Derechos de la Mujer

Los hechos

En octubre del año pasado, el cruel asesinato en Sucre de Sarah Hochsttäter, una joven que llevaba trece semanas de embarazo, en manos de su compañero y padre de la criatura,Andrés Abastoflor, me provocó una reflexión en torno al hecho de que la violencia en contra de las mujeres se da en todas partes, “hasta en las mejores familias”[1], lo cual no es asombroso pero sí poco sabido –salvo que llegue a tal extremo– ya que “esas familias” se cuidan bien de que sus problemas domésticos no trasciendan las puertas de su hogares. Éste no fue un caso aislado, una publicación del CIDEM, fechada el 10 de diciembre del de 2012 señalaba que “sólo entre enero y octubre de este año se registraron [en la prensa] 71 casos”[2] de feminicidio en el ámbito nacional. Por lo general, esos crímenes se producen dentro de los hogares que, se supone, deberían ser los lugares donde las personas se encuentran más y mejor protegidas. Es por eso que rara vez salen a la luz pública y, en caso de que así suceda, la gente suele verlos como noticias de crónica roja, las leen, se escandalizan y pasan la página.

Afortunadamente no pasa lo mismo cuando las acciones de violencia en contra de las mujeres se dan en el ámbito público o cuando quienes protagonizan actos de violencia son hombres públicos y es que éstos, como no puede ser de otra manera, están en la mira de los medios de comunicación. Así nos anoticiamos recientemente, por ejemplo, de que a mediados del año pasado la esposa de Justino Leaño, asambleísta nacional (MAS), lo denunció por abuso sexual a su propia hija de 12 años de edad (desde que tenía 7), que el 20 de diciembre de 2012, Domingo Alcibia, asambleísta departamental de Chuquisaca (MAS) cometió un inaudito acto de violación en contra de una trabajadora de la Gobernación de Chuquisaca y  que el día 18 de enero de 2013, José Chura Tola, concejal de Palca (MAS), fue remitido preventivamente a la cárcel de San Pedro acusado de desfigurar e intentar violar a su ex concubina. Estos “casos” suelen tener mayores repercusiones en la prensa y provocan justificadas reacciones de repudio por parte de la sociedad.

Para muestra bastan estos botones que, por cierto, son apenas unos cuantos de los cientos y miles de casos de violencia en contra de mujeres denunciados cotidianamente ante los estrados judiciales, las fiscalías, la policía y ante cuanto espacio público o privado existe en defensa de los derechos de las mujeres, sin que por ello se conozca de acciones efectivas orientadas a dar a la sociedad el mensaje de que esto es intolerable y que tiene sanción legal. Ni qué decir de tantos y tantos casos de violencia que ni siquiera son denunciados debido a múltiples razones, entre otras, debido a que la gente no confía en la justicia precisamente por lo antedicho.

Las reacciones individuales

Lo que más asombra y acongoja  ante estos hechos es la reacción de la gente, de muchas personas que tienen acceso a los medios para emitir opiniones o que simplemente se expresan a través de las redes sociales. Lo que he podido percibir es, por una parte, demasiadas expresiones que muestran a una sociedad que tolera la violencia en contra de las mujeres como si fuese algo natural o algo inevitable y que coloca en nosotras, las mujeres, la mayor responsabilidad sobre estos hechos. Expresiones como “qué pena, pero ella debería cuidarse, no debería beber a ese extremo” (caso Alcibia), “qué tonta, cómo fue que se metió con ese tipo” (caso Abastoflor), “¿y qué hacía la madre de esa chica que no la cuidaba y que recién denunció?” (caso Leaño) o “qué estúpida, no debería abrirle la puerta a su expareja” (caso Chura), las he leído en demasía como para que no llame mi atención ni me preocupe.

También se escuchan  reacciones que procuran minimizar los hechos, como la de un columnista de Los Tiempos[3] que se pregunta “¿Violación?” y comienza su artículo señalando que lo que él vio en las imágenes no fue otra cosa que “una pareja teniendo sexo nada menos que en la sala de reuniones de ese órgano legislativo”. Este señor no condena el hecho, condena el lugar donde se lo ha perpetrado. También hay quienes se atreven a decir “¿acaso es la primera vez? Si esto siempre ha sucedido, la única diferencia es que el tipo se hizo pescar, no sabía que habían cámaras filmándolo todo”. Inclusive, un grupo de tipos “muy simpáticos” quisieron ponerle al asunto una nota de humor, armaron y transmitieron a través de las redes sociales un cartel de “buscado” del asambleísta que incluía la advertencia (a las mujeres, por supuesto) de “cuidado, no se agachen…”.

Ciertamente, del otro lado, existen múltiples voces de condena, expresiones de indignación y rabia, voces de mujeres y hombres, incluso de algunas instituciones que, sobre todo, desde las redes sociales y desde algunas columnas de opinión en la prensa expresan su condena ante tanta brutalidad. Es una bronca casi impotente frente a la impunidad que se ha hecho norma, frente a quienes tienen el poder de decidir y hacer y, sin embargo, dicen poco y hacen menos, o dicen todo lo contrario de lo que se espera en un estado que ha reconocido que las mujeres tenemos el derecho de vivir sin violencia en la propia Constitución Política del Estado.

Los poderes del Estado

Cómo no van a escucharse esas reacciones individuales, cuando en el ámbito político las autoridades gubernamentales reaccionan con actitudes auto-defensivas, considerando que toda denuncia en contra de sus correligionarios es, en verdad, parte de una conspiración destinada a desestabilizar al gobierno y, en lugar de sancionar oportunamente y como es debido a estos sujetos, buscan excusas tan endebles, como la que intentó el Gobernador de Chuquisaca, señalando que lo sucedido en la sala de reuniones de la Asamblea Legislativa Departamental se debió a que “la derecha” había colocado “algo” en las bebidas de sus correligionarios. También exponen reacciones cínicas e insensibles, como cuando la ministra de justicia instó a la víctima a denunciar el hecho, porque se trata de un “presunto” delito de orden privado, siendo que las imágenes transmitidas por TV son absolutamente elocuentes y no dejan lugar a dudas sobre el innegable acto de abuso del que fue objeto aquella mujer. ¡Indignante!

Desde el órgano legislativo, tenemos una  Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que no es capaz de tomar iniciativas ante estos hechos sin recibir órdenes superiores porque, ya lo sabemos, los y las oficialistas no son “librepensantes” y están impedidos/as de ejercer la representación política que se les ha otorgado con el voto, porque sólo representan los intereses de su partido. Mientras que las y los opositores cargan las tintas en la militancia política de los acusados y se lavan las manos ante hechos que cometen sus respectivos correligionarios. Tuvo que mediar el asesinato de dos concejalas, Juana Quispe del municipio de Ancoraimes y Daguimar Ribera Ortiz del municipio de Guayaramerín, para que la ALP reciba la orden presidencial de tratar la Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres y, ahora, tuvo que mediar semejante ignominia, para que el presidente instruya a las presidentas de las cámaras el tratamiento urgente de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres. Aunque las normas son imprescindibles, también hay que decir que ya estamos saturadas hasta la coronilla de tantas que no se cumplen, de leyes que se promulgan y que no tienen el respaldo de políticas públicas y presupuestos para hacerlas plasmar en ejercicio efectivo de derechos. ¡Saludo a la bandera!

Ni qué decir del ámbito judicial, órgano que no tiene independencia alguna, que ha sido cooptado por el poder ejecutivo y donde todo funciona con absoluta lentitud, donde nadie se hace cargo de nada si no es “a instancia de parte”, donde los casos duermen por meses y años sin que nadie pueda hacer que eso cambie, salvo que medie el “aceite” de las chequeras o la orden del ejecutivo. ¡Justicia que tarda no es justicia!

Responsabilidad social

Frente a este panorama desolador cabe preguntarse ¿qué (nos) está pasando?, ¿cuál es el origen de tanta tolerancia, insensibilidad, indiferencia ante estos hechos? Por supuesto que existen explicaciones de orden estructural, como que esto se debe a la sólida vigencia de esa estructura patriarcal tan arraigada en las instituciones como en el inconsciente colectivo e individual; explicaciones de orden coyuntural, como que vivimos un periodo en que todo está “puesto de cabeza” (para bien y para mal); explicaciones más o menos razonadas, explicaciones más o menos convincentes ¿De qué sirven?

Lo cierto es que esto que (nos) está sucediendo no es algo que se pueda o deba mirar de reojo sin reaccionar, es de responsabilidad individual y colectiva, es de responsabilidad estatal e institucional, es NUESTRA responsabilidad poner un alto a la violencia en contra de las mujeres, en contra de las niñas y niños, en contra de cualquier persona cuyos derechos estén siendo vulnerados.

Mientras se siga enseñando a las niñas y a los niños a cantar “Botón Colorado mató a su mujer…” como si fuese la cosa más normal, se continuará inculcando la idea de que la violencia en contra las mujeres es un “derecho natural” de los hombres por ser “más fuertes” y que nada ni nadie puede cambiar eso. Mientras las mujeres continúen soportando la violencia en silencio, nada cambiará radicalmente. Mientras los hombres que cometen actos de violencia en contra de las mujeres continúen impunes, nada les hará entender que lo que hacen es intolerable. Mientras los padres y las madres continúen apañando a sus “querubines” desde la infancia y no les enseñen responsabilidad frente a las demás personas, todo seguirá como hasta ahora. Mientras las vecinas y los vecinos cierren sus puertas y ventanas para no escuchar los gritos de alguna mujer, de algún niño o niña que está siendo objeto de violencia, nada puede cambiar.

Somos nosotras, son ustedes, personas individuales y colectivas, soy yo, eres tú que lees estas líneas, quienes debemos tomar en nuestras manos la responsabilidad de que cambie este estado de situación aterrador. Desde el lugar que ocupemos en la vida, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, tenemos el deber ineludible de desnaturalizar la violencia en contra de las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes que son quienes la sufren en mayor proporción que otros grupos sociales. Tenemos la obligación moral de denunciar, de exigir, de involucrarnos en cuanta acción sea necesaria para poner fin a tanta brutalidad expuesta. Ya es hora de acabar con todo esto, ya es hora de desterrar la violencia de nuestras vidas, nadie lo hará por nosotras si no actuamos en consecuencia.