Gobierno

En el imaginario colectivo boliviano queda el recuerdo del gobierno de Melgarejo, como el de un hombre burdo y con un profundo desprecio a la sociedad boliviana. Más allá del nombre específico, sin embargo, estas dos características son las que, con tonos más o con tonos menos, se han reproducido a lo largo de nuestra historia. En este sentido, la gestión del actual gobierno no es la excepción e incluso es válido decir que ambas características se acentúan en la gestión de Evo Morales y los suyos. Por supuesto que las motivaciones entre Mariano Melgarejo y Evo Morales, para hacer gala de semejante comportamiento, son distintas aunque en ambos subyace la peregrina idea del abuso del poder, en medio de un enfermizo ambiente megalómano.

En el caso del por hoy gobernante MAS, la cuestión gira alrededor del fundado temor por no poder alcanzar el 50% más uno de los votos, en las elecciones nacionales del próximo año. Se trata de un temor que, en verdad, debió cimentarse seguramente en los últimos años debido a un comportamiento autoritario, para con virtualmente todos los sectores sociales. Tal es así que los “estrategas” de este partido no tuvieron mejor idea que la de convertir a los funcionarios de importantes instituciones (como el Tribunal Supremo Electoral, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Instituto Nacional de Estadísticas) en meros títeres, sumisos a los intereses subalternos del Poder Ejecutivo.

En contrapartida, aquellos mismos supuestos “hombres de Estado”, optaron por hacer oídos sordos ante toda demanda social e ignorar sendas movilizaciones que pedían simplemente el respeto a los derechos colectivos. Así pasaron protestas sociales, se sumaron varios muertos a causa del accionar del gobierno y se acumularon las pérdidas ocasionados por ello. Todo ello, claro, es algo que le tiene sin cuidado al gobierno. ¿No fue acaso el propio Evo Morales quien confesó que cuando toma una decisión que no se encuentra en derecho, llama a sus abogados “para que arreglen” la situación?, ¿ no dijo acaso que cuando toma una decisión, le mete “nomás”?, sin importarle el criterio de los sectores sociales y al mejor estilo de Melgarejo, en cuanto al respeto a la opinión pública.

Pues bien, como adelantamos hace varias columnas atrás, hoy el país está viviendo precisamente una de las consecuencias de tal comportamiento. A raíz de la chacota denominada “Censo nacional”, no únicamente se encuentra por los suelos la credibilidad del INE, sino que los resultados de tal censo no sirven de referencia para los sectores sociales y las diferentes regiones. Los sendos paros cívicos de La Paz, Beni, Potosi y Chuquisaca muestran que aquellos resultados no sirven sino para articular “técnicamente” (es un decir, claro) las condiciones que hagan posible maquillar en algo la caída en la preferencia electoral masista, que se avecina. Ello, en la disputa política inmediata, porque en lo estructural, está claro que aquellos desacreditados datos del “censo nacional”, contribuirán a profundizar la brecha entre las propias regiones.

Para que el cuadro se complete no podía faltar la payasada del TSE, referida a la distribución de nuevos escaños electorales, basados nada menos que en los resultados del “censo”. Bajo la pretensión de respaldar aquella bufonada nada menos que en “razones técnicas”, los personeros del órgano electoral no encontraron mejor alternativa que apartarse de la Constitución Política del Estado, como bien lo demostró la diputada Rebeca Delgado. Y es que la “propuesta técnica” del TSE tiene la seguridad que en el Poder Legislativo, la mayoría de simples levantamanos aprobará la misma. Lo hacen, porque esa es la orden del Palacio Quemado, sin importar el cuestionamiento nacional a los resultados del censo, así como a las subsiguientes iniciativas estatales que se asume, a partir de tales resultados.

Está claro, también, que en este divorcio entre gobernantes y sociedad, la debilidad de los primeros se manifiesta en el temor hacia los segundos. No otra cosa significa la penalización de la protesta social, de los reclamos cívicos y regionales. El gobierno penaliza estas protestas mediante el cobarde argumento del descuento de sueldos, por los días no trabajados, es decir por los días de protesta. Sin embargo, esta aparente fortaleza gubernamental, no hace sino confirmar la debilidad electoral que en lo íntimo de su ser, lo saben como inevitable los actuales neomelgarejistas del gobierno.