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En cualquier democracia del mundo, el titular de la misma es la población, los ciudadanos, la colectividad y es la sociedad, mediante sus autoridades elegidas por el voto, las que regulan y administran los intereses de los diferentes sectores que la componen, pero en función de las mayorías, del bien común y nunca favoreciendo a un determinado segmento por muy activo y poderoso que sea, para esto se apela a la normatividad (leyes, decretos y reglamentos) que dentro del pacto social que significa vivir en determinada formación social deben, obligatoriamente, respetarse y acatarse por todos los que viven en ese determinado conglomerado humano.
 
El lunes 7 y el martes 8 de mayo, los empresarios privados del transporte realizaron un paro que puede ser justo para sus intereses, además de reconocido por la Constitución Política del Estado, sin embargo, la misma Carta magna indica que los derechos de los unos terminan cuando afectan los de otros y mucho más cuando perjudican a la mayoría.
 
Ante la violencia ejercida por estos empresarios privados, los paceños, alteños y personas que viven en el área rural, pero que rutinariamente interactúan con las ciudades de El Alto y de La Paz, respondieron con una resistencia pacífica digna de los hijos de este departamento, empero todo tiene su límite y llegó la hora de defender los intereses de la colectividad.
 
Tenemos que organizarnos por calles, zonas, distritos y plantearles que no les permitiremos una violación más de nuestros derechos. Esta batalla no la puede perder la democracia por lo que las autoridades municipales deben aprovechar la oportunidad para reorganizar, por completo, el transporte en ambas ciudades y, si es posible, también en el área rural. Esto significa que la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano debe aplicarse a la brevedad posible. No perderemos espacio en reiterar los vicios del autotransporte paceño.
 
Dada la actual coyuntura las comunas de ambas ciudades deben diseñar un nuevo plan de transporte que una a ambas y a sus habitantes porque son hermanas y porque no se las puede concebir separadas o funcionando a diferentes ritmos, el desarrollo y el liderazgo del departamento de La Paz, en el ámbito nacional, depende mucho de lo que hagan los habitantes de las dos ciudades.
 
Hay que licitar todas las nuevas rutas que deben iniciarse/terminar en la zona sur de la ciudad de La Paz y llegar a los barrios más alejados de El Alto, conforme a sus correspondientes características topográficas. Ya se conoce que este transporte debe estar constituido por buses de alta capacidad, es decir, que puedan movilizar 50 o más personas, cómodamente sentadas, por todas las rutas troncales y que desde allí puedan prestar servicio otra clase de movilidades más pequeñas.
 
Se tiene que aprovechar la oportunidad para eliminar los mini buses, micros y trufis de toda laya, las que utilizan diesel y contaminan el medio ambiente, además de las que tienen mucha data. Los ciudadanos, peatones, también tenemos que poner nuestra cuota parte y disciplinarnos para mejorar el servicio de transporte público en El Alto y La Paz.
 
Los otros puntos
 
Es una lástima que el cálculo político que se vive entre la alcaldía paceña, la gobernación departamental y el gobierno central perjudique los intereses de los paceños, puesto que se vio una actitud más que pasiva de los policías, por no decir cómplice y encubridora de los abusos de los empresarios privados del transporte.
 
Del mismo modo, no hay que olvidar que una otra arista de este problema es responsabilidad del gobierno puesto que hasta la fecha no se han creado, en el occidente del país, empleos permanentes y dignos. Esta ingrata situación ha contribuido en el incremento del número de gremiales que también abarrotan las calles de las ciudades de El Alto y La Paz, mientras que grandes cantidades de personas en edad laboral no tienen otra opción que “hacerse” de una movilidad y dedicarse al transporte público. Esto también debe ser considerado por la administración central.