- 5267 lecturas
“Estoy entendiendo que no solamente hay un periódico pro chileno, hay dos periódicos pro chilenos. Los abogados verán que acciones van a tomar (…) mi pedido es que seamos responsables en esta tarea para poder volver al mar con soberanía”, declaró el presidente Evo Morales el 16 de abril del presente año, en alusión a una publicación del periódico paceño La Razón respecto al tema marítimo.
En ese momento, la advertencia pasó probablemente desapercibida. Seis días después, el Procurador General, Héctor Arce, presentó la demanda penal contra el periodista Ricardo Aguilar y la directora del matutino, Claudia Benavente, por los supuestos delitos de espionaje, revelación de secretos de Estado y complicidad.
El objetivo era claro, Arce quería y quiere que el periodista revele el nombre de la persona que le dio la información para elaborar el artículo en cuestión. En otras palabras se propone quebrar el principio de la reserva de fuente, garantizado en los artículos 107.II y 130.II de la Constitución Política del Estado, que avala los artículos 8 y 9 de la Ley de Imprenta, que entre otras cosas preserva garantías universales para el ejercicio del periodismo.
El juicio causó en un primer momento incredulidad entre algunos profesionales debido a que sólo días antes una investigación periodística había revelado que La Razón era un periódico paragubernamental porque es controlado por la Vicepresidencia y su propietario, el paraguayo venezolano Carlos Gill, es "chavista".
El periodista Raúl Peñaranda, autor del libro Control Remoto y exdirector de Página 7, señaló que el juicio era una tramoya “para evitar que persista el descrédito de La Razón debido a que es un diario que pertenece a la órbita del oficialismo”.
En esa misma linea, la presidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Lupe Cajías sostuvo que el juicio a La Razón era una “cortina de humo”, durante una entrevista en el programa No Mentirás de PAT.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), por su parte, recordó la vigencia del “secreto en materia de imprenta” y reclamó respeto a la libertad de expresión, según publicó El Deber.
Más adelante, el 14 de mayo, la APLP emitió un comunicado en el que apoya a los trabajadores de La Razón y rechaza “los permanentes intentos de judicializar la libertad de expresión y los intentos de hostigar a medios de comunicación acusándolos públicamente de ser ‘agentes chilenos’”.
Ese fin de semana (18/05/14), el Coordinador General de La Razón, Rubén Atahuichi respondió a Cajías y Peñaranda en el suplemento Animal Político de La Razón. Escribió : “No fue sorprendente; que los dos principales dirigentes de la Asociación de Periodistas de La Paz (Cajías, Presidenta; y Peñaranda, Vicepresidente) tengan una llamativa animadversión con La Razón, a pesar del momento delicado que pasa el diario y los periodistas en general”.
El proceso
En medio de todo este contexto, el juicio prosiguió. Tanto el periodista Ricardo Aguilar (autor del reportaje observado por el Gobierno) como la directora de La Razón, Claudia Benavente, fueron notificados recién el 7 de mayo que habían sido denunciados por el Procurador General.
Al día siguiente, la Procuradoría informó que el juez 11° de Instrucción en lo Penal, Jhonny Machicado, había ordenado a Aguilar revelar su fuente.
Al respecto, Arce argumentó: “nosotros sólo hemos presentado una solicitud (de revelar quién filtró información a los periodistas) y son los órganos competentes los que tienen que actuar. Aquí no se ha forzado ningún procedimiento, pero lo que sí todos tenemos que pensar es en el interés mayor", de acuerdo a El Deber.
El 9 de mayo, Benavente y Aguilar se presentaron en juzgados. Sin embargo, no declararon ante los medios porque Machicado había ordenado la reserva del caso, pero su abogado Guery Abuday señaló que el matutino presentó un recurso de excepción de incompetencia.
El 24 de mayo, se supo que el Presidente había firmado un Decreto Supremo que ordena la “reserva” de cualquier gestión referida a la demanda marítima.
El 28 de mayo se conoció que el juez Machicado había rechazado el recurso de excepción de incompetencia, presentado por el abogado Abuday.
Eso disparó los reclamos de los periodistas del medio paceño, quienes salieron al día siguiente a realizar un “plantón” en plaza Murillo para denunciar que Machicado había tomado sus determinaciones sin respetar el debido proceso.
Tras estos hechos periodistas de La Razón y otros medios de comunicación convocaron a sus colegas a una marcha para este miércoles 4 de junio con el fin de proteger los principios consagrados en la CPE y la Ley de Imprenta.
El periodista Grégory Beltrán, en su cuenta de facebook, llamó a la movilización de este miércoles con las siguientes demandas: 1. Contra los autores de la decisión de quebrar el secreto de fuente; 2. Por la defensa de nuestros derechos laborales, y 3. Contra las organizaciones (de prensa) que no nos defienden.
- 5267 lecturas
