CRISIS JUDICIAL

Con la exclusión del ex-ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, del juicio por la represión policial a los indígenas, en Chaparina, los  personeros del Poder Judicial hacen un flaco favor a sus patrones, es decir a los dirigentes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). Poco importa que desde el Ejecutivo se asegure que la decisión del Poder Judicial es independiente de los criterios del gobierno, ya que se trataría de un Poder independiente; tampoco tiene mayor interés la argumentación de los mismos personeros del Poder Judicial en explicar lo inexplicable. Lo cierto es que con la exclusión de Sacha Llorenti por la represión a los indígenas del Territorio Indígena del Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS), en septiembre del 2011, lo que buscan los hombres del Poder Judicial, es salvar a sus candidatos de un juicio, es decir, evitar que tanto Evo Morales como AlvaroGarcia Linera sean involucrados en el juicio. Y finalmente, no tiene ninguna importancia el argumento de parlamentarios masistas (salvo honrosas excepciones, como la de un senador de Potosí, por este partido), para quienes la decisión judicial es independiente de las pretensiones del MAS.

Importa poco todo aquello, porque los hechos políticos (y el juicio por la represión gubernamental a los indígenas del TIPNIS es un hecho político) se encuentran concatenados y más aún, los propios eventos se encuentran en esa condición, según veremos. En principio, ello es así, porque todos los Poderes forman parte de un sistema y no son independientes, sino -al menos en teoría- para la administración de sus responsabilidades específicas, como la de administrar justicia por ejemplo. Esta pertenencia común a un orden sistémico, en Bolivia es algo más que un dato general. Es, en lo que nos interesa, la pertenencia común a un orden sistémica anti-indígena. Se ha insistido hasta el cansancio que en este país, todo el ordenamiento institucional se ha construido en contra de los pueblos indígenas; lo fue en el pasado y lo es también bajo el actual gobierno del MAS. Por supuesto que en esta ocasión, el servilismo del Poder Judicial responde también a intereses políticos de grupo.

Así las cosas, la pretendida independencia del Poder Judicial hace aguas por doble partida; por su pertenencia a un sistema anti-indígena y por su ligazón con el partido de gobierno. No debe olvidarse que tantísimos operadores y autoridades de “justicia” han sido hombres del MAS, como lo recuerda la opinión pública. Aquí debemos, a la vez, recordar una larga tradición latinoamericana, referida a la lógica del poder. Como se sabe, en nuestro continente el presidencialismo es una constante, que tiende a anular la independencia de los poderes Judicial y Legislativo. El paso siguiente en esta lógica, es la del caudillismo, que corona, por último, la falta de independencia. En la Bolivia actual, tanto los levanta-manos del Poder Legislativo, como los servilmente comedidos operadores de “justicia”, ejemplifican la manera en la que la falta de independencia se concretiza.

Esto quiere decir y volviendo a la idea de la concatenación de los eventos, que estos eventos se hallan relacionados entre sí, pero no de manera horizontal, sino en dependencia a un centro orgánico. En este caso, ese centro es, debido a la lógica presidencialista y caudillista, el Poder Ejecutivo. En tal sentido, la direccionalidad de la acción de los demás órganos, está dada por los intereses del Ejecutivo, en lo que a eventos de real importancia para la vida política nacional se refiere (y el juicio a los personeros de gobierno por la represión de Chaparina, es uno de los de mayor importancia).

Lo importante, sin embargo, es que en épocas pre-electorales como la que vivimos, los lazos de dependencia se muestran con mayor crudeza. A la vez, pero, se revelan también los hilos que, desde el centro privilegiado (o sea, desde el Gobierno) se mueven, para que el resto de las marionetas representen más o menos dignamente un bochorno. Con todo, pero, la responsabilidad mayor de tales atropellos recaerá precisamente sobre ese centro; lo que no excluye de responsabilidad, claro, tanto a los serviles como a los levanta-manos. Lo concreto es que, ante la opinión pública, es decir ante el electorado, toda esta maquinaria queda develada y los hoy candidatos del oficialismo (Evo Morales – Garcia Linera) aparecen de cuerpo entero como desesperados aspirantes a dictadores. Si de algo, pues, ha servido el servilismo del Poder “Judicial”, en el caso de Chaparina, es precisamente para mostrar aquello que acabamos de afirmar. Ninguna persona honesta y en su sano juicio, en Bolivia, puede pensar, por tales razones, que las acciones del órgano judicial son, en este caso, independientes del burdo cálculo político de los masistas.

Por ello hace bien Rafael Quispe (ex-Mallku del CONAMAQ), en anunciar que esperarán hasta que pasen las elecciones, para impulsar un juicio contra Evo Morales, Garcia Linera (y todas las autoridades civiles y policiales, añadiríamos nosotros), involucradas en la represión a Chaparina. Efectivamente, en el marco de una nueva correlación de fuerzas en el parlamento, la posibilidad de llevar a juicio a estos aspirantes a dictadores, es algo no tan lejano como en la actual constelación parlamentaria.