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LOS EXPERTOS DEL TWITTER

By Draven3166 on Jue, 28/03/2013 - 11:32

Rubén D. Atahuichi López

No debe pasar más de dos años, incluso un poco antes, que muchos bolivianos se hayan abierto al debate público intenso a través de la red social Twitter, una herramienta de comunicación eficaz, necesaria para la noticia urgente (¿seguirá siendo la radio inmediata como antes?), capaz de expandir cualquier rumor como información real, cualquier otro tema irrelevante en un asunto de Estado o sentenciar a muerte civil a un personaje normalmente político.
No voy a teorizar sobre esto, pero —como dice el periodista español Lluís Bassets— lo que se hace por ésta y otras redes, para quienes hace poco éramos los “dueños” de la recopilación, procesamiento y difusión de las noticias, es simplemente “práctica del preperiodismo”. Por “la trascendencia que se le da al rumor, no hay muchas veces verificación”.
En los últimos días, un asunto que cobró gran trascendencia en la opinión de los tuiteros fue el nombre que la Asamblea Departamental de Oruro puso al aeropuerto Juan Mendoza y Nernuldes: Evo Morales Ayma. Abstrayéndome de comentar de si el movimiento fue legítimo o no, el asunto dio para una serie de elucubraciones sobre el “ego” del Presidente del Estado, considerando que, en realidad, fue un acto oficioso de un grupo de masistas y no así una decisión presidencial, como me lo aclaró después en una charla posterior a una entrevista. Políticos, analistas, periodistas y otros ciudadanos se pusieron a hablar del tema por el tiempo que duró el conflicto en Oruro, algunos especularon sobre la pertinencia legal de la nominación, unos consideraron las motivaciones éticas en el acto y otros hablaron por simple aversión a Morales.
Antes del tema, el caso de la muerte de la colega Hanalí Huaycho había inundado las redes. Que el asesino, Jorge Clavijo, está fuera del país; que la Policía Boliviana lo está protegiendo; que el cadáver encontrado en los Yungas no era él, sino “sembrado” por el “prófugo” o el de Cecilio Canchari, fallecido en un accidente vial hace meses...
Claro, a pesar de las dudas en el caso, la especulación es también, pues, libertad de expresión.
Hace dos días se ha instalado otro asunto en el Twitter (y el Facebook): la condecoración anunciada por Morales a Lionel Messi, la estrella del Barcelona y la selección de Argentina que esta tarde juega con su par de Bolivia. Buena parte de los “webactores”, como los llama Ignacio Ramonet, cuestiona la distinción anunciada para hoy y se pregunta, por ejemplo, por qué el argentino y no el boliviano Ronald Raldes. Otros dicen que el Mandatario tiene la excusa para tomarse la foto con el astro mundial y éste se justificó en sentido de que el homenajeado es un ejemplo para la niñez.
Ya pasaron por el mismo escrutinio verbal la marcha por el TIPNIS, el lapsus presidencial en las coplas de carnaval del año pasado o el supuesto hijo de Morales, rumor divulgado por Samuel Doria Medina. Todos con la misma intensidad, entre la saña, la crítica sana y la posición política. Será siempre así.
Lo cierto es que, a pesar de ser una buena herramienta y un termómetro de la opinión ciudadana la red social, el mal uso del Twitter está matando la verdad y, en el caso de quienes ejercemos este oficio, está dañando el buen periodismo. Aunque, claro, está democratizando el uso de la palabra. Lo ideal sería evitar ser los expertos en todo, ser forenses en el caso Clavijo o ser los jueces de nada.

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UN GOLPE DE TIMÓN

By CarlosIMV on Mié, 02/01/2013 - 12:13

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Rubén D. Atahuichi López

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Ha tenido que resultar el caso grave, inocultable, para movilizar al Gobierno. El caso Ostreicher, que derivó en otro de extorsión por parte de una red mafiosa incrustada en al menos dos ministerios, ha develado una crisis institucional muy fuerte, al punto de cuestionar seriamente la fragilidad del aparato gubernamental y la transparencia del Órgano Judicial, cuyas autoridades fueron elegidas por primera vez en octubre de 2011.

Que personal de confianza del Ministerio de Gobierno esté implicado en una peligrosa banda de extorsionadores y con una fuerte incidencia en procesos judiciales clave que encara esa cartera de Estado sólo puede entenderse por la disposición discrecional de la función pública, quizás arropada por dirigencias del partido de gobierno que, a toda costa, mantienen cargos sin reparar mínimamente la capacidad y la honestidad de los funcionarios a los que los promueven y respaldan. Asesores y otros empleados inamovibles más allá de la transición de al menos cuatro ministros son la prueba de ese poder político nefasto.

Si bien la defenestrada Justicia se encargará de juzgar a los responsables de este nuevo episodio de corrupción en parte de la administración de Evo Morales, surgen las dudas acerca de la eficiencia e imparcialidad de sus acciones, sabiendo que algunos de sus miembros presumiblemente son parte de la red, que se ha mimetizado donde pudo para cometer atrocidades delincuenciales.

Estoy seguro de que el caso develado la semana pasada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no es el único. Transcurren inadvertidos otros, quizás solapados u omitidos por autoridades y funcionarios, como uno que me enteré de un ministerio, referido a la contratación irregular de un trabajo de imprenta por un costo exorbitante. Un caso menor, diríamos, pero caso de corrupción al fin.

Y, obvio, la corrupción no es exclusividad en el Gobierno. Se conoce de denuncias de malversación, uso de influencias o desfalco en algunas alcaldías. En las gobernaciones, ni qué decir (en mi criterio, el desvío de recursos para los referendos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, en 2008, fue entendido como un simple trámite). Lo que ocurre es que los medios de información concentran sus agendas en la corrupción del Gobierno y omiten, también normalmente, las acciones ilícitas en otros niveles de gestión. Claro, la corrupción no es tal por la atención o no del periodismo, sino por la actitud malsana de algunos funcionarios.

Hay suficiente motivo para preocuparse. No hay dudas de que el afán de Morales de mantener su gobierno transparente se queda sólo en la intención. Quien fuera potencial candidato vicepresidencia, Santos Ramírez, fue descubierto no por la interdicción estatal a la corrupción, sino por la muerte de una persona; las irregularidades conocidas hace poco en la construcción de las plantas de Río Grande y Gran Chaco fueron develadas tras el accidente de uno de sus ejecutivos (Gerson Rojas)… ¿Y en los no ocurren hechos colaterales?

Un caso más, el país no soporta; menos mal que la integridad del Presidente del Estado está incólume todavía. Sin embargo, Morales debería ocuparse de instituir un golpe de timón en su administración; es hora de que concentre sus acciones en el control de transparencia que aparentemente rebasó al ministerio que le corresponde. Ese golpe de timón debería marcar el punto de inflexión entre lo que es ahora el Gobierno y lo que pretende ser después. Sólo así puede verse más allá de 2014.

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REDES SOCIALES

By Draven3166 on Lun, 12/11/2012 - 11:31

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Rubén D. Atahuichi López

Fue por la red Twitter que Samuel Doria Medina insinuó que el presidente Evo Morales era padre de un/a niño/a con la hija adolescente de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo. Uno se pregunta ingenuamente por qué el líder de Unidad Nacional (UN) tuvo que apelar a ese soporte de Internet para hacer lo que hizo. No fue casualidad…

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Podía —tranquilamente— llamar a conferencia de prensa y, de cara a la opinión pública y ante los medios de información, denunciar (si es que hacerlo, meterse en la vida privada de otras personas, corresponde) lo que hizo correr como rumor. Lo hizo y, en charla con un periodista, el rumor alcanzó en segundos ribetes de escándalo en la red.

Como lo que hizo Doria Medina hay muchos ejemplos. Políticos, gente de a pie o periodistas usan esas herramientas para expresar sus sentimientos o sus ideas, muchas de éstas últimas con ingenio y otras, simplemente toscas o injuriosas. Cuando se descubrió la supuesta carga de uranio en La Paz, a alguien se le ocurrió mostrar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, como Jabba el Hutt, monstruo de ficción de la saga de Star Wars, con el texto “el uranio no hace daño”; mientras era presidenta interina, Gabriela Montaño fue comparada con Excelsa, la empleada en la Familia Peluche; y desde hace una semana, luego de las declaraciones de Morales sobre las relaciones con Estados Unidos, un conocido personaje paceño lo llama “Emocaca” (usando el hashtag quizás uno sepa quién es).

Así, miles de ejemplos, y diariamente…

Se me ocurrió escribir esto a raíz de las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, que el domingo dijo que toma nota de quiénes insultan al Presidente del Estado en las redes sociales. “Aquí tengo guardadito en el celular, cómo en las redes sociales, en el Facebook, en Onternet, lo insultan al Presidente (…). Siempre estoy entrando a Internet y voy anotando con nombre y apellido a los que realizan insultos contra nuestro Presidente”.

Si es que es así, el segundo hombre del país no debe tener ni tiempo ni espacio para hacer ese trabajito. Es que Morales tiene cada detractor en Twitter o Facebook, que la lista es interminable, desde políticos que lo tildan de “dictador” o “autoritario”, gente que no le baja de “burro” o “indio”, o periodistas despojados de su personalidad profesional “imparcial”. Claro, los menos, críticos con razón y sin insultos como arma de discrepancias.

Son tan libres esas plataformas, que sólo los fundamentalistas se atreverían a controlarlas, como parece que los hay en algunas esferas políticas. Claro, si bien García Linera dijo que anota esos comentarios, algunos políticos del partido de gobierno comenzaron a hablar de una ley que regule el uso de Internet en el país, que —seguro— va a generar mucha polémica.

Menudo problema en el que acaba de meterse el Vicepresidente. Ni bien dijo lo que dijo, en las redes sociales proliferaron opiniones, cuestionamientos y otros insultos, esta vez contra él.

Si bien hay necesidad de precautelar el uso de Internet, lo que hay que hacer —con norma o sin norma— es evitar que ese soporte tecnológico desvirtúe el verdadero sentido de la libertad de expresión.

Incontrolables las redes sociales, me quedo con la frase de ‏@EnriqueIpia (Enrique Ipiña Melgar, exministro de Educación), que ayer dijo en el Twitter: “#insultos. Lamentable que se amenace a los que insultan. Pero mucho más que haya quien recurre al insulto. Es cobardía, bajeza, indignidad”.

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TIPNIS, A FOJAS CERO

By CarlosIMV on Jue, 19/07/2012 - 18:59

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Rubén D. Atahuichi López

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La construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos se ha convertido en un asunto de Estado, un asunto infranqueable y sin concesiones para las partes. Por la confusión que ha creado la objeción y el respaldo al proyecto, la única explicación posible del entuerto es política.

Rescindido el contrato con la brasileña OAS, el crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en statu quo, y el fallo del Tribunal Constitucional sobre las leyes 222 (consulta previa previo consenso) y 180 (constitucionalidad condicionada) en entredicho, el conflicto ha tomado las calles de La Paz y los medios de comunicación.

Siendo optimistas, lo único racional que queda es el diálogo. Pero eso está por definirse, ni para instalarlo hay acuerdo (el Gobierno quiere con corregidores y no con los dirigentes que cuestiona, y éstos piensan lo contrario). Si la misma Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) no se preocupó por eso y, confiada en el respaldo popular, se lanzó a la marcha el 27 de abril, el Gobierno tampoco hizo el esfuerzo de reunirse con los dirigentes durante más de 60 días que duró la caminata desde Trinidad.

Podría decirse que, en el caso de esta última marcha, el pliego de demandas fue presentado un mes después de iniciada la protesta y sin un aparente consenso entre las comunidades vinculadas en el problema. Además, la movilización sufrió una injerencia directa de algunas organizaciones no gubernamentales y de algunos partidos políticos, como el Movimiento Sin Miedo (MSM), y algunos de sus dirigentes fueron cuestionados por varios actos personales.

Aunque esas acciones del movimiento indígena no le quitan legitimidad a su demanda, en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), han creado un escenario apto para la estrategia gubernamental de defenestrar la marcha y sus objetivos. Entonces, políticamente se convierte en un problema difícil de atender por parte del Gobierno.

Pero, debido a sus intereses (geopolítico o de política pública, los más visibles), la administración de Evo Morales ha hecho todo lo posible para enlodar la crisis por sí sola, desde el principio hasta el final. Consciente de que el mecanismo de consulta previa para estos casos es vital, omitió ese trámite, que en julio del año pasado fue el argumento central de los indígenas para objetar la construcción.

A esa acción hay que sumarle una serie de errores políticos, que en el año de las manifestaciones lo único que hicieron fue separar al movimiento indígena del Gobierno, que en las elecciones de 2005 se había arropado de esa condición. Que Morales diga que la carretera se hará “sí o sí”, no fue el mejor mensaje. Pero la represión violenta de Chaparina terminó de consumar ese divorcio.

Sin embargo, el error más grave fue la promulgación de una ley contra otra ley. Si bien la firma de la Ley 180 (que declara la intangibilidad del TIPNIS) pareció resolver el conflicto, la 222 (de consulta previa) germinó la IX marcha.

Aunque el Tribunal Constitucional obliga un punto intermedio entre ambas (consenso para la consulta), la salida en apariencia es política, y ésa puede ser fojas cero: comenzar un nuevo proceso a partir de reglas claras en un consenso sobre la Ley Marco de Consulta Previa.

Sin embargo, ¿querrán ambos acordar eso? La disputa es también política por donde se la vea.

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