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Desmayos, hospitalizaciones y acusaciones cruzadas marcan el juicio de responsabilidades en contra los magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en el Senado. La salud de dos de las tres autoridades procesadas empeoró, lo que obligó a constantes postergaciones de la audiencia, mientras que oficialistas denunciaron “chicanas”.
Esta mañana, el Tribunal del Senado decidió declarar rebelde a Gualberto Cusi y ordenar su aprehensión. Mientras tanto, el magistrado está hospitalizado en el hospital de la Caja Petrolera de Salud.
Luego, la magistrada Ligia Velásquez se descompuso. Una doctora del Senado la revisó e informó al Tribunal que los signos vitales de la autoridad suspendida estaban “inestables” y recomendó someterla a observación. Ese informe médico motivó que los senadores decidan declarar receso en el juicio hasta mañana.
Este año, antes de su suspensión, Cusi ya estuvo internado en la CPS y fue sometido a quirófano. Internado, fue visitado por Comité del Ministerio Público que intentaba notificarlo con la demanda en su contra.
Estuvo ausente de su labor en el TCP tanto tiempo que sus colegas decidieron habilitar a su suplente. A su regreso, denunció que le habían cambiado su personal.
Una vez suspendido, Cusi denunció que en la CPS le negaron atención y medicamentos. El Vicepresidente aclaró ayer que el seguro todavía lo cubría y ese mismo día fue internado en el hospital de la Caja Petrolera.
La directora de este nosocomio, María Teresa Bilbao, indicó que Cusi no puede asistir al Senado por su estado de salud. Señaló que el magistrado sufrió una descompensación por una enfermedad crónica y que su seguro lo cubre hasta el 31 de diciembre.
Ligia Velásquez, por su parte, sufrió un desmayo antes del inicio del juicio de responsabilidades en contra suya y de Chanez el 21 de octubre. Subía las gradas hacia las oficinas del Senado y se desvaneció. Fue trasladada entonces a la Clínica Aranda.
Ella reveló que sufre diabetes e hipertensión arterial.
De parte del oficialismo, Álvaro García Linera pidió una sanción ejemplar para los magistrados procesados y el diputado que ejerce como representante del Ministerio Público en este caso, Juan Carlos Cejas, pidió que el Tribunal del Senado dicte 10 años de prisión.
Entretanto, Cusi anunció que tenía 300 testigos para presentarlos en el proceso y el abogado Eduardo León, defensor de la tercera magistrada procesada Soraida Chanez, anunció una demanda por 10 millones de dólares contra el Estado boliviano en caso de que su defendida sea condenada.
Sin embargo, poco antes de que comience el juicio a los tres magistrados, García anunció el cambió de la Ley de juzgamiento a altas autoridades y el Legislativo la aprobó. Según esta modificación, el Senado ya no tiene la potestad de dictar una condena penal (prisión) y sólo puede destituir a las autoridades judiciales.
El Vicepresidente también pidió a los abogados de este caso que no recurran a “chicanas” jurídicas para retardar el caso. Antes, Cejas pidió a Cusi que sea un “ejemplo” y se someta al proceso sin recurrir a esas artimañas.
A pesar de las observaciones, el juicio fue iniciado hoy. El abogado León identificó irregularidades que de este acto procesal: la no notificación a los testigos, la ausencia de la magistrada Velásquez y la imposición de abogados de oficio.
Asimismo, Tomasa Yarhui, excandidata la Vicepresidencia opositora que asumió la defensa de Cusi, anunció la presentación de una acción de libertad contra la declaratoria de rebeldía en contra del magistrado.
“Están acabando a todos los indígenas que se oponen a este Gobierno”, agregó.
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