Los senadores republicanos Lindsey Graham y Marco Rubio presentaron un proyecto de resolución bipartidista y bicameral ante el Senado de EEUU para instar a la administración de Joe Biden a condenar cualquier fraude en las elecciones venezolanas y a imponer sanciones adicionales a Maduro y a sus cómplices para evitar que se beneficien de actividades ilegales y corruptas.

Ambos senadores son conocidos por sus posturas políticas conservadoras y aseguran que la presentación conjunta de la resolución por parte de Graham y Rubio refleja la unidad dentro del Partido Republicano en relación con la condena al régimen de Nicolás Maduro.

El proyecto pide se cumpla el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, también conocido como el "Acuerdo de Barbados" para garantizar a la oposición elecciones limpias y transparentes y que se permita a todos los candidatos de la oposición, incluido Edmundo González Urrutia, registrarse en la boleta.

Si bien los demócratas tienen mínimo control del Senado, la unidad de los republicanos podría ayudar al tratamiento urgente, dado que las elecciones en Venezuela se realizarán el próximo 28 de julio, además que buscaría frenar la ola de inhabilitaciones de alcaldes antichavistas con el fin de promover el abstencionismo.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga es uno de los actores que abogan por la aprobación de esta resolución en el Senado, y celebró el cumplimiento de esta gestión legislativa con el fin de asegurar que el régimen de Nicolás Maduro acepte los resultados de las elecciones generales y se cumpla el Acuerdo de Barbados.

Ante la posibilidad de prácticas fraudulentas o un eventual desconocimiento de Maduro al triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia, plantean aplicar sanciones adicionales que podrían influir en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela y en las posibles medidas que se tomen para abordar la crisis política y humanitaria en el país sudamericano, señala el documento.

La mención de una crisis humanitaria en Venezuela se debe a la situación compleja que enfrenta el país, caracterizada por escasez de alimentos, medicinas, servicios básicos, inflación descontrolada, violencia y violaciones de derechos humanos. Esta crisis ha llevado a una migración masiva de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida en otros países. Organizaciones internacionales y gobiernos han reconocido la crisis humanitaria en Venezuela y han instado a tomar medidas para abordarla y brindar asistencia a la población afectada.

Estados Unidos ha aplicado sanciones a Venezuela porque el régimen de Maduro incurrió en "malversación de fondos" o "apropiación indebida" de miles de millones de dólares del pueblo venezolano, incluida la extracción ilícita de oro del Banco Central de Venezuela. Además, emitió órdenes ejecutivas para bloquear propiedades y suspender la entrada de personas involucradas en corrupción pública, violaciones de derechos humanos y persecución de opositores políticos.

Hasta ahora rige la prohibición al Gobierno de Venezuela de acceder a los mercados financieros de Estados Unidos, se prohíbe realizar transacciones con la emisión de cualquier moneda digital venezolana, y transacciones relacionadas con la compra de deuda venezolana.

Se congelaron los activos del gobierno de Maduro en Estados Unidos, se bloquearon propiedades, se impusieron restricciones de visa y sanciones financieras a personas no estadounidenses que asisten al gobierno de Maduro, y se impusieron sanciones bajo la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado para bloquear la asistencia a personas que apoyan al gobierno de Maduro.