Pacto fiscal

Es importante analizar el escenario en el que se inicia el proceso de un posible Pacto Fiscal, para gestionar y generar atmosferas de diálogo y confianza que permitan exactamente eso: un pacto, que no es otra cosa que la concertación política y social sobre todos los aspectos fiscales y no únicamente la distribución de recursos.

El contexto político, se caracteriza por el control que ejerce el partido de Gobierno, sobre casi la totalidad de los poderes del Estado y la gran mayoría de los gobiernos sub nacionales. En contraposición, las otras fuerzas políticas, como ya es costumbre, actúan en base a la improvisación y una débil consistencia técnica.

En lo social, las organizaciones con más tradición y capacidad de movilización, están cooptadas por el partido en función de gobierno, por lo que su rol estará supeditado a las necesidades del aparato oficialista. En cuanto a los indicadores de desarrollo social (salud, educación, vivienda, etc.), siguen por debajo de la media regional, situación inaceptable tomando en cuenta la inédita cantidad de recursos que hemos recibido los últimos diez años, producto de los altos precios del petróleo y los minerales y los pobres resultados alcanzados por los gobiernos municipales, departamentales y central.

En lo económico, el Ministerio del área, presenta indicadores de crecimiento, lo que favorece y fortalece las posiciones del nivel central. Sin embargo, se comienzan a avizorar los primeros síntomas del fin de la bonanza, expresados en el déficit de la gestión 2014 y las medidas de liberación de la economía tomadas como la eliminación del subsidio a la harina y la búsqueda de mayores recaudaciones tributarias. Esta realidad acompaña el frustrado discurso de industrialización que deja al país tal cual lo encontró el “Proceso de Cambio”: extractivista y dependiente de los recursos naturales.

Institucionalmente, los gobiernos subnacionales se encuentran sometidos al nivel central, a través de leyes nacionales que han estrangulado la posibilidad de una gestión autónoma en gobernaciones y alcaldías. Además de esto, el entramado administrativo, responde a normas promulgadas hace más de 20 años, respondiendo por tanto a un modelo de Estado centralista y neoliberal, y no el Estado plurinacional, autonómico, social, democrático y comunitario que delineó la nueva Constitución.

Otro de los factores negativos que hace a la administración pública, es el inexistente sistema de planificación que debilita las capacidades para el desarrollo de nuestro país. A lo anterior se suman sistemas de administración y control estatales obsoletos e ineficientes que se convierten en trabas para la inversión y espada de Damocles para los gestores públicos.

En este contexto, autoridades que ya estaban de salida, han conformado el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), dirigido por el Presidente, el Vicepresidente y cuatro ministros. En el Consejo destaca la falta de proporcionalidad en la representación de los gobiernos subnacionales. Por un lado, casi la totalidad de las autonomías indígenas están presentes, la única autonomía regional y nueve de las nueve gobernaciones también, pero apenas cinco son los municipios que participan de este Consejo, dejando de lado a otros 334 que conforman el país.

Este es el escenario en el que habrá que construir el clima de diálogo y confianza que señalamos al inicio. Menuda tarea que tendrán que encarar las autoridades políticas si realmente existe la voluntad de lograr un pacto.

Si la concertación es posible, debemos cambiar la realidad fiscal, corrigiendo la “hipertrofia”  estatal que concentra los recursos en el nivel central y distribuye inequitativamente los mismos en las regiones.

Mejoraremos los mecanismos de planificación, administración y control de los recursos, además de hacer más equitativa la carga impositiva ampliando la base tributaria. En conclusión, las bases de un país más justo, autonómico y moderno, debieran ser resultado del difícil proceso del Pacto Fiscal.