Trata y tráfico de personas

Seguridad
Melania Torrico, directora general del Ministerio de Gobierno, informó que gracias a unas cámaras de vigilancia instaladas en Bermejo se logró identificar a una mujer que se dedicaba a captar personas para llevarlas luego a su finca en Jujuy, Argentina.
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Efectivos de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la Policía de Bolivia rescataron a una menor de edad, que era trasladada a la República Argentina, según un informe preliminar desde Bermejo.
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En el país existen redes internacionales de trata y tráfico de personas y el 90 por ciento de las víctimas son mujeres, cuyas edades oscilan entre 12 a 24 años, informó la directora General de Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno, Melani Torrico.

LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA Y LA INDIFERENCIA SOCIAL

Drina Ergueta

En Bolivia hay gente secuestrada, hay mujeres jóvenes esclavizadas sexualmente. La sociedad mira para otro lado, se ocupa de otros asuntos, algunos, desde mi punto de vista, de dudosa importancia.

De las víctimas de trata sólo se acuerdan sus familiares y seres queridos que deambulan, seguramente entre la desesperación y el cansancio, de un escritorio a otro preguntando y distribuyendo el dinero que puedan conseguir para ver si así hay respuestas, generalmente sin éxito.

En Bolivia se han logrado grandes reformas y muchas veces éstas han costado sangre. En la historia están registradas revoluciones y revueltas contra discriminaciones y órdenes injustos, de las que no siempre hubo resultados positivos para los levantados, pero se dio batalla. También está la “revolución democrática y pacífica”, como agrada llamar a quien la apoya, que ha dado paso al actual proceso de cambio.

Es así que cuando aquí, donde ahora me encuentro, en Europa, veo situaciones de injusticia o demanda social constantemente irresueltas, pienso y suelo decir: “esto en Bolivia ya lo habrían solucionado con movilizaciones”. Son cosas de la añoranza y amores patrios que seguramente me asaltan.

Actualmente en Bolivia a menudo desaparecen adolescentes, la mayoría mujeres pero también hay hombres, y poco o nada se hace. La Policía conocida y reconocida por las mismas autoridades por ineficiente y presuntamente plagada de redes de corrupción y con recursos mínimos no logra prácticamente ningún resultado.

Son los padres y madres, familiares próximos, quienes hacen gran parte del trabajo de investigación, quienes siguen las huellas, van y vienen sin lograr respuestas, ni pistas ni encuentros. Esta búsqueda a veces dura años, otras toda la vida.

Pocos casos salen a la luz pública, generalmente gracias a que han logrado llamar la atención de los medios, ya sea porque se trata de personas con cierto prestigio, es el caso de la desaparición de Zarlet Clavijo, o porque en la búsqueda pasa algo extraordinario: es el caso de Víctor Quispe que hace un año recorría los prostíbulos de tres ciudades en busca de su hija Alejandra, de 12 años; o el último caso, en el que una madre afirma haber rescatado a su hija sola y sin ayuda porque el policía a cargo estaba en sus días libres.

Durante la búsqueda el apoyo es mínimo, todo depende de cuándo dinero haya “para los pasajes”, “para su salteña” y otros gastos acelerantes del proceso; los medios de comunicación publican algo sólo si consideran que hay relevancia noticiosa, y no siempre la encuentran en un caso aislado; las redes sociales son espacios activos, pero, como todas la redes, son círculos de mayor o menor influencia, y el acceso a internet en Bolivia no llega al 50% y está concentrado en las clases sociales más favorecidas.

Cuando se rescata a una víctima y si el hecho pone en compromiso a la función policial, cuando devela redes de trata con fines de explotación sexual y lugares donde ocurren, cuando ese negocio ilegal corre riesgo, es previsible que surjan respuestas que van contra quien denuncia. A las víctimas muchas veces se les roba también el honor de su palabra, su credibilidad.

La denuncia de la adolescente que habría sido prostituida en Rurrenabaque ha sido puesta en duda, tanto como su rapto y su esclavitud sexual. Se duda de su historia, de que fuera llevada con otras seis chicas, que mataran a una degollándola, que las prostituyeran hasta seis veces por noche, que los prostituyentes fueran personas mayores, que algunas escaparan antes de que se las llevaran para Argentina y que ella sea la única que lograra contactarse con su familia. No sé si estoy anticuada, pero me parece que es mucha información para ser inventada por una chica de 14 años.

Las víctimas y sus seres queridos son, al parecer, gente ajena al resto de una sociedad que mira a otro lado atenta a otras cuestiones, generalmente festivas y ahora electorales.

Esa añoranza patria de protestas por justicias sociales se topa de bruces con una sociedad que actualmente se moviliza por razones desconcertantes, como la marcha contra el cambio de horario del programa televisivo Los Simpson; por razones cuestionables, como la campaña on line que cerró la cuenta del facebook a un músico crítico con la representación boliviana en un concurso; por razones inaceptables que terminan en delito, como la lapidación de un dirigente que denunció actos de corrupción.

Además de las esclavas sexuales y sus familias, cada día hay noticias de violencia contra la mujer, contra niñas y niños, feminicidios, infanticidios y violaciones, además de otras barbaridades. En su mayoría, se trata de casos en los que las víctimas son mujeres y son olvidadas. Todas son personas solas y anónimas, sin respaldo social organizado y mínimo apoyo institucional y mediático. Necesitan ayuda y les estamos fallando, falla la sociedad y quienes la dirigen.

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Y EL CULPABLE ES… ¡LA VÍCTIMA!

Drina Ergueta

La búsqueda de la desaparecida Pamela Álvarez tuvo la suerte, que suele ir bien agarrada de eso que es tener relaciones sociales, de que muchas personas se volcaron en su búsqueda por calles, redes sociales y medios de comunicación; y su aparición tuvo la desgracia de que, al parecer, quien colaboró en la pesquisa de su paradero pidió respuestas de dónde estuvo y qué pasó.

En las mismas redes sociales que difundían su desaparición, luego había comentarios como: “Y ahora dice que no se acuerda”. Algunos de los artículos más leídos de los diarios en esos días fueron los que reprodujeron las declaraciones del fiscal José Ponce que, refiriéndose a ella, decía: "Se muestra reticente al señalar algunos aspectos del secuestro o trata que habría sufrido. Dice que no recuerda nada”. 

Álvarez desapareció un sábado luego de subirse a un taxi, había llamado a su madre diciéndole que la espere y pague la carrera al taxista. Allí en la puerta se quedó la mujer, con el dinero en la mano y la angustia de la hija que no llega ¡Dios mío, no llega! Cuando alguien querido desaparece sólo puedes imaginar el horror a toda hora.

La encontraron tres días después, la habían dejado en El Alto, en la carretera hacia Copacabana. Una familia humilde la acogió y protegió, no permitió que fuera la Policía quien se la llevará, ojo, sólo la entregaron a su familia.

Se dijo entonces que la presión y movilización social hizo que los secuestradores optaran por dejarla y no llevársela fuera del país. Luego todo se puso en duda porque ella no relató lo ocurrido. “Obstaculizan la investigación y no permiten que se esclarezca”, se quejó el Fiscal.

En algunos países se ha creado protocolos de actuación en sucesos en los que una persona ha sufrido una situación crítica, más si ha sido por un tiempo prolongado. En casos de trata con fines de explotación sexual, en España, por ejemplo, las organizaciones que trabajan contra esta lacra social y para respaldar a las víctimas, han logrado que haya un “periodo de restablecimiento y reflexión” de 30 días, o más, para que la damnificada decida denunciar.

Se entiende que una víctima rescatada no está en condiciones de acusar a nadie, que está vulnerable, temerosa, psíquica y físicamente afectada. 

Aún así, se afirma que las condiciones en que se atiende a una víctima no son las correctas, no existe un personal policial ni judicial calificado o especializado, con la sensibilidad y conocimiento suficiente, ni los espacios donde se prestan declaraciones son los ideales. Prestar declaración delante de un escritorio, en medio de todo, sin resguardo de la intimidad, para explicar los abusos sufridos, no es fácil.

Por otra parte, en casos de mujeres prostituidas y sometidas a amenazas, contra ellas o sus familias, la confianza en las autoridades es vital para que denuncien. No siempre es así y además, muchas veces, en ese trato son criminalizadas y culpabilizadas.

En una sociedad machista, la víctima también toma en cuenta el qué dirán. La mujer suele ser culpabilizada por “provocar”, “no hacerse respetar” o “vestir de esa manera”; en cambio, el varón siempre es justificado: “es hombre”, se dice y con eso ya está dicho todo porque “no puede contenerse”, “es natural en ellos” o “es temperamental”.  Si la mujer estaba bebida, tiene mayor culpa; si el hombre era el borracho, tiene menos responsabilidad, ¿pero qué lógica es esa?

No se sabe qué pasó con Pamela Álvarez y tenemos, lo sabemos, una Policía que no es la ideal, sin recursos y con un historial de casos de corrupción conocidos. Tanto es así que el “sentido común” de la familia alteña que la encontró hizo que sólo permitiera que la joven sea recogida por sus parientes.

La amenaza y el consiguiente miedo son previsibles en un caso de secuestro o trata. Frente a un sistema de justicia conocido como deficiente, una víctima puede no sentirse segura y sospechar que su caso no tendrá un final resarcitorio. 

En suma, la víctima tiene todas las de perder y seguramente tiene derecho a resguardarse.

Por otra parte, al parecer, la única basa que tiene la Fiscalía para seguir la investigación es lo que declare la víctima. ¿No hay más? Ella no colabora, puede que todo sea mentira, se dice y se entiende que no se puede hacer nada. Con el “sentido común” de la familia alteña, alguno puede pensar: mejor, no vaya a ser que buscando se encuentre a quien no conviene.

Como en la puerta están, en montón, los periodistas que preguntan, mientras no haya nada mejor, lo más conveniente, seguramente, es culpabilizar a la víctima.

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Un sujeto ofrecía el servicio sexual de 25 menores que presuntamente fueron captadas por la red social Facebook. Ahora esta persona se encuentra aprehendida junto a uno de sus clientes de 27 años, que fue sorprendido en un alojamiento con una adolescente de 16.
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El Tribunal de Sentencia de Uncía, Norte Potosí, condenó a 10 años de prisión a cuatro mujeres y dos años para un varón, en un caso de trata y tráfico de una niña, según Radio Pío XII de Erbol.
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El sospechoso señaló que traslada a algunos niños del internado de Sacaca hacia otro centro de acogida de Oruro; situación que no tiene el consentimiento de los padres de los afectados, informó radio Pío XII de Erbol.
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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto desbarató en las últimas horas una banda criminales que se dedicaba a la trata y tráfico de personas en la urbe alteña. En el operativo se capturó a cinco personas y se rescató a cinco menores de edad.
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El Consejo Departamental Contra la Trata y Tráfico de Santa Cruz se reunió con otras entidades para elaborar el reglamento de la norma regional, que permitirá el funcionamiento de la instancia preventiva.

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