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De vez en cuando los milagros se concretan. El pasado 21 de marzo de 2013, la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) logró histórica sentencia que declara a un empresario de la comunicación “rebelde y contumaz”, además de señalar su “arraigo y emisión de orden de apremio” dentro de un proceso seguido por “apropiación indebida y abuso de confianza” al no transferir los aportes de los asalariados, por más de 10 años, a las AFPs.
Hay diversas formas de coartar, limitar y hasta eliminar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Entre las más perversas e innobles, está esta figura, que no es otra cosa que quedarse con el dinero de los trabajadores y lucrar e incrementar el patrimonio empresarial-familiar en desmedro de los asalariados, impidiéndoles una justa y digna jubilación.
En la lista de esta clase de abusos, control y manipulación de los periodistas podemos inscribir: bajos sueldos, no pago de dominicales, del quinquenio, de horas extras, del bono de transporte, de refrigerio, del trabajo nocturno, la no dotación de material mínimo para cumplir la responsabilidad de informar, cancelación tardía de salarios e incumplimiento en el depósito de los aportes patronales para la atención médica en la Caja Nacional de Salud.
A esta lista del oprobio hay que añadir, la constante amenaza que se realiza, directa e indirectamente, en algunos medios de comunicación, sobre la estabilidad laboral. En algunos casos, la sola existencia de uno ya es una transgresión a la línea editorial y política de la empresa periodística.
“Cuando entraste sabías a dónde te estabas metiendo”, grita el silencio de las redacciones y la mirada de los jefes y los empresarios. En semejante clima y con esas condiciones de trabajo, cómo puede el periodista concentrarse en realizar una buena redacción, si sabe que mañana puede ser despedido; está obligado a callar y soportar todo porque no hay fuentes de trabajo.
Esta condición de semiesclavitud llega al extremo de “prohibir a la familia enfermarse porque ni la Caja tenemos y menos pensar en la jubilación o el beneficio del quinquenio”.
En anteriores gestiones, la FTPLP ya denunció estos atropellos al punto de inscribir en todos sus documentos que “no hay libertad de expresión sin estabilidad laboral ni democracia alguna sin libertad de expresión y derecho a la comunicación”. Lamentablemente, y sin que exista motivo alguno, el lema fue retirado, también arbitrariamente.
Más allá de ese error, la lucha por la vigencia de los derechos laborales es también la lucha por la vigencia plena de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación; particularidades que son olvidadas por los periodistas de escritorio y, por supuesto, los empresarios de la comunicación. ¿Qué dirá ahora la Asociación Nacional de la Prensa? ¿Se quejará a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)?
No hay duda que es una buena noticia, pero el trabajo para la FTPLP no ha concluido tiene que hacer respetar los derechos de sus afiliados y hacer cumplir la normativa nacional.
Sería algo muy positivo que el “rebelde y contumaz” sea detenido hasta que deposite el dinero de sus empleados en sus correspondientes cuentas de las AFPs e inclusive pague la renta que esas sumas produjeron y de las cuales se benefició arbitrariamente cometiendo el delito de “apropiación indebida y abuso de confianza”.
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