Comunarios entregaron el 10% de proyectos a sus dirigentes

Héctor Castellón, abogado del exdirector ejecutivo del Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc) Marco Aramayo, dijo a ERBOL que algunas comunidades indígenas que se beneficiaron con los proyectos de esta institución en proceso de liquidación entregaron a sus dirigentes hasta el 10% del monto total de las obras.

“Se ha dicho, se ha establecido de que muchos de los dirigentes y muchos de los palos blancos (...) han extorsionado de cierta manera o han engañado a la gente. Hay comunidades indígenas que tenían un desconocimiento (...) y dentro de la buena fe que tienen (...) han creído en sus dirigentes y han entregado montos de dinero que llegaban hasta el 10% del monto total del proyecto”, afirmó.

El abogado incluso habló de una cifra global estimada que se habría manejado de ese modo. “Son 1.300 millones de bolivianos, (entonces) el 10% ya se imaginarán”, sostuvo.

Asimismo dejó entrever que parte de ese 10% podría haber llegado a algunos miembros del Directorio del Fondo Indígena, teniendo en cuenta que ellos designaban a sus técnicos.

Para esclarecer estas presunciones, Castellón pidió al Ministerio Público convocar a unas 4.400 personas que supuestamente tuvieron un conocimiento más claro del manejo de los dineros destinados para proyectos del Fondo.  

“Exigimos al Ministerio Público hacer caso (a nuestro pedido y convocar a esas) 4.400 personas, nosotros conseguimos sus nombres revisando los convenios y ahí están firmando las cuatro personas (de cada proyecto, es decir) el representante legal, representante de la ejecución de proyectos, control social y el administrador de proyecto. Son las cuatro personas naturales de cada uno de los proyectos”, sostuvo.

El proceso para obtener un desembolso

El abogado también explicó todo el proceso que los comunarios seguían para lograr la aprobación de un proyecto del Fondo Indígena, pero inicialmente aclaró que ningún proyecto se viabilizaba sin el aval correspondiente de cualquiera de las organizaciones que formaban el Directorio.

“Sino había aval, no había proyecto, así de simple. Pero al margen del aval, en el Fondo Indígena, (una vez que llegaba un proyecto se transfería el mismo) a la Unidad de Proyectos, que veía la ingeniería del proyecto, el diseño final del mismo”, explicó.

De ahí, el proyecto pasaba a la Unidad Administrativa Financiera para determinar si la partida presupuestaria correspondía. Luego pasaba a la Unidad Jurídica, donde se revisaba si estaba de acuerdo al decreto de creación del Fondo y a la política gubernamental respecto al desarrollo del país como tal.

“En base a esos informes, recién el Director Administrativo hacía la solitud de resolución ministerial, porque ya se había verificado técnicamente la existencia del proyecto, su factibilidad, su coherencia, la partida presupuestaria y él con esos informes derivaba al Ministerio (de Desarrollo Rural), donde el Ministerio también pasaba por sus unidades: Unidad de Análisis, Unidad Administrativa Financiera, Jurídica y ahí hacían la resolución ministerial y sólo con esa resolución ministerial se firmaba el convenio”, detalló.

Acotó que además de ese convenio, se mandaba la documentación al viceministerio de Inversión Pública y de ahí pasaba al Ministerio de Economía, donde también revisaba todos los  elementos citados.

“Luego ya se daba la autorización para el desembolso para las comunidades”, apuntó.