CONSTITUCION

La semana pasada, justo después de la celebración del día internacional de las mujeres, sucedieron hechos inauditos que denuncian lo poco o nada que el estado boliviano está dispuesto a cumplir con los mandatos constitucionales referidos a los derechos humanos de las mujeres.[1]

En primer lugar, la curia católica, envalentonada por la sentencia constitucional Nº 0206/2014 –que, aunque elimina el requisito de la orden judicial para la práctica médica de abortos por causas no punibles, en la práctica “constitucionaliza” el aborto como delito– convocó a una conferencia de prensa para demandar del estado boliviano la eliminación de la dominada “píldora del día después” de la lista de insumos del SUMI, argumentando que se trata de un medicamento “abortivo”.Tal es la ignorancia de la máxima autoridad de los católicos que no sabe o no quiere enterarse (que es lo peor) que el medicamento al que se refieren no es abortivo sino anticonceptivo:

“El término “anticoncepción de emergencia” (AE) se refiere a un conjunto de métodos de anticoncepción que se pueden usar con el objetivo de prevenir un embarazo enseguida después de haber tenido  relaciones sexuales. Estos métodos incluyen varios tipos de píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) así como la inserción de un dispositivo intrauterino (DIU). La anticoncepción de emergencia brinda a las mujeres una segunda e importante oportunidad para prevenir el embarazo cuando falla un método habitual de prevención, o cuando no se ha usado método alguno o cuando una mujer ha sido forzada a tener relaciones sexuales. La AE  se debe usar hasta un plazo máximo de 5 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, pero generalmente es más eficaz cuanto más pronto se use”.[2]

Sin embargo, allá ellos, a los obispos no les interesa informarse sobre estos asuntos tan “técnicos” porque su propósito no es otro que el de mantenersu control sobre los úteros de las mujeres como mecanismo de dominación patriarcal. A ellos no les interesa la vida, lo que les interesa es sostener su primacía y lo hacen bajo distintas modalidades, entre otras, su empeño en condenar el aborto so pretexto de que están “defendiendo la vida del no-nato”. Hasta ahí llegan, porque la vida del nacido les interesa cuatro pepinos, lo que vaya a suceder con la vida de una criatura, después de haber nacido, ya no es asunto de su incumbencia, es algo de lo que las madres (en primer lugar) deberán hacerse cargo, les cueste lo que les cueste, a cualquier precio.

Lo más indignante del asunto es la respuesta más que inmediata de las autoridades de salud del Estado Plurinacional de Bolivia que se apresuraron en “tranquilizar” a la curia anunciando, a través del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes:

“No haremos polémica donde no existe. Por la responsabilidad con el país, el Ministerio de Salud no ha dado ninguna voz oficial sobre la incorporación de la pastilla, no hay nada en nuestro sistema de salud y queremos dar por cerrado esto y no podemos discutir sobre algo que oficialmente el ministerio no ha incorporado”, dijo la autoridad en rueda de prensa.Sin embargo, según un reporte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA[3], por sus siglas en inglés), la entidad ya entregó Bs 1,4 millones en insumos anticonceptivos (entre ellos la Pildora Anticonceptiva de Emergencia PAE) para proyectos pilotos[4].

Estas declaraciones contradicen el anuncio realizado por el propio gobierno el 12 de septiembre de 2013 en sentido que:

“El gobierno boliviano reveló este miércoles que planea distribuir de manera gratuita la denominada "píldora del día después" para reducir el número de embarazos no deseados.El viceministro de Salud, Martín Maturano, informó que por año se esperan cerca de 300 mil embarazos de los cuales unos 60 mil corresponden a adolescentes.El plan que entrará en marcha en el 2014 y le demandará al Estado una inversión de dos millones de dólares también prevé la distribución de otros métodos anticonceptivos como condones femeninos e implantes dérmicos”[5].

Pero, eso no es todo, enseguida la Comisión de Salud y Educación de la Cámara de Diputados anuncia que tiene previsto elaborar el proyecto de Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, para lo cual convocará, entre otros a ¡¡las iglesias evangélica y católica!!”[6]a opinar sobre el tema.

Estos anuncios, tanto del órgano ejecutivo como del legislativo, desconocen deliberadamente el artículo 4 de la CPE que a la letra dice "El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión".

En suma, primero, la curia católica, hace una demanda basada en su ignorancia intencional sobre los efectos de la píldora anticonceptiva de emergencia” (PAE); segundo, el poder ejecutivo, primero recibe una donación extraordinaria del UNFPA de insumos anticonceptivos y anuncia que a partir de 2014 pondrá en ejecución proyectos piloto (que incluyen la distribución gratuita de la PAE) con el objetivo de reducir el alarmante incremento de embarazos adolescentes y luego, ante la solicitud inusitada de la Conferencia Episcopal, retrocede ante este anuncio; y, tercero, el poder legislativo se pone al servicio de la misma iglesia convocándola a deliberar sobre un tema que no es de su directa incumbencia.

Si ya en otros temas el estado boliviano–a través de sus distintos órganos de poder, hegemónicamente cooptados por el MAS– ha encontrado modos de soslayar otros mandatos constitucionales, no es de extrañar que en este tema se ratifique en su posición de desconocimiento de la norma. Entonces, huelga demandarles lo que no están dispuestos a cumplir, salvo en lo que les resulta conveniente.Bajo estas constataciones, considero oportuno un sinceramiento del partido en situación de gobierno en sentido de que la Constitución Política de Estado es nada más que una norma referencial, sujeta a las interpretaciones antojadizas de los operadores eventuales de los órganos del poder, y no la “ley de leyes” que tanto se ufanan en enunciar.

El tema que aquí se está discutiendo va mucho más allá del derecho de toda mujer a decidir si llevar o no a término un embarazo, las medidas de prevención del embarazo y el aborto como solución final, no son el tema central. Lo que aquí se está poniendo en cuestión es, en realidad, la capacidad y el derecho de autodeterminación de todas las mujeres sobre cualquier tema que nos concierne directamente. Curas, médicos, abogados y legisladores se toman la atribución de señalarnos los límites de nuestra autonomía como seres humanas, siguen creyendo que sus mandatos son de obediencia obligatoria, siguen pensando que las mujeres les debemos subordinación, continúan obcecados en su ensoñación decimonónica y utilizan cualquier medio a su alcance para marcarnos esos límites como si nosotras no fuésemos capaces de decidir inteligente y responsablemente sobre nosotras mismas.

Nada le debemos al poder estatal, si de él demandamos algo, lo hacemos en virtud de nuestra condición de ciudadanas de pleno derecho, eso es todo. Nada nos detendrá, nosotras continuaremos denunciando estos atropellos y, a pesar de ellos mismos (y de las propias mujeres que no logran desprenderse de su lugar asignado de sumisión al poder patriarcal), continuaremos avanzando en nuestro camino de emancipación como lo venimos haciendo colectivamente desde hace más de un siglo.