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El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que el 78 de los privados de libertad en los 64 centros penitenciarios de Bolivia, está constituido por detenidos preventivos, pese a que se aplicaron varias iniciativas para reducir esta realidad.
“Tenemos 64 centros en el país, 13 mil internos, (de ellos) un 78% con detención preventiva y un 22% sentenciados”, detalló.
El 2014, según una publicación de Página Siete, Bolivia tenía el 83% de encarcelados con detención preventiva.
Romero agregó que este tema está vinculado al sistema de justicia, porque un problema que hay en la región, en Latino América en general, es que la retardación de los procesos se expresa en el hacinamiento en las cárceles.
“La gente que por no tener posibilidades de acceder a la justicia, de forma objetiva y tangible, o por no tener a veces (dinero) para contratar abogados, aparece siendo al final como la víctima de la retardación de justicia”, sostuvo.
En el caso específico de Bolivia –según el Ministro– el problema es mucho más drástico, porque el promedio de detenidos preventivos que hay en la región.
Esto pasa pese “a que hemos venido aplicando, un conjunto de medidas de indulto y amnistía, que han sido significativas”, pero no suficientes, reconoció.
Dijo que sumando las cuatro iniciativas de indulto y amnistía, casi un tercio de la población penitenciaria del país se benefició.
“Esa es una iniciativa humanista y necesaria, pero insuficiente, porque así como hemos tenido estas iniciativas para bajar la presión del hacinamiento y las víctimas de la retardación de justicia, o de los sentenciados por delitos menores, en contrapartida tenemos una suerte de dispersión normativa”, remarcó.
Advirtió que el agotamiento del sistema de justicia en Bolivia, no sólo tiene que ver con la crisis de sus instituciones, sino con su normativa en muchas materias.
“Entonces este agotamiento fue respondido por varias leyes parciales en este último tiempo y eso ha dispersado la legislación”, apuntó.
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