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La Defensoría del Pueblo registró una denuncia sobre la expulsión de cuatro adolescentes en estado de gestación y dos que dieron a luz recientemente de una unidad educativa ubicada en Nor Yungas, departamento de La Paz.
Rolando Villena, Defensor del Pueblo, expresó su preocupación por esta aparición de nuevas denuncias de expulsión de adolescentes embarazadas de unidades educativas en áreas rurales.
Estas expulsiones “no solamente vulnera derechos claramente señalados en la normativa, sino que, muestra la persistencia de una visión patriarcal y discriminatoria que castiga a las mujeres por el hecho de ser madres y esto no lo podemos seguir tolerando”, aseveró.
La institución también inició la investigación correspondiente sobre estos nuevos hechos de expulsión de adolescentes para lograr la restitución de sus derechos.
El extremo, según la Defensoría, fue confirmada por el propio director del colegio donde se registró el hecho, aunque el mismo habría referido que no hubo expulsión, sino que “se les otorgó licencia por recomendación de los padres de familia y que ellas podían presentar sus trabajos escolares y cumplir con los exámenes de evaluación”.
Este argumento, a criterio del Defensor, es solo una forma velada de afectar los derechos de las adolescentes, ya que refleja un mecanismo de discriminación al intentar separar a las madres del resto de los alumnos y alumnas del establecimiento por su condición.
“Tampoco son válidas las razones que señalan que este tipo de acciones responden a la presión de la comunidad porque los derechos a la educación, a no ser discriminado y a ejercer la maternidad en condiciones de igualdad y protección, están por encima de otras consideraciones que no vienen al caso”, enfatizó Villena.
Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo, la autoridad de la unidad educativa se comprometió a dejar sin efecto esa determinación y dispuso el retorno a clases de las estudiantes afectadas.
El Defensor señaló que la decisión de suspender a las adolescentes embarazadas, se constituye en una flagrante violación a lo establecido en la Ley 548 Código Niña, Niños y Adolescentes, en la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, además de la Resolución Ministerial 001/2015 del Ministerio de Educación que, protegen los derechos de la niñez y adolescencia en Bolivia.
“Estos casos nos preocupan porque develan además otro tipo de problemas referidos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, e incluso pueden estar subyacentes hechos de violencia sexual que son constantes en algunas regiones del país, sin embargo habrá que investigarlos y de confirmarse deben ser sancionados y asumidas acciones de prevención y protección de las niñas y adolescentes”, explicó.
Asimismo, pidió al Ministerio de Educación hacer seguimiento de estos hechos que, remarcó, parecen repetirse pese a que en 2014 luego de un caso similar, las autoridades educativas asumieron el compromiso de emitir circulares a las direcciones de unidades educativas de zonas rurales para evitar que incurran en estos ilícitos.
La Representación Departamental de La Paz, por su lado, remitió notas a la Dirección Departamental de La Paz, a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación y al mismo Ministro de Educación, solicitando informes sobre las acciones que se realizan para restituir los derechos vulnerados de las seis adolescentes afectadas y las sanciones correspondientes contra el o los infractores, según una nota de prensa de la institución.
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