Un juez ordena la reserva del caso La Razón

El juez Jhonny Machicado ordenó la reserva del caso La Razón y con este recurso impidió que los implicados en la denuncia, los periodistas Claudia Benavente y Ricardo Aguilar, se refieran al tema.

“Hay una orden de reserva y no podemos emitir ninguna declaración hasta después de la declaración que acaba de ser suspendida. No puedo referirme al caso”, dijo Benavente, tras ser abordada por los medios de comunicación a la salida del despacho del fiscal Facundo Coronel.

El abogado que La Razón contrató para defender a sus dos periodistas denunciados por  la Procuraduría General del Estado por los supuestos delitos de "espionaje y revelación de secretos" en el caso de la demanda marítima boliviana, tampoco pudo ahondar en el tema a raíz de la orden judicial.

“Nos encantaría poderles explicar a detalle lo que vayamos hacer sin embargo estamos prohibidos por una orden judicial. Sin embargo, hemos presentado una excepción de incompetencia”, sostuvo el abogado  Guery Abuday.

Benavente y Aguilar se presentaron a declarar ante el fiscal Coronel acompañados de los trabajadores de este medio de comunicación, que exigieron –a través de su dirigente del sindicato René Castellón– el tratamiento del caso en el Tribunal de Imprenta y no en la vía penal.

“Este proceso no se puede ventilar en el ámbito penal, se tiene que ventilar ante los jurados de imprenta, porque los periodistas estamos bajo el fuero de la Ley de Imprenta”, aseveró Castellón.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores de La Razón explicó que el Procurador del Estado, Héctor Arce, presentó esta denuncia el 22 de abril, el 25 el fiscal asignado solicitó que se levante el secreto de la fuente y el 29 de abril el juez decidió también que se levante el secreto de fuente. 

“Pero hasta ese momento, nadie sabía nada, porque recién el 7 de mayo se comunicó a las partes afectadas, entonces este es un tema muy extraño porque se hizo de manera muy rápida, sin que nadie sepa nada”, aseveró.

Por su parte, Arce ratificó que solicitó que se investigue el caso en defensa de la demanda marítima boliviana, en el entendido de que es la obra jurídica más importante que el Estado emprendió y que nos debe unificar a todos.

“Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, reconocemos que es la base de la institución republicana y estado de derecho, pero en todos los países que entran en este tipo de litigio, hay determinados elementos que se deben guardar por el interés común”, sostuvo.

Aseguró que la Procuraduría con esta demanda no busca sancionar ni amedrentar a nadie, sólo “queremos el esclarecimiento del hecho”.  Llamó a todos los periodistas bolivianos a coadyuvar y hacer un “sacrificio” en el tema, para que no se difundan determinados elementos de la demanda marítima.