Víctima del caso Porvenir aplaza labor de su abogado

Juan Alípaz Aparicio, nuevo representante legal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en el caso Porvenir, recibió nota de aplazo de parte de su defendido, José Barobobo Vaca, quien le revocó el poder notarial 0577/2008, porque asegura que durante siete años no pudo descubrir a los verdaderos responsables de los luctuosos hechos de septiembre de 2008 y “permitió que el juicio se convierta en un proceso político”. 

Barobobo, a tiempo de justificar el retiro de su acusación ante el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, lamentó que en el proceso penal en vigencia, intervengan políticos y autoridades de gobierno, dejando a un lado a las víctimas de los hechos de Porvenir, que hasta la fecha no encuentran justicia.  

“Mi persona otorgó un poder el año 2008 en el convencimiento que se desarrollaría un proceso justo, que encuentre a los autores responsables de los  hechos sangrientos de Porvenir, sin poder participar de manera directa, ya que mi domicilio se encuentra en Cobija y mi situación no me permite permanecer en la ciudad de La Paz”, dice en su memorial. 

Aseguró que en la reciente inspección técnica ocular efectuado en Cobija, se enteró que los únicos presos y acusados habían sido Leopoldo Fernández, Edwin Ventura, Hernán Justiniano y Marcelo Mejido.

“No existen otras personas investigadas, aspecto que considero injusto, ya que estos señores no participaron de los hechos del Porvenir y no puedo permitir que gente inocente se vea afectada sin haber participado en los hechos que se investigan”, argumentó. 

Por ese  motivo, Barobobo no sólo retiró acusación contra Fernández y otros, sino que solicitó el archivo de obrados, con lo cual despidió a su abogado Juan Alípaz Aparicio, quien días después fue acreditado como nuevo representante ante el Tribunal, por decisión de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera Hoyos, para continuar el juicio en el caso Porvenir. 

Alípaz asumió la representación, luego que Herrera desautorizara a sus apoderados Boris Antezana Tórrez y Estefanía Suárez La Fuente a declinar la renuncia al proceso. Los abogados aclararon que el retiro fue una instrucción superior y no una decisión personal, porque tres víctimas habían desistido del juicio, por fallas en el debido proceso. 

El abogado defensor de Fernández, Karlo Brito, manifestó que esas contradicciones muestran que no sólo la justicia recibe “presiones, sino también la APDHB que se prestó al manejo arbitrario del proceso, al colocar a un abogado que durante siete años, a decir de su defendido, apañó un juicio político con el fin de forzar sentencia condenatoria contra gente inocente, y salvar la verdadera responsabilidad de otros actores”.