Movimiento al Socialismo

EL MAS Y LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN

Omar Qamasa Guzman Boutier

Los últimos ocho años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), han significado una notorio retroceso, en el desarrollo institucional, para el país. La razón de ello se encuentra en la toma de importantes instituciones nacionales, por parte del MAS; destacan entre ellas, la Contraloría General, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Al haber sido puestas al servicio de mezquinos cálculos políticos del gobierno, estas instituciones se han transformado, a los ojos de la opinión pública, en instituciones de poca confianza.

¿Qué función cumple la Contraloría, por ejemplo, si no es la de hacerse de la vista gorda ante tantísimas denuncias de corrupción, que llueven sobre los principales dirigentes del partido de gobierno? En relación al Ministerio Público y al Poder Judicial en su conjunto, los comentarios sobran; bastaría decir que la actuación deestas instituciones ha puesto al país, en materia judicial, a la cabeza de los países en los que la administración de justicia brilla por su ausencia. A pesar de la gravedad del caso, la incidencia de la desinstitucionalización en estos órganos, tiene efectos distintos a los que se observa en el caso del INE o el TSE.

En efecto; en las primeras tres instituciones, la consecuencia dañina que provoca su sometimiento a los caprichos del Palacio de gobierno, se remiten al funcionamiento cotidiano del poder político central. Digamos que se trata, por ello mismo, de efectos de carácter operativo. Mientras que los efectos que provoca el servicio funcional del INE o el TSE en beneficio del gobierno, tienen un signo (llamémosle) estructural. En teoría al menos, las estadísticas que ofrece el INE, deberían servir, entre otras, para la planificación en todos los niveles territoriales y para el pacto fiscal, en lo principal. Pero, ante los datos cuestionados del censo del 2010 (chacota que más parecía el resultado de algún trabajo práctico de universitarios durante los primeros años de estudio) está claro que aquellas estadísticas no han servido de nada a nadie, porque no han sido datos confiables.

Casi lo mismo sucede en relación a los resultados electorales que presentara el TSE. Si para algo han servido estos datos, ha sido para forzar la conformación de una mayoría de dos tercios en el futuro Poder Legislativo, por parte del MAS. Al final, los resultados del TSE, que otorgan (aquí la sugerencia de conceder algo en beneficio de alguien es del todo válida) al MAS los dos tercios devienen en resultados no creíbles. Qué tan escandaloso ha sido este fraude que incluso a los observadores internacionales no les ha quedado otra que emitir “sugerencias” para que no vuelvan a repetirse los mismos. Claro que estos observadores, en un principio de su labor, hicieron oídos sordos, ante ese burlote dirigido por el TSE llamado “etapa pre-electoral”. A estos observadores no les pareció anormal, por ejemplo, que el órgano electoral asumiera funciones policiales con respecto a la propaganda de los partidos de oposición.

Tampoco emitieron opinión alguna, respecto a un proceso democrático pre-electoral en el que los dos principales candidatos del oficialismo, se negaron a debatir con el resto de los candidatos. Elemento muy importante, porque se supone que aquellos debates sirven grandemente para mejorar la información a la población, por medio de la confrontación de programas, ideas y proyectos.

Pero, lo que seguramente les ha llevado a distanciarse del burlote de “elecciones democráticas” orquestado por el TSE, fue el recuento de votos. Un conteo escandaloso por donde se lo mire, en el que lo menos era la aparición de un mayor número de votantes que los inscritos para el sufragio, en varias de las mesas electorales. Así, a fuerza de irregularidades, aquellanueva representación parlamentaria del oficialismo muestra todos los signos de no reflejar fielmente las preferencias electorales, en el país.

Tanto el proceso pre-electoral como el conteo de votos, en consecuencia, nos presentan un cuadro, en el que el Estado se ve limitado, para ensayar una lectura sobre su sociedad. El punto central no gira en torno al partido ganador de las elecciones, sino a los márgenes (los dos tercios) en los que éste “ganara” las mismas. En la mezquindad del “proyecto” político del cambio, lo importante no es, claro, el fortalecimiento institucional del país o el desarrollo democrático del Estado, sino la administración del capital, como mecanismo para la conformación de una nueva élite depredadora y rapaz, que tiene a los cocaleros del Chapare y a los cooperativistas mineros, como a sus principales exponentes.

En tal sentido, pues, tiene poca importancia el debate, en torno al número de representantes de los partidos políticos, en el futuro parlamento. Tiene poca importancia, debido a que, fraude mediante, se ha distorsionado las preferencias electorales y su conversión en representación parlamentaria. No importa si esta distorsión fue mínima, ya que sirvió para fabricar engañosamente una mayoría de dos tercios del MAS.

Pese a esa grosería, sin embargo, es posible encontrar, aún con los distorsionados resultados electorales proporcionados por el TSE, algunas pistas que nos permiten vislumbrar el comportamiento de los partidos políticos con representación parlamentaria. Ése, sin embargo, será el motivo de otra columna.

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FELIPA MERINO

FELIPA MERINO
 
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Ha sido la máxima ejecutiva de la Federación departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Santa Cruz Bartolina Sisa, en representación de la provincia Andrés Ibáñez. Su trayectoria sindical está vinculada especialmente al liderazgo de las mujeres campesinas en el departamento de Santa Cruz.

"Por una Bolivia digna entre campo y ciudad"
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SUSANA RIVERO

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Abogada, integrante del movimiento de mujeres, con amplia experiencia en diseño e implementación de políticas públicas, creación y estructuración de empresas, desarrollo normativo, cabildeo y lobby nacional e internacional. Ministra de Estado en las carteras de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 2007-2008 y Desarrollo productivo y Economía Plural en 2009.


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GABRIELA MONTAÑO

GABRIELA MONTAÑO
 
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Médica de profesión, con maestría en Salud Publica. Ex Delegada presidencial en Santa Cruz, entre 2007-2009.

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NORA FERNANDEZ

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MAXIMA APAZA MILLARES

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CELSA SALAZAR

CELSA SALASAR, Movimiento al Socialismo
 
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Abogada. 2002 presidente distrito 5 abogados de justicia y dignidad, Consejo de la Magistratura.

ANSELMA PERLAZU

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Política
Como prueba, los vecinos repartieron el registro del sistema judicial en el cual constan los 19 delitos que se imputan a Rubén Chambi Mollericona.

LA DOBLE MORAL DEL MAS

Omar Qamasa Guzman Boutier

Luego de haber virtualmente desinstitucionalizado al Poder Judicial, sometido a la casi totalidad de los operadores de justicia y haber digitado muchos procesos judiciales, al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) no se le ocurrió mejor desfachatez que la de criticar al sistema judicial del país. Desde la ministra de “Justicia”, pasando por uno que otro parlamentario, hasta el mismo Evo Morales, todos al unísono ahora critican el funcionamiento del Poder Judicial. En realidad, la muestra de doble moral, en gentes que tienen en su haber traiciones, atropellos a los derechos humanos, represiones a pueblos indígenas, no es novedosa, pero conviene observar algunos de los alcances que la arremetida masista, en contra del ya de por sí venido muy a menos Poder Judicial ha causado. 

Conviene recordar que la tan mentada reforma al Poder Judicial fue anunciada y realizada por el gobierno de Evo Morales bajo la forma de elección popular, de los principales operadores de justicia. Por supuesto que en ello no figuraba la intención de transparentar el acceso a los principales niveles de dicho Poder, sino la oscura intención de estructurar un sistema de justicia funcional al gobierno. Se recordara, por ello, que en aquella elección, los “candidatos” que contaban con la venia del MAS, eran promocionados por medio de no pocas organizaciones sociales,  por militantes de base e incluso por listas que circulaban en los recintos electorales, en el mismo día de la “elección”. La tramoya consistía en estructurar un órgano judicial masista, pero con aparente ropaje de legalidad democrática. Primó, por tanto, el cálculo político y no la visión de Estado, en estos tristes hombres que hoy por hoy ocupan el Palacio Quemado.

Las cosas, por supuesto no se detuvieron en aquella farsa electoral y acto seguido, gracias a los levantamanos del MAS en el Parlamento, el asalto masista se hizo de la Fiscalía de la Nación. Fiscales, cuyo mayor mérito fue el  haber vitoreado al partido de gobierno hasta la víspera, aparecieron en los distintos departamentos y terminaron formando un círculo peligroso para el país. Tan peligroso, que algunos de aquellos masistas ascendidos a Fiscal de distrito, terminaron denunciados como miembros de bandas de extorsionadores y otros, simplemente, como corruptos. Todos, sin embargo, alegaron en su momento, que en realidad no actuaban sino en el marco de la Ley. La ciudadanía conoce lo que ello significa, al recordar que el propio Evo Morales reconoció que toma acciones, aunque éstas no sean legales. “Le meto nomás y después que arreglen mis abogados”, dijo en alguna oportunidad, como quien se jacta por llamar a delinquir, sabiendo que ningún operador de justicia podrá, por ello, siquiera intentar procesarle. Claro que no fue la única vez que Morales llamaba a delinquir; al menos en otras dos oportunidades también lo hizo. 

Junto a los Fiscales de distrito, también figuraban otras fiscales, como el hoy célebre Marcelo Soza, paladín del gobierno de Morales en la lucha contra un supuesto movimiento armado separatista. Operadores de justicia corruptos, abogados al servicio del gobierno actuando como extorsionadores, completaron el cuadro de las consecuencias del sometimiento del Poder Judicial al gobierno. En ello, los votantes para la elección de las autoridades judiciales, no fueron sino tontos útiles, para algo que, como vemos, tenía propósitos mezquinos.

El que en Bolivia vivamos, entonces, un clima de inseguridad jurídica no es algo de extrañar. No se trata solamente de la inseguridad para los inversionistas, sino incluso para simples empresarios del país. Sometidos a la extorsión, imposibilitados de acudir a la Justicia y menos todavía de denunciar aquellos actos delictivos al gobierno (donde se cobijaban varios de los extorsionadores, precisamente), las víctimas del gobierno comenzaron a multiplicarse por doquier. A tal punto ello es así, que no por nada el Poder Judicial es una de las instituciones más desprestigiadas del país y la creencia de que en Bolivia no hay justicia es una verdad incontrastable, para el sentido común. 

Este clima, claro, ha incentivado en otras instituciones también actos delincuenciales. Particularmente en la Policía Bolivia se ha observado que varios de sus altos miembros han sido encontrados delinquiendo (ya sea mediante el tráfico de drogas o mediante la extorsión) y hoy se encuentran bajo rejas…, pero en el exterior. Por supuesto que los delitos son cometidos por las personas y no por las instituciones, pero no deja de llamar la atención el hecho que sean altos oficiales de la Policía quienes se encuentren tras las rejas, por delinquir.

Como resultado de todo este mamarracho de reforma judicial que Evo Morales y los suyos han impulsado, ahora tiene el país un sistema judicial muy venido a menos. La arremetida masista para contra el sistema judicial, pero, a la vez ha causado la fragilidad del sistema democrático en su conjunto. Ello es algo elemental, porque donde no existe justicia, difícilmente puede hablarse del imperio de la democracia, de la constitución, es decir, de la Ley de leyes. Las cosas, en manos de estos hombres aptos para el desgobierno, han ido pues muy lejos en esta materia. Tan lejos, que incluso pone el riesgo los propios intereses del capital, al que tan diligentemente sirve el MAS. Esto quiere decir que la crisis del sistema judicial, la dependencia de este sistema al Poder Ejecutivo y la falta de seguridad jurídica, comienzan a verse disfuncionales para el capital mismo. Es un riesgo para éste, a mediano y a largo plazo, porque facilita la creación de un ambiente de ingobernabilidad institucional.

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