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Bolivia busca mejorar la gobernabilidad y capacidad financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres con un préstamo de 142.5 millones de dólares aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según un informe de la entidad.
El préstamo consiste en 114 millones de dólares provenientes del Capital Ordinario con un periodo de gracia de seis años y 28.5 millones de dólares del Fondo de Operaciones Especiales con un periodo de gracia por 40 años.
Bolivia es uno de los países más vulnerables a desastres naturales en la región andina. Entre 2013 y 2014, las inundaciones dejaron más de 400.000 afectados y daños estimados en 1,3 por ciento del PIB. Durante el período 1970-2012, Bolivia sufrió más de cuatro mil desastres que causaron 2.357 muertes y dejaron por encima de 2 millones de personas damnificadas.
Según el BID, cuando estas pérdidas suceden, el Gobierno se ve obligado a reorientar recursos de inversión pública para atender las emergencias. Esto aumenta la brecha de acceso a la infraestructura entre la población de altos y bajos recursos, limitando el acceso a servicios básicos y creando más cuellos de botella en los mercados e incrementando los costos transaccionales.
El cambio intensivo en el uso de la tierra, especialmente relacionado con el crecimiento urbano acelerado, el desarrollo de infraestructura en zonas de riesgo y la degradación ambiental de cuencas hidrográficas están contribuyendo a una situación de creciente exposición física y vulnerabilidad de la población más pobre, que suele vivir en asentamientos informales ubicados en áreas expuestas a eventos naturales, tales como deslizamientos e inundaciones.
Esta es la primera de dos operaciones de un programa de créditos programáticos basados en políticas. Estos préstamos proporcionan recursos a los gobiernos para financiar programas prioritarios y sus desembolsos se realizan luego de lograrse metas convenidas entre el BID y el país prestatario.
El proyecto permitirá establecer un sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, donde la prevención basada en un adecuado análisis de riesgos se convierta en el elemento central de la política pública.
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