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Por supuesto que la demanda de la Procuraduría General del Estado contra un periodista y la directora de La Razón tiene que ser tratada en el marco de la Ley de Imprenta, sin embargo, debemos reconocer que no supimos sopesar ni que se le dio el tratamiento responsable al contenido de lo que teníamos entre manos y, sobre todo, debemos reconocer que sí se cometió una falta periodística.
Corrían los años 90s y en la Agencia de Noticias Fides (ANF), el equipo económico logró la “pepa”, con documentos y todo, sobre la quiebra del Banco Boliviano Americano (BBA) ligado a dirigentes y familias del MNR. Los periodistas nos contactamos y logramos, de forma sigilosa, repercusiones en todas las fuentes. Empero, nuestro jefe de prensa, Walter Patiño, nos pidió “tranquilidad hasta que se coordine con el padre”.
Más tarde, cuando todos llegamos a la redacción, el señor Director, padre José Gramunt de Moragas, convocó a todos sus periodistas y, personalmente, cerró la puerta de su oficina. Allí dio los detalles del tema y nos remarcó que la ANF no realizaría ningún trabajo sobre el caso “porque se podía poner en peligro todo el sistema bancario y financiero nacional, además que se podía provocar una corrida financiera de consecuencias fatales para el país”.
Todos nos quedamos con los crespos hechos, pero asumimos la palabra y el consejo de nuestro Director y jefe de prensa, pese a que estábamos listos para “informar” a la población y “destrozar”, periodísticamente hablando, al partido en función de gobierno. Sin embargo, dejamos todo en el tintero porque comprendimos que se trataba de una situación muy compleja para el Gobierno, pero especialmente para toda nuestra sociedad. Meses más tarde, el escándalo estalló con consecuencias previsibles.
Luego, en una de las habituales reuniones semanales de coordinación, el padre Gramunt se refirió al tema indicando que habíamos perdido una “pepa”, pero habíamos ratificado e incrementado el prestigio, responsabilidad y, créanlo o no, la credibilidad de la ANF al no publicar la quiebra del BBA. “Él había dialogado con las personas y niveles correspondientes”.
Este es un ejemplo, de la vida real, de cómo deben reaccionar los periodistas ante situaciones de esta índole y como se debe ser responsable con la sociedad, velar por el interés nacional y no solamente para con el contrato que nos liga a la empresa periodística, el “gustito de patear” o mostrar que tenemos buenos contactos.
Al respecto, la Constitución Política del Estado en su Art. 107. Parágrafo II. indica: “la información y opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.
Pero acciones como la realizada por el director, jefe de prensa y redactores de la ANF (de aquellos años) sólo la conciben y ejecutan periodistas que tienen décadas de experiencia de cobertura de fuentes, de calle, sudor, sacrificio y apostolado con su profesión y no de escritorio, tertulias, cafecitos, risitas socarronas de supremacía intelectual, complicidad de sus corifeos y miradas desde arriba hacia la sociedad.
Toda esta rememoración viene a colación sobre lo sucedido en los últimos días, con la demanda presentada por la Procuraduría General del Estado contra un periodista y la directora de La Razón; cuántos problemas nos evitaríamos si siguiésemos las buenas costumbres y prácticas del buen periodismo.
Es muy lamentable que tengamos que llegar a estos extremos para autocriticarnos y reconocer que nos equivocamos, asimismo, remarco que el caso deber ser tratado por el Tribunal de Imprenta y es en esa instancia que los responsables de esa irresponsabilidad deben ser castigados con la mayor severidad posible (¿?), lo que nos conduce a la necesidad y certeza de actualizar y modernizar esa nuestra norma. Insisto en que la propia Constitución indica que estos casos deben ser tratados por la Ley de Imprenta (“y su ley”).
“El Deshabitado”.
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