Caso Porvenir

Resignado de estar al frente de un “tribunal manipulado, un juicio sin pruebas, con acusadores arrepentidos y oficiosos”, el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, renovó sus fortalezas para proclamar su inocencia y asegurar que “el Gobierno ya perdió el juicio ante el juez que es el pueblo”.Resignado de estar al frente de un “tribunal manipulado, un juicio sin pruebas, con acusadores arrepentidos y oficiosos”, el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, renovó sus fortalezas para proclamar su inocencia y asegurar que “el Gobierno ya perdió el juicio ante el juez que es el pueblo”. La exautoridad indicó que el poder central durante siete años no pudo probar que él es autor de los hechos de sangre del 11 de septiembre de 2008. Con esta puntualizaciones, salió al paso a las declaraciones del presidente Evo Morales quién el viernes sostuvo que en Porvenir “hubo masacre”, ante la decisión de los campesinos pandinos de garantizar la unidad del país, en una coyuntura confrontada por el debate de las autonomías. “Para mí el caso Porvenir se desmoronó cuando nuestro pueblo pandino, nos recibió con mucho cariño después de siete años de ausencia. Esto demuestra que el enfrentamiento fue provocado por el Gobierno”, precisó Fernández al recordar que esta provocación dejó 13 personas muertas: 6 campesinos, tres normalistas, 2 moradores de Porvenir, un pastor evangélico y un soldado. Saneamiento de tierras Fernández dijo que cuando fue presidente interino de la República (2000-2001) en su condición de presidente del Senado, las cinco etnias (Yaminahuas, machineris, esse ejas, tacanas y cavineños) obtuvieron títulos de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs). Además, Pando se convirtió en un departamento con el 100% de su territorio saneado y una dotación de 500 has por familia durante su gestión prefectural en 2008. “¿Los campesinos defendían sus tierras? O defendían, como dice Evo, la unidad del país, buscando enfrentamiento ¿Quién les dio derecho propietario?, preguntó al sostener que los hechos de Porvenir se produjeron en medio de una ofensiva contra las autoridades prefecturales de la oposición. Puso de ejemplo el cerco a Santa Cruz con 20.000 campesinos, “para provocar al pueblo cruceño, a la cabeza del exsenador Fidel Surco” Sin pruebas. Aseguró que jueces y fiscales no tienen una sola prueba que lo incrimine, lamentando la “manipulación de la justicia” donde – según dijo - se viola el debido proceso, se rechazan las pruebas de descargo y aceptan caprichos de la acusadora particular, Mary Carrasco, que estén en “la línea gubernamental”. Hasta ahora, los acusadores Jorge Borobobo Vaca, Norah Montero viuda de Racua y Carlín Haensel Inuma, retiraron su acusación, pero continúa con tres familiares de las víctimas y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). El juicio se reanudará el 17 de septiembre en fase de pruebas extraordinarias, luego vendrán los alegatos y tras ello, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, emitirá su fallo. El exprefecto es uno de los últimos políticos con mayor vigencia desde 1979 cuando fue elegido diputado nacional por Pando. Cuenta con 36 años de trayectoria, de los cuales cinco pasó entre la cárcel de San Pedro y Chonchocoro y dos por razones de salud en detención domiciliaria en La Paz. Por ese motivo se considera “preso político” del gobierno de Evo Morales, al “haber sido exitoso en todas las elecciones y ser considerado por el MAS un obstáculo para su desplazamiento hacia el norte del país”.