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El gobierno anunció que los maestros que participaron en la última marcha desde Caracollo a La Paz no recibirán sus haberes. El propio ministro de educación, Roberto Aguilar, amenazó que diez directores de unidades educativas serán enjuiciados por haber permitido la movilización de sus maestros en apoyo a los marchistas. Los campesinos, a través de sus dirigentes de la CSUTCB, piden que la profesión en el magisterio sea declarada libre.
Los directores departamentales, designados sólo por el favor político partidario afín al gobierno, declararon que los puestos de los marchistas serán puestos en acefalía y que la movilización de los maestros es ilegal, que abandonaron de funciones y otros calificativos de desprestigio al movimiento de los trabajadores en educación.
¿Qué quiere el gobierno del magisterio? Que no digan nada, que cumplan los 200 días de trabajo en aula calladitos. Prohibido reclamar algo o hacer alguna crítica a la Ley 070 ASEP, además ya se les regaló (a la mayoría) el título de “licenciados”, por lo tanto, son expertos en la aplicación del modelo educativo sociocomunitario y productivo.
Cuando se diseña una política educativa para un país, la primera pregunta que surge es: ¿qué tipo de ciudadanos queremos formar? Entonces vienen las respuestas: buscar hombres y mujeres libres, cuestionadores de la realidad, plenos en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, que sean capaces de alzar la voz frente a las injusticias, todo esto resumido en los fines y objetivos de todo documento educativo.
En los hechos, aquellos que piense diferente, alce la voz, reclame por una injusticia, peor aún si se moviliza cuestionando la realidad, entonces, palo, represión, gases lacrimógenos, amenazas de cárcel, dejarlo sin pan ni sustento. ¡El magisterio debe ser obediente!
Los trabajadores en educación cuestionan la vigencia de la Ley 070. ¿No habría que escucharlos? ¿No son ellos los que están en las aulas y viven la realidad de la aplicación de la norma? ¿Deben sólo asistir a dar clase sin cuestionar nada? ¿No habrá ideas dentro de los profesionales en educación? ¿Es perfecta e irrevisable la ley calificada de “pachamamista”?
La educación no es sólo cuestión de una política de gobierno, más bien concierne a todos, por tanto, corresponsabilidad de todos los sectores que hacen a un Estado. Si uno de los sectores, como el campesinado, exige profesión libre para el magisterio, probablemente sea una propuesta interesante, merece discusión en un escenario de análisis y no sólo discurso traído de los cabellos, porque precisamente gracias a la educación, en las últimas décadas la realidad en el campo ya no es de analfabetismo, la servidumbre, la discriminación; más bien hoy ejercen sus derechos y tienen la ciudadanía plena. ¿Esto no es resultado del trabajo del maestro?
¿A qué país le conviene tener a un magisterio sumiso? ¿Maestros que sólo cumplan órdenes o no cuestionen la realidad? El profesor debe lograr (enseñar) que sus alumnos piensen, actúen, que defiendan sus derechos, emitan un criterio propio, que sean libre pensantes. Entonces debe dar el ejemplo. Su organización sindical debe ser punta de lanza para las reivindicaciones del pueblo.
La huelga también es un derecho, pero no es cuestión de lanzarla, sino sustentarla, con principios, con la verdad, convicción plena de los objetivos. Si no hay decisión y firmeza de lucha es ser pobre de espíritu, pasar sin sentido por la vida. Y quien templa ese ánimo es el trabajador en educación.
A su vez, la posición y lucha de los trabajadores en educación no puede ser aprovechada por los políticos que perdieron el horizontes y aparecen con discursos de que la “revolución está a la vuelta de la esquina”.
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S-040417
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