Fuente: EUROPA PRESS

El Tribunal Supremo de Chile ha ordenado este lunes ampliar de nuevo los delitos por los que fue extraditado el expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) en septiembre de 2007, en relación con cinco casos ligados a graves violaciones de Derechos Humanos, entre los que se incluyen las esterilizaciones forzadas cometidas durante su Gobierno.

La jueza instructora, Andrea Muñoz, ha considerado que "los elementos de convicción analizados permiten concluir que existen a lo menos presunciones fundadas o indicios razonables" de que el exmandatario "impulsó una agresiva política de Planificación Familiar que tenía por objeto aplicar preferentemente y de manera masiva un sistema de anticoncepción quirúrgica respecto de mujeres de estratos socioeconómicos bajos, de zonas rurales, o urbano marginales y de pueblos indígenas".

Esta medida se hizo a través de "la imposición de metas, cuotas de captación de pacientes, incentivos y sanciones a funcionarios de la salud, que se tradujo en prácticas que pasaron por alto el debido consentimiento informado de quienes eran sometidas a dicha técnica invasiva, las condiciones de salud e infraestructura en que se llevaban a cabo y el seguimiento pos operatorio, privilegiando espacios inseguros en el contexto" de las campañas que "proliferaron a lo largo del país".

Muñoz ha señalado que como consecuencia "hubo un número elevado de mujeres que perdieron de manera permanente y, en forma no voluntaria, su capacidad reproductiva, sufriendo además muchas de ellas otras lesiones en su integridad física o síquica, llegando en algunos casos incluso a la muerte", según reza el fallo, que recoge que el objetivo de Fujimori era elevar el crecimiento económico del país y disminuir la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad".

Otros cuatro casos

Además de las esterilizaciones forzadas, el Supremo de Chile ha agregado que también hay otras flagrantes violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad imprescriptibles desde el punto de vista penal como el secuestro y homicidio de seis miembros de la familia Ventocilla (1992), las ejecuciones extrajudiciales en la masacre del penal Castro Castro (1992) y los homicidios en el rescate de rehenes en la Embajada de Japón en Lima (1997).

"En consecuencia y, asumiendo que en todos los casos descritos precedentemente, se trata de conductas intolerables, que no pueden permanecer en la impunidad, sino que deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas, sin que importe o sea un impedimento el tiempo en que se hayan cometido, a lo que debe contribuir la cooperación internacional", ha indicado.

Con esta medida, el Poder Judicial chileno ha dispuesto acceder a las solicitudes formuladas por la Embajada peruana en Santiago de Chile en septiembre de 2021, con el fin de que Fujimori pueda afrontar los respectivos procesos penales referidos a nivel nacional.

Sin embargo, la jueza ha rechazado las restantes solicitudes de ampliación de extradición formuladas por Perú, que incluían el suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir violación de soberanía de un Estado extranjero, falsedad genérica y conspiración, por no encontrarse jusitificada su participación en los hechos. Tampoco por asociación ilícita para delinquir y peculado, al encontrarse prescritas las acciones. Así como la revelación de secreto de interés nacional en agravio del Estado por no configurar los hechos denunciado el tipo penal investigado.