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Tras el censo carcelario nacional realizado la semana pasada, el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta, mostró su preocupación por más de 60 casos de graves violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad en el sistema penitenciario.
“Se han logrado identificar alrededor de 60 casos verdaderamente graves, verdaderamente terribles, de violación de derechos de las personas privadas de libertad, que en las próximas horas deberían recibir atención inmediata de diferentes instituciones del Estado”, manifestó el Ministro de Justicia en una rueda de prensa de evaluación preliminar del censo carcelario, junto a dos de los viceministros de su cartera.
El ministro y también abogado, escogió algunos de estos casos hallados en los penales del país y dio una breve descripción al respecto, la que se resume a continuación, usando palabras del propio Arce:
San Pedro (La Paz):
-El caso de un adulto mayor que está detenido más tiempo de su condena porque no se ha contabilizado el tiempo de su detención domiciliaria.
-El caso de una persona que está detenida seis meses adicionales a su condena por un delito menor.
-El caso de una persona adulta mayor con discapacidad visual que no debiera estar detenida.
San Sebastián (Cochabamba),
-El caso de una persona privada de libertad, con problemas de esquizofrenia y salud mental que no ha recibido el tratamiento especial que requería. Solo está detenido por un delito menor.
Palmasola (Santa Cruz)
-El caso de un convicto que por robo simple está encarcelado 6 años y 8 meses, y que ya ha excedido la pena máxima y está sin sentencia.
- El caso de un reo que está detenido 1 año y seis meses por el hurto de una botella de licor, que ya superó la pena máxima y sigue en el penal.
-Otro caso de persona sentenciada por robo simple, cumplió su condena y sigue en prisión.
Evaluación preliminar del censo carcelario
Así también, el dignatario de Estado confirmó que el departamento de Santa Cruz es el que cuenta con mayor población carcelaria con un total de 6.739 privados de libertad. El segundo lugar lo ocupa el departamento de La Paz con 4.153 presidiarios y el tercer puesto el departamento de Cochabamba con 2.735 convictos, según enumeró Arce Zaconeta.
“El estado de una sociedad se lo puede medir por el estado de sus cárceles”, sentenció el representante del Ejecutivo en la cartera de Justicia al mismo tiempo que citaba a un tratadista italiano del derecho criminal del cual no mencionó el nombre.
El letrado reportó que se inspeccionaron 52 penales del país y participaron del registro estadístico alrededor de 1.507 censistas, en su mayoría estudiantes de las carreras de Derecho y Ciencias Políticas de distintas universidades.
El funcionario también ponderó la “labor conjunta entre diferentes órganos e instituciones del Estado”, entre las que participaron además del propio Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia, el Órgano Electoral Plurinacional, la Dirección General de Régimen Penitenciario, el Instituto Nacional de Estadística, la Defensoría del Pueblo, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información, el Servicio General de Identificación Personal, el Servicio de Registro Cívico y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
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