CUANDO EL PODER SE DESCONTROLA

En estas últimas semanas del año estamos asistiendo a un escenario que bien podría calificarse como “teatro del absurdo”. Una suma de hechos que aparecen como casos aislados, que nada tienen que ver entre sí, pero que vistos en conjunto dan cuenta del deterioro de la institucionalidad pública, un deterioro que colude a los tres poderes del estado: ejecutivo, legislativo y judicial, y que ponen en evidencia la indefensión de la ciudadanía frente a éste. Voy a hacer mención sólo a algunos casos que cobran notoriedad hoy día, sin olvidar que existen decenas de casos parecidos que por ahí se quedaron archivados en la memoria de la opinión pública y de la prensa.

Está ante la vista del público el “juicio” que ha instaurado el senado nacional contra tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, a quienes acusan de “incumplimiento de deberes” y no sé qué otras figuras jurídicas inventadas. El trato que están dando a las dos magistradas "acusadas" denota extremos de aversión insospechada en su contra por parte de quienes debieran de honrar su investidura, misma que fue legitimada por un acto electoral (cuestionable) que ellos mismos impulsaron. Pero, lo que me deja particularmente perpleja e indignada es el trato cruel e inhumano que están dando al magistrado Gualberto Cusi, quien ya lleva un largo y penoso tratamiento médico, debido a un problema de salud que cada día se agrava. La orden de aprehensión a este ciudadano, emitida por un juez oficioso, no hace otra cosa que confirmar la colusión entre poderes del estado para ejercer acciones que desconocen los más elementales derechos humanos y, en este caso en particular, el derecho a la vida. Y todo esto, sólo para justificar un proceso que, en palabras del propio presidente de esta cámara, no es otra cosa que un “juicio político”, ordenado con el fin de “poner en su lugar” a quienes –en su particular visión de las cosas– no debieran hacer más que “constitucionalizar” normas surgidas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin chistar y sin poner una sombra de duda sobre sus actos. Es decir, un juicio político que pretende amedrentar a los miembros de ese tribunal a fin de que en el futuro ni siquiera se les ocurra deliberar frente a demandas de inconstitucionalidad interpuestas por quién sea, y tengan así las “manos libres” para cometer cualquier arbitrariedad que se les ocurra. Más valdría, entonces, que inventen una ley mediante la cual hagan desaparecer a ese tribunal y así dejar de aparentar la supuesta constitucionalidad de las normas que emanan del órgano legislativo.

Otro es el caso del bebé Alexander quien falleció por causa aún no esclarecida en un hospital, luego de haber sido conducido al mismo en estado de extrema gravedad. Las noticias de prensa dan cuenta de que el bebé habría sido vejado en el Hogar Virgen de Fátima, dependiente de la Gobernación de La Paz. En este caso, la fiscalía determina la aprehensión del personal médico que lo atendió y dio cuenta del estado en que llegó al nosocomio donde finalmente falleció, mientras que ninguna acción penal efectiva se realiza en contra del personal de ese hogar en busca del culpable de tan espantoso crimen contra la humanidad de un indefenso. Apenas se conoce de la intervención de una delegada de la gobernación quien termina señalando responsabilidades administrativas, pero nada dice sobre lo que sucedió con este bebé en el hogar donde estaba acogido.

Paradójicamente, en Cochabamba, Ariel Román se encuentra en su cuarta semana de huelga de hambre, denunciando y exigiendo que se regularice el trámite de adopción de una niña a quien él y su esposa acogieron amorosamente en su hogar, una niña cuyos padres biológicos acusan serios problemas psiquiátricos y que en su momento entregaron voluntariamente a la niña a la pareja adoptante. Actualmente, esta pareja es acusada de “trato y tráfico” de personas y el estado que –por lo que se deriva del anterior caso– no es capaz de brindar cuidados ni garantizar la seguridad ni la vida de quienes alberga en sus hogares, pretende retornar a la niña a uno de estos lugares. Ni la intervención de organizaciones de la sociedad civil y la defensoría del pueblo han logrado colocar el asunto en el plano de un mínimo de racionalidad para hacer que la niña esté donde debe estar, con sus padres adoptivos. Según denuncian éstos, el motivo de tanta ignominia estaría relacionado con su filiación ideológica como “trotskistas”.

Finalmente, el 9 de diciembre, el abogado Juan Perelman, hace pública una carta en la que denuncia haber sido visitado por “los servicios de inteligencia del MAS” para recibir amonestaciones y chantajes que colindan en amenazas de muerte. Los visitantes, cuya identidad no ha sido revelada por el autor, profirieron amenazas que en nada se diferencian de las que podrían hacer los más avezados delincuentes comunes. Esta carta ha sido ampliamente difundida por las redes sociales debido a que, según expresa su autor, la policía no quiso recibir su denuncia.

¿A qué conclusión podemos llegar frente a todos estos hechos? Que cada quien extraiga las suyas propias. Yo pienso que estamos frente a un escenario de extrema gravedad. En enero próximo se inaugurará el tercer mandato consecutivo de Evo Morales y, si las cosas continúan por este camino, es evidente que cualquier ciudadano o ciudadana de este país debería caminar nuevamente “con el testamento bajo el brazo” –como lo señaló Arce Gómez en 1980– porque nadie estará amparado por el estado que debería garantizarnos el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos.

Al escribir esta nota, tengo en cuenta las voces cautas de amigos y amigas que me aconsejan tener cuidado, evitar expresarme abiertamente frente a estos atropellos y dedicarme a mis labores cotidianas sin ocuparme de asuntos como los que menciono, porque todo esto “resulta peligroso”. Agradezco sus advertencias, pero no puedo hacer menos que escribir sobre todo esto porque me temo que, de lo contrario, sólo estaría jugando al juego al que pretenden meternos a todos, el juego del miedo y el silencio cómplice que sólo lleva al incremento desproporcionado y descontrolado del poder del que difícilmente saldremos airosos si no somos capaces de, al menos, ponerlo en evidencia.