GREMIOS PERIODÍSTICOS DÉBILES

Señores: ANPB, APLP, ASBORA y ciudadanía latinoamericana:

1. Estaba dicho. Hace un tiempo, decíamos que los periodistas bolivianos (trabajadores de creación y difusión intelectual y edición digital-física) trabajan (trabajamos) en medio de debilidades varias, especialmente cuando se trata de defender nuestros derechos, personales y laborales, y que las dirigencias de los gremios asumen conductas erráticas. Lo registramos, en nuestro libro “Neoliberalismo Mediático” (El Alto 2011 págs. 178-179). Lo prueba lo ocurrido con el periodista Rogelio Peláez Justiniano, director del mensuario “Larga Vista”, que investigó los juicios derivados de la millonaria estafa, de Dante Escobar y sus secuaces, a miles de jubilados estatales y al Estado (casos FREP y FOCSSAP II).
2. Carta Uno. En fecha 11-septiembre-2010 las asociaciones: Nacional de Periodistas de Bolivia ANPB, de Radiodifusoras de Bolivia ASBORA, de Periodistas de La Paz APLP y, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia CSTPB, con la firma de sus dirigentes, Ronald Grebe, Raúl Novillo, Antonio Vargas y, Tito Pacheco, solicitan a la Vicepresidencia del Estado (Presidencia del Órgano Legislativo) auditorías a los procesos judiciales FREP y FOCSSAP II y al Juicio Penal contra Peláez instaurado por el (“prestigioso”) abogado Waldo Molina Gutierrez “quien (mediante acoso fiscal-judicial) logró (del juez penal de La Paz, Rene Delgado) una sentencia de 2.6 años de cárcel contra nuestro afiliado Rogelio Peláez más pago de costos judiciales por presunta calumnia y difamación” por la denuncia periodística de estafa al Estado.
3. ntención Plausible. La carta de las cuatro instituciones señala que por su trabajo de defender a 285 clientes, el abogado Molina debía cobrar 10% de Bs.2.3 millones pero terminó cobrando Bs.3.283.798 con autorización expresa del juez penal de La Paz, Aníbal Miranda. Este ilegal cobro fue denunciado ante fiscalías y juzgados, por Gabriela Veizaga, del Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, y por Fabiola Zalazar el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE a cargo del ex FOCSSAP; ambas (que no pudieron evitar ese pago ilegal) reclaman la devolución pero que las demandas contra el abogado Molina “deambulan por Fiscalías” y no avanzan. En el juicio contra el periodista Peláez, el abogado Molina “llegó al extremo de adjuntar pruebas, de manera ilegal y extemporánea, después de dictada la sentencia según consta en el proceso”. La intención parecía plausible; nuestros gremios defienden a un periodista y cumplen con su obligación, y el Parlamento (primer Poder del Estado) tiene plena potestad para investigar y fiscalizar al Poder Judicial, con informes orales o escritos, e inclusive con interpelaciones. Pero… ¿hasta dónde llegó esa buena intención?
4. “Acuerdo privado”. En fecha 3-diciembre-2010, tres firmantes de la Carta Uno: Grebe, Vargas y Novillo (excepto Pacheco de la CSTPB) firman con el abogado Waldo Molina (a quien denunciaron por criminalizar el trabajo periodístico de Pelaez) un “Documento Privado de Acuerdo voluntario”, basado en el art. 519 del Código Civil, e indican que no fue pretensión de la Carta Uno “dañar el honor y la imagen de dicho (‘prestigioso’) profesional (y se lamentan que) se haya sentido perjudicado con dicha carta”, misma que “había sido transcrita por un medio de prensa de responsabilidad del periodista Rogelio Peláez (Larga Vista)” (¿eso no es censura periodística?) y se comprometen a retirar la nota enviada a la Vicepresidencia el 11-septiembre-2012 porque el pedido de auditoría e investigación de esos dos juicios y otros pactos sucios de dos jueces y un abogado “corresponde a la justicia asumir su rol (¿de auto-investigarse?) en razón de ser independiente en nuestro país”. El abogado Molina se da por satisfecho con la actitud (y firmas de los dirigentes) Grebe, Vargas y Novillo; solicita que “en el futuro no se incurra otra vez en este tipo de aseveraciones”, comprometiéndose a “no asumir ninguna acción judicial (…) dando por concluido este enojoso incidente”.
5. Vergüenza Uno. Ese “Documento Privado de Acuerdo voluntario”, probablemente redactado por el abogado Molina, muestra: a) una poco disimulada solidaridad de nuestros gremios, ANPB, ARBORA y APLP con el abogado que logró (vergüenza judicial mediante) sentencia de prisión de 2.6 años contra el periodista Peláez que denunció la estafa de un abogado al Estado con la complicidad de jueces; b) se defenestra (desde gremios de periodistas) al periodista Peláez por publicar una probada denuncia de cobro ilegal de dineros del Estado en que incurrió el abogado Molina; c) esos gremios incurren en una vergonzosa censura, de dirigentes de periodistas, en contra de un periodista que denuncia corrupción.
6. Carta Dos. En fecha 5-diciembre-2012, los dirigentes de gremios de periodistas, Grebe, Vargas y Novillo (excepto Pacheco) entregan a la Vicepresidencia otra carta, en la que retiran la nota enviada el 11-septiembre-2010, porque “su contenido corresponde ser atendido por la justicia ordinaria” (¿cómo?).
7. Vergüenza Dos. La Carta Dos, acordada con el abogado Molina en el “Documento Privado de Acuerdo Voluntario”, nos demuestra que: a) los tres dirigentes (en nombre de nuestros gremios, sin vergüenza alguna) “borran con el codo lo que firmaron con la mano”; b) se deja impune el esclarecimiento de las acusaciones de corrupción contra Molina y contra el juez Miranda, que la justicia y la Fiscalía no pudieron (no quisieron) aclarar; c) el abogado Molina tiene más poder que tres gremios de periodistas juntos, para censurar una investigación periodística que buscó respaldo institucional del Parlamento; d) nuestros gremios, especialmente ANPB, ARBORA y APLP, son débiles en extremo ante las chicanas de un (“prestigioso”) abogado romano que parece tener mucho poder (económico-político); e) el periodismo queda (vergonzosamente) arrodillado y humillado ante un descarado (y demostrado) caso de corrupción.
8. Doble complicidad judicial. Si bien el Tribunal Departamental de Justicia anuló (el 6-noviembre-2013) la sentencia de reclusión contra el periodista Peláez y el Tribunal Supremo de Justicia ratificó (el 28-abril-2014) quedan pendientes: a) Investigar al juez René Delgado, quien no explicó su ilegal conducta judicial (de no aplicar nuestra Ley de Imprenta pero sí penalizar el trabajo del periodista Peláez) o su posible complicidad (“consorcio”) con el abogado Molina; b) Instaurar juicio al juez Anibal Miranda que ya fue imputado (en fecha 24-enero-2014) por los fiscales: Elsner Cruz, Magaly Gonzalez y Fernando Villarroel; c) Investigar a los fiscales: Marco Antonio Rodríguez, Milene Alba Balboa y Aldo Ortiz Troche, quienes actuaron en complicidad con el (“prestigioso”) abogado Molina (Caso 2234/2010 de la Fiscalía de La Paz); d) que los tribunales de honor de los tres gremios aludidos asuman su responsabilidad e investiguen la conducta de dirigentes de conductas más que dudosas; e) que los periodistas ejerzamos un riguroso control, social e institucional, a nuestros dirigentes y gremios.
9. Complicidad dirigencial. Con el mayor respeto a los dirigentes: Grebe, Novillo y Vargas (éste último candidato en 2014 a senador por MSM): Lo antedicho es un (funesto) precedente para futuras investigaciones periodísticas, porque nuestros gremios (bajo su debilitado “liderazgo”) se arrodillaron ante un sucio consorcio judicial-abogadil. Esta vergüenza le permitirá al (“prestigioso”) abogado Molina persistir en sus chicanas y aumentar el acoso judicial contra Peláez. Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
10. Periodista delatado. A este paso, afiliarse, como periodista o radialista, a ANPB, ARBORA y APLP, es arriesgar el pellejo. Contra todo principio institucional y ordenamiento legal, los dirigentes de esos tres gremios, abandonan y delatan a periodistas. Eso le pasó a Peláez.

Juzguen ustedes, entrañables lectoras y lectores y, por favor, disculpen que hayamos abordado este ingrato asunto pero nuestra Constitución manda: “Ama sua, ama llulla, ama khella”. Ya vendrán mejores tiempos institucionales. Les recuerda siempre, y con mucho aprecio.

Edgar Ramos Andrade. Huanuneño (minero) de origen, alteño por radicatoria e hijo, adoptivo y temporal, de la Madre Tierra por convicción. Comunicador e Investigador Social graduado de la Universidad Nacional de La Plata- Argentina. Autor de los libros: “Neoliberalismo Mediático” (El Alto 2011), “aGONIa y Rebelión Social. 2da Edición actualizada” (El Alto 2013), entre otros. Tel. (00591) 77220736 Correo-e: [email protected]

P/D: Todas y todos, estamos invitados a la Presentación de nuestro libro “aGONIa y Rebelión Social. 2da Edición” a horas 18:30 del jueves 25-septiembre-2014 en la Vicepresidencia, calle Ayacucho esquina Mercado, ciudad de La Paz.