Caso Chaparina

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El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, dijo que se busca cuidar la integridad física de la activista de derechos humanos porque aseguró que pese a la “inmolación” de Olga Flores, la justicia tiene “oídos sordos”.
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La titular de la Cámara Baja advirtió la existencia de una intencionalidad destinada a detener el proceso de investigación por la violenta represión que sufrieron los originarios del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Chaparina durante la VIII marcha.
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A decir del político opositor al gobierno del MAS y candidato a la presidencia para las elecciones 2014, ésta es la única explicación para que no exista hace más de dos años avances en las investigaciones del caso Chaparina.
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La abogada Aida Camacho no dio el nombre de la sirionó que dio a conocer la desaparición de indígenas, pero aseguró que su nombre se registró en el cuadernillo de investigaciones. Tampoco informó sobre la lista de los menores desparecidos.
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Señaló que debido a la Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), en la región de Camiri del departamento de Santa Cruz, muchos indígenas que fueron parte de la marcha, no pudieron presentarse en Trinidad para declarar.
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Camacho adelantó que este jueves se espera las declaraciones de indígenas de las comunidades de San Pablo, San Ignacio de Moxos y áreas aledañas, completando un acto procesal que debió haberse efectuado hace tiempo.
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La activista por la defensa de los derechos humanos asume la radical medida en contra de la retardación de justicia del caso Chaparina, la quinta huelga de hambre que protagoniza en su vida y la segunda durante el actual Gobierno.
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El trabajo de la comisión de fiscales e investigadores del caso Chaparina inicia este martes y se prolongará hasta el viernes en la capital beniana, tras quedar postergadas las declaraciones de los indígenas en tres oportunidades, informó la abogada de la Subcentral TIPNIS.
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Anteriormente la vicepresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Nelly Romero, responsabilizó al Gobierno de pretender cerrar este caso, con la desaparición del cuaderno de investigación.
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Se buscará también que el entonces ministro de la Presidencia, Carlos Romero, y el que fuera comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Tito Gandarillas, comparezcan en este proceso para esclarecer lo sucedido el 25 de septiembre de 2011.

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