EL PODER DE QUIEN NOMBRA

El poderoso es aquel cuya palabra pesa más que la ley o su palabra es convertida en ley. Justamente para evitar esta peligrosa disfunción en democracia, las sociedades sabias ponen un límite a ese poder en la Constitución, donde establecen la vigencia del Estado de Derecho asentado en el equilibrio de poderes. 

A saber, la democracia no sólo se resume a una redistribución justa de los ingresos, sino se amplía a una redistribución equilibrada del poder. En última instancia, la democracia es resultado del poder negociado entre sectores y personas con intereses contradictorios, que pueden estar enfrentados en todo menos en las reglas que fijaron para convivir. 

Una de las formas de desequilibrar la democracia es otorgando excesivo poder a una persona. Y aunque usted no lo crea, la acumulación comienza cuando por las manos de un gobernante pasa todo, desde la nominación de candidatos hasta el nombramiento de la jefa de gabinete de un prefecto.

Algunos como Rafael Puente no comparten esa acumulación y prefieren renunciar a un alto cargo a aceptar la imposición desde Palacio de una colaboradora. Sucedió a principios de 2009, cuando Morales quiso que una persona de su confianza, Nelly Pinto, fuera jefa de Gabinete del entonces Prefecto Puente, quien no aceptó el nombramiento porque no tenía la  experiencia suficiente para desempeñar ese cargo. La decisión de Rafo fue muy sana para la democracia, pero muy mala para el nominador. 

Pero no todos reaccionan  así. Algunos ostentan la concentración. En noviembre de 2014, el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, declaró que allí  donde “las organizaciones sociales” no puedan ponerse de acuerdo, el Presidente Morales nombrará a los candidatos para las  elecciones subnacionales. El hecho demuestra que en ese partido pesó la decisión de una persona antes que las reglas. Y así fue.

En este último caso usted puede decir con razón que no hay nada que objetar porque es un problema interno de un partido. Pero, el efecto vendrá después, porque ese candidato nombrado a dedo puede convertirse en representante nacional, es decir, en tu representante, siendo en realidad delegado de la persona que lo nominó.

Morales, además de nominar candidatos y jefe de gabinete, ya tiene la atribución constitucional de nombrar  al Contralor, al Presidente del Banco Central, al Procurador, a la máxima autoridad del Órgano de Regulación  de Bancos y Entidades Financieras y a los presidentes de entidades de función económica y social en las cuales interviene el Estado.

Obviamente, tiene la facultad de nombrar a los comandantes de las FFAA y de la Policía, además de proponer la lista de candidatos a generales. 

¡Ah! También designa a sus representantes ante el Órgano Electoral. En esa lista figuran los cuestionados vocales Wilfredo Ovando (TSE), Zenaida Navarro (TED Chuquisaca) y Betzabé Zegarra (TED Tarija). 

De los ministros no vamos a decir nada porque el Presidente debe tener un equipo de confianza. 

Recientemente, el pasado Primero de Mayo, Morales acaba de incluir otro poder de nominación en su ya larga lista. Aprobó un decreto en el que establece que sólo su firma dará existencia a un sindicato. En otras palabras, nomina a autoridades y legisladores y dará vida a los que se supone cuestionarán a esas autoridades para equilibrar poder y exigir mejor representación. 

A saber, el nombramiento da poder a quien da existencia a una persona en un cargo, de tal modo, que luego éste casi siempre está convencido que el que lo nombró le hizo un favor, entonces, debe lealtad a su progenitor político y no a la sociedad para quien, en última instancia, trabaja.   

La última prueba de la disfunción que provoca la acumulación de poder se produjo en el TED Chuquisaca y en el TSE, donde pesó la palabra del poderoso y no de los electores, ni de ley ni de la Constitución.