Pacto fiscal

Hace nueve meses atrás que fueron oficializados los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, y desde entonces, el Gobierno Nacional no se ha tomado la molestia de cumplir las disposiciones normativas que aprobó con relación al pacto fiscal, pacto que resulta imprescindible para consolidar el proceso autonómico en Bolivia; al contrario, lo que viene realizando es centralizar más aún el curso de la administración estatal, vulnerado lo que manda la Constitución Política del Estado.

Peor aún, resulta el accionar cómplice de los gobiernos autónomos departamentales y municipales, salvo rara excepción, que no se han dignado en exigir al nivel central del Estado la concreción del nuevo pacto fiscal; esto, tal vez, porque la mayoría de esos gobiernos intermedios o subnacionales estén, circunstancialmente, administrados por militantes del Movimiento Al Socialismo, o por serviles al oficialismo.

Ahora bien. El Servicio Estatal de Autonomías dependiente del Ministerio de Autonomías debería ser el responsable de iniciar, proseguir y concluir el proceso de negociación para alcanzar el pacto fiscal, sin embargo, queda a la vista que el Gobierno no tiene la voluntad y menos la decisión política de compartir los recursos y el poder con las regiones y municipios.     Un pacto fiscal no es misión imposible cuando se tiene un Gobierno serio, responsabley capaz de enfrentar los retos y sobrellevar las presiones regionales y políticas, aun así sea un año electoral, porque un pacto de esa naturaleza que, en los hechos, es la redistribución de los recursos que genera el pueblo boliviano, no puede ser un pacto de ineficientes burócratas y neoliberales que están administrando el Estado, sino que debe ser un pacto en el marco del pregonado proceso de cambio y de la revolución democrática y cultural, acatando lo que señala la norma fundamental del ordenamiento jurídico boliviano.

Hasta la fecha, ninguna Entidad Territorial Autónoma –ETA- parece haberse animado a acudir a la justicia constitucional para plantear el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, y resultaría comprensible, porque como anoto en líneas precedentes, ocho de la nueve Gobernaciones y más de 300 municipios están en bajo control del oficialismo, sea por militantes o por adscritos al MAS, como es el caso de Quillacollo, el último transfugio vergonzoso del que los vecinos de la tierra de la Integración Nacional se sienten desilusionados y traicionados por el actual Alcalde, que tiene el tupé de colocar en sus mensajes “por decisión del pueblo”.

Amén de lo apuntado, lo lamentable es que los ejecutivos y legislativos de los Municipios de Nuestra Señora de La Paz, Sucre o Trinidad controlada por la oposición no asumen posiciones concretas con relación al pacto fiscal y, en el caso deSanta Cruz, queda claro que el Alcalde sucumbió ante Evo Morales y el Gobernadordesesperadamente adoptó una posición radical de extrema derecha, y entre con y sin miedo, perjudica a los cruceños que confiaron en ambos, con grave afectación a los intereses del desarrollo autonómico y de bienestar para sus ciudadanos.