Fondo Indígena
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Joel Guarachi fue parte del Directorio del Fondo Indígena cuando era representante de la CSUTCB y en esa condición participó en varias reuniones en las que se habría tratado el destino de los recursos que disponía esa entidad en proceso de liquidación.
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Un juez anticorrupción envío a la cárcel con detención preventiva a la presidenta de CIDOB, Melva Hurtado, y al dirigente campesino, Remy Vera Tapia.
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La presidenta de la CIDOB, Melva Hurtado, y la senadora del MAS, Felipa Merino Trujillo, fueron aprehendidas por su supuesta participación en actos de corrupción en el exFondioc. Corrió la misma suerte el dirigente campesino Remy Vera.
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Damián Condori, exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fue enviado al penal de San Roque con detención preventiva por el caso de la presunta corrupción en el ex Fondo Indígena
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El juez Ricardo Pinto determinó la noche de este martes la detención domiciliaria con salida laboral para el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Choque, por estar involucrado en el caso del ex Fondo Indígena.
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La exministra Julia Ramos fue enviada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes con detención preventiva por estar involucrada en el caso de la presunta corrupción en el ex Fondo Indígena.
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La acción de libertad interpuesta por la defensa de la exministra Julia Ramos fue negada la tarde de este viernes por la juez de Sentencia y Partido Liquidador, Sussel Marquez Moreno.
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Junto al exmallku se hicieron cargo de un proyecto de fortalecimiento institucional: Roberto Coraite de la CSUTCB y Julia Ramos de la “Bartolinas”. Félix Becerra responsabilizó a Julia Ramos de administrar el dinero.
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Quispe, quien fue legislador por el escaño especial de Oruro, está acusado de haber administrado de manera irregular parte del dinero del proyecto de “Implementación del Centro de Truchas Arcoiris en la Nación Originaria Uru”.
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El gobierno intervino este año el exFondioc por denuncias de corrupción. De acuerdo con los resultados del mismo, existe un posible daño económico de 102 millones de bolivianos por 713 proyectos inconclusos y Bs14MM por 30 proyectos “fantasmas”.