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Hasta hoy el ordenamiento jurídico no garantiza ni expresa los derechos de la mayoría de la población. Es más, sobre todo, estos últimos años, dicho ordenamiento se ha tornado servil al poder político. No cabe duda que el sistema jurídico en nuestro país padece de una enfermedad crónica, el divorcio entre la perfección formal de los ordenamientos jurídicos y la inefectividad que los mismos tienen a la hora de ser llevados a la práctica. Ésta contradicción se ha profundizado con el actual gobierno, porque todo nuestro ordenamiento se mueve en el péndulo de un régimen que se sitúa entre dictadura y democracia o finalmente en una dictadura democrática. En este sentido, cae como anillo al dedo la historia de un estéril bovarismo nacional del que hablaba Antonio Gramsci en el Universal ilustrado de 1917 –a quién tanto gusta citar Álvaro García Linera– en el que realidad y deseo caminan separados por un inmenso abismo. Nuestra justicia en Bolivia sufre de este bovarismo hasta en el mismo núcleo de su ser. No es gratuito que se haya venido aplicando leyes y sistemas extraños a nuestra realidad; pues, sencillamente, porque los problemas nacionales jamás han sido resueltos, sucesivamente, uno detrás de otro, sino que se han ido acumulando en forma de expectativas, intereses y necesidades sin posibilidad alguna de darles una satisfacción adecuada.
No se necesita definirse antiimperialista o anticolonial, para saber que nuestra historia vivió jalonada por las tiranías, los gamonalismos, las dictaduras y el gorilismo, las oligarquías, los paternalismos, los tercerismos, el populismo y la democracia; éstos se han ido sucediendo y han venido acompañados por continuas violaciones y tensiones de las normas que proclaman y defienden los derechos humanos de las personas. El populismo de hoy, mal llamado gobierno progresista, sin duda, de manera demagógica durante este decenio de vacas gordas debido al elevado precio de los hidrocarburos a nivel internacional, se empecinó en introyectar en la conciencia nacional la idea de soberanía; pero, bajo esa apariencia y absurda concepción de ser libres solo se han forjado nuevas cadenas que nos desangran por ideales extraños. Pues, el comunismo chino o la Rusia de Putin, nos son tan extraños como el sueño americano.
Nuestro ordenamiento jurídico está cimentado sobre unos criterios axiológicos caducos y desfasados, y, por esa razón, la corrupción se ha hecho nido en todos los niveles. Tenemos un ordenamiento divorciado de la realidad de las personas, y, absolutamente, vertical y burocrático. Es hora de introducir de manera seria el tema de la liberación en el derecho. Pero hasta ahora, ni se ha entendido y mucho peor aplicado el liberacionismo en nuestro ordenamiento. Esta tradición tan rica en nuestro continente, que se remonta a los primeros años de la colonia en hombres como Bartolomé de las Casas, Mons. Romero, Ignacio Ellacuría, Luis Espinal o la Teología y Filosofía de la liberación, puede aportar elementos suficientes para darle un nuevo rostro a la justicia. Cuando se habla de Derecho Alternativo, no solo se trata de rechazar el monismo jurídico, que ve al estado como el único sujeto creador de derechos. Sino que las masas desprotegidas deben de reapropiarse del poder que palíe la insatisfacción de sus necesidades y carencias. La introducción de la Liberación en el Derecho implica luchar contra el sistema vigente y apuntar a que las comunidades se constituyan en actores creadoras de sus propios derechos y representantes directos de sus reclamos. El nominalismo del ficticio estado plurinacional, no ha hecho sino preocuparse por el formalismo antes que la liberación, y, no solo en el campo jurídico, también en las otras parcelas de la vida nacional.
Los actuales candidatos a las altas esferas del sistema jurídico en nuestro país, ni en sueños se les ha asomado la idea de asociar productivamente liberación y derecho, a pesar de que es de uso corriente este término en el discurso presidencial. Un nuevo Derecho Alternativo que tome en cuenta la liberación en su comprensión más honda, debe considerar los valores, las necesidades y un concepto de justicia plural, como elementos esenciales a la hora de interpretar una norma jurídica.
Mientras el ordenamiento jurídico esté a los pies del poder político, el camino hacia el voto nulo, el próximo 3 de diciembre, es la opción más democrática de ejercer el derecho a discernir con el poder. Sin Liberación y Justicia de la mano, no hay norma jurídica justa.
Iván Castro Aruzamen
Teólogo y filósofo
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