formaban parte, en octubre del 2003, del gran torrente nacional-popular que recordamos. Precisamente por ello se dice, que “sólo traiciona, el que pertenece”.

Por ello, la Ley de convocatoria a la AC el 2007 tuvo el propósito de sobrevaluar la representación de la minúscula clase dominante, hasta entonces, por medio de la sub-representación de los sectores nacional-populares.

Técnicamente, aquella convocatoria estaba orientada a imposibilitar la expresión institucional del país y fue ideada en la vice-presidencia, precisamente con el propósito de tender puentes con los representantes del viejo sistema político. Por supuesto que las cosas desbordaron los cálculos conservadores del MAS y aún en condiciones adversas los sectores populares, particularmente indígenas, lograron diseñar una propuesta de reforma estatal alejada de la partidocracia que tanto el antiguo sistema político como el MAS defendían. Estos avances, contenidos en los informes por mayoría de varias comisiones de la AC fueron, por ello mismo, simplemente archivados por la mayoría masista.

El resultado fue que la CPE aprobada posteriormente no tuvo casi nada que ver con lo que se ha discutido y aprobado en la AC. Recordemos que la Constitución actual fue resultado de negociaciones tras cuatro paredes, entre los partidos del oficialismo y de la oposición, en la ciudad de La Paz. Este acuerdo cupular entre partidos fue, pues, una segunda muestra de la traición a los propósitos de octubre del 2003.

Algo similar ocurrió con la denominada “nacionalización de los hidrocarburos”. Para simplificar las cosas, digamos que aquella supuesta “nacionalización” no fue sino la simple migración de contratos inconstitucionales, suscritos por el gonismo, con la empresas transnacionales. El retorcido “patriotismo” del gobierno de Morales y el MAS consistió en constitucionalizar aquellos inconstitucionales petrocontratos. Entiéndase que, desde este punto de vista, no está en discusión los porcentajes de retención estatal de los excedentes producidos en la explotación de los hidrocarburos.

Si el MAS no ha respetado la voluntad popular expresada en la gesta de octubre del 2003, no debería extrañar a nadie que tampoco respete el ordenamiento jurídico del país. Como se recuerda, fue el propio Evo Morales quien, muy suelto de cuerpo, dijo que cuando toma una decisión que no se encuentra apegada a la Ley, llama a sus abogados para que “lo arreglen”. Ese llamamiento a delinquir se condice, por tanto, con el último llamamiento en esa misma dirección (es decir en la dirección hacia la ilegalidad), como fue aquél pedido a los empleados públicos para que dediquen la mitad de su tiempo a la campaña electoral y no a las obligaciones que, de acuerdo a la normativa del empleado público, debe corresponderles. Hay, por tanto, también en este campo una continuidad en la lógica de la ilegalidad, en la que se mueve el MAS.

Finalmente, refirámonos a lo político. En este campo queda claro que todo el viejo sistema político se ha reciclado, luego de su derrumbe momentáneo en el 2003, gracias al gobierno de Morales – García Linera. El anti-indigenismo más radical, así como la partidocracia más oscura, se han beneficiados por la presencia del actual gobierno. Tanto el acoso y la persecución a los indígenas del TIPNIS, como el rechazo  a la representación directa de los pueblos indígenas, en el Poder Legislativo, son expresivos del profundo odio que siente el gobierno para con este sector. Así, el MAS se ubica, en esta temática, a la derecha de muchos de los últimos gobiernos y seguramente sería motivo de envidia para melgarejistas, barrientistas, banzeristas y gonistas.

No contentos con ello, sin embargo, los masistas van aún más lejos y gracias a un poder electoral totalmente funcional a sus mezquinos intereses, pretenden hacer retroceder el desarrollo democrático que la sociedad boliviana ha alcanzado, reduciendo el número de futuros diputados uninominales, en beneficio de los diputados plurinominales. Es decir, de diputados sin representación social y con el sólo mérito de prenderse a la solapa de los jerarcas del partido, gracias a un alma de esclavo o en términos bolivianos, de llunk’u.

Concluir, por tanto, señalando que el MAS no es sino el intento de aborto de la gesta nacional-popular de octubre del 2003, es apenas anotar un pasaje oscuro de nuestra historia política. Como se sabe, pero, estos pasajes no tienen futuro en nuestra vida político. No lo tuvo Melgarejo, no lo tuvo Barrientos, Banzer y Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿por qué razón tendría que tenerlo Evo Morales?

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