MASACRE DE CHAPARINA

En este contexto de la histórica lucha de los pueblos indígenas, el año 2011, se realizó la VIII marcha para evitar la construcción de una carretera por la zona núcleo del TIPNIS. Esta marcha fue protagonizada por los pueblos y comunidades indígenas de tierras bajas y altas y se realizó entre agosto y octubre del año 2011 entre Trinidad y La Paz en rechazo a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. La autoría de la VIII marcha indígena fue atribuida por el Gobierno del MAS a las ONG, cuando en realidad “los marchistas del TIPNIS fueron secundados por el conjunto de la estructura organizativa del movimiento indígena de tierras bajas, de la que son parte orgánica y que se expresa en la CIDOB”.  

Así, entre el 15 de agosto y el 19 de octubre de 2011, los pueblos y comunidades indígenas de tierras bajas y altas de Bolivia protagonizaron una marcha desde Trinidad hasta La Paz rechazando la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que pretendía pasar por el corazón del territorio indígena. La marcha indígena partió de Trinidad y llegó a La Paz y, luego de más de más de 60 días de caminata, consiguió la promulgación de la ley corta de preservación del TIPNIS: ley 180 y la correspondiente declaración de intangible. Ante la presión del movimiento indígena y el pleno respaldo del pueblo boliviano, el Gobierno no sólo se vio obligado a interrumpir el proyecto carretero en su tramo II, sino a prohibir el paso de cualquier carretera por el parque nacional.     

La masacre del 25 de septiembre de 2011

Mientras la columna de la marcha se dirigía a la sede de gobierno, fue intervenida violentamente por la policía, que dejó decenas de heridos (74) y detenidos, entre ellos Fernando Vargas, presidente de la Subcentral TIPNIS (que es la máxima instancia organizativa de las comunidades que viven en el parque nacional y territorio indígena), quien sin embargo logró re-articular la movilización para continuar la caminata. “No sólo fui yo, los valerosos hermanos indígenas son los verdaderos héroes. Todos fuimos golpeados, enmanillados, y sometidos por la Policía boliviana. (No obstante), pese a la represión, conseguimos llegar a La Paz para que el presidente nos escuche”, recuerda Vargas. Aquí conviene referir la lúcida percepción de Alejandro Almaraz en el sentido que: “A los defensores del TIPNIS no les pudieron impedir marchar con amenazas, ni con sobornos, ni con el cerco policial, ni con el bloqueo de colonizadores, ni con la brutal represión, ni el secuestro masivo”.

Fernando Vargas[2], un dirigente moxeño de 50 años, emergió a la vida pública desde la violencia de la represión policial a una columna de 1.500 indígenas, que marchaban a La Paz con la demanda de la protección del TIPNIS y la vigencia plena de sus derechos económicos, sociales y culturales. Según Vargas, “No se hubiera hecho nada sin la participación de todos los marchistas, lo que estamos haciendo es luchar por la defensa del medio ambiente y la biodiversidad”. La televisión captó el momento en que nueve policías se abalanzaron sobre él, quien se escabulló entre las botas, pero, según dice, “me tumbaron, me volvieron a patear, con la orden de deshacerme la cara”, relata el dirigente indígena.

En este contexto violento y re(o)presivo, de acuerdo con las políticas del gobierno del MAS, los marchistas indígenas no merecían sino ser gasificados, amordazados, maniatados y subidos a golpes al bus para que los hagan desaparecer, todo “por su propia seguridad”. Es por tanto evidente que el Gobierno del presidente Evo está cometiendo una serie de abusos y atropellos: “nos reprime, golpea, gasifica y viola nuestros derechos”.

Aún cuando las noticias del bloqueo en San Borja, que obligó a los buses a girar con rumbo a Rurrenabaque, y las imágenes televisivas del “operativo de evacuación” en San Miguel de Chaparina eran trágicas y penosas, el gobierno del presidente Evo optó por continuar con la “evacuación”. Cuando Giga-visión y PAT comenzaron a difundir las filmaciones del operativo, en la que se vio a los indígenas golpeados, maniatados y amordazados con cinta masking, el ministro Llorenti comenzó a hablar de “un enfrentamiento” entre uniformados y originarios que jamás sucedió.

En ese momento el Gobierno decidió gestionar aviones con la Fuerza Área, Tito Gandarillas dijo que la orden se “coordinó” con el comandante de las FFAA y desde el Palacio de Gobierno se solicitó otro avión a la agencia estadounidense NAS. Sin embargo, el intento por “evacuar” a los marchistas por vía área también fracasó. Los pobladores de Rurrenabaque se enteraron de la llegada de los buses en la madrugada del 26 de septiembre y tomaron la pista, los aviones no pudieron aterrizar y los detenidos fueron rescatados. 

El operativo policial fue abortado principalmente por la reacción solidaria de los pobladores de San Borja y Rurrenabaque, que les cerraron el paso a las caravanas policiales y retuvieron a los vehículos que trasladaban a los marchistas detenidos y les obligaron a liberarlos. La acción más importante es que los takanas tomaron la pista de aterrizaje para evitar que los marchistas sean “devueltos” por la fuerza a sus comunidades.

Tres años de impunidad

A tres años de la represión policial en Chaparina, las investigaciones sobre la contención violenta de los marchistas indígenas no avanzan y hasta hoy permanecen estancadas. No obstante, las organizaciones indígenas continúan denunciando las incesantes vulneraciones gubernamentales de los derechos de los pueblos indígenas (vejaciones, torturas y allanamientos de domicilio) y exigiendo que se investigue la violenta intervención a los marchistas de la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS, es decir quién o quiénes dieron la orden de intervenir y reprimir brutalmente a los indígenas y dispersarlos y desaparecerlos.

La investigación de la Fiscalía por la violenta y cobarde represión policial contra los indígenas marchistas en Chaparina, reiteramos que -hasta el día de hoy- está frenada y corre el riesgo de cerrarse y/o extinguirse. Existe, pues, una clara denegación y retardación de justicia. La ex autoridad del Conamaq, Rafael Quispe, denunció que mientras el proceso por la retención (que no secuestro) del canciller Choquehuanca avanza, la investigación por lo sucedido en Chaparina está paralizada en la Fiscalía. Quispe dice que “parece que hay una instrucción para dejar de lado la investigación de la represión”.

Hasta hoy, sólo “hay una simulación de investigación” (según W. Albarracín), tanto que el Ministerio público no tiene ningún resultado concreto sobre la acción investigativa contra los que instruyeron y materializaron la represión contra los indígenas que fueron maniatados y obligados a abandonar la marcha. No olvidemos que la intervención a la marcha indígena en Chaparina implica la más flagrante vulneración de los derechos de los pueblos y naciones indígenas, quienes fueron violentamente reprimidos, amordazados, golpeados y retenidos contra su voluntad.  

La falacia de “la ruptura en la cadena de mando”   

A estas alturas, hablar de la “ruptura en la cadena de mando” no es más que una vil patraña. El ex viceministro de Régimen Interior, G. Torrico, afirmó que la investigación debería hallar responsabilidad en alguna autoridad, según él “la teoría” de la ruptura en la cadena de mando es insostenible. “Es imposible que se haya dado una ruptura, no hay siquiera una probabilidad. Es una falta total a la verdad pretender que la Policía actuó así”.

En realidad, no existe voluntad política alguna para esclarecer los hechos, aunque recordemos que, en noviembre de 2011, el vicepresidente García Linera dijo que el Órgano ejecutivo ya conocía quién había dado la instrucción para intervenir la marcha indígena y hasta ahora nada de nada, ¿es Linera un encubridor? El ex viceministro Torrico afirma que existe un encubrimiento. “Si existiera un sistema judicial independiente ya se habría convocado al Vicepresidente del Estado, porque él dijo que sabía quién había dado la orden. Eso en el Código penal es encubrimiento”.

El presidente Evo obviamente negó, en más de una oportunidad, haber dado la orden para que la policía intervenga y por tanto rechazó tener cualquier responsabilidad en relación con el violento operativo policial del año 2011. El Gobierno ladinamente mantiene la versión de que la violencia policial en el operativo del 25 de septiembre fue “un exceso” generado por efectivos de la institución policial y niega cualquier responsabilidad del presidente Evo con la orden de intervenir la marcha. Al parecer le es irrelevante que existan serios indicios de la autoría intelectual de los más altos niveles del Gobierno sobre estos hechos o que varios y altos voceros gubernamentales hayan afirmado que la represión de la marcha fue “una decisión de Gobierno” (Llorenti). De aquí la lógica indignación del presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, “nos sorprende que (el presidente Evo) diga que no supo nada de la intervención del 25 de septiembre. ¿Quién manda entonces en las Fuerzas Armadas y en la Policía?”.       

Perspectivas y desafíos

El conflicto por la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que pretende atravesar por el corazón y núcleo del TIPNIS, que es la zona de recarga acuífera más importante del país, así como la misma movilización de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), generó una serie de enfados, cuando no rencores y crueles ataques del presidente Evo, quien acusó a la VIII marcha indígena (por la defensa del TIPNIS) de buscar derrocarlo e incluso afirmó –arteramente- que las organizaciones indígenas ya se habían distribuido el gabinete ministerial, además de la Presidencia y la Cancillería. “Algunos ‘hermanos’ nos han denunciado que en el trayecto se han repartido la presidencia, vicepresidencia, cancillería y algunas embajadas”. Es en verdad artera y tramposa esta actitud presidencial.     

La dirigencia indígena deploró los violentos ataques del Presidente Evo. Fernando Vargas, presidente de la subcentral del TIPNIS, afirmó que Evo (Morales) faltó a la verdad cuando los acusó de buscar su derrocamiento. “Presidente, no mienta. Nadie pensó en tumbarlo. El presidente vive una crisis mental, todo el tiempo piensa que lo quieren derrocar. La marcha sólo buscó el respeto a nuestro territorio, a nuestra casa grande. Nosotros no nos oponemos al desarrollo, ni a la carretera, lo único que queremos es que no pase por medio del TIPNIS”, afirmó la autoridad indígena. Lamentablemente, el gobierno ha establecido “la mentira como instrumento de gobernabilidad”.                       

En general, son pavorosas las decisiones del Gobierno del presidente Evo, sobre todo en relación con los pueblos indígenas de tierras bajas y también con respecto a la construcción de la carretera que afectaría severamente el medio ambiente. Lo ha dicho muy bien el secretario general de la COD de Santa Cruz, Feliciano Carrillo, “los trabajadores no entendemos la actitud del Gobierno, el presidente Evo antes se llenaba la boca con la defensa de la madre tierra y ahora quiere dañar la reversa ecológica del TIPNIS”.

Esto implica que Morales dejó de ser defensor de los indígenas, de hecho pasó (en muy poco tiempo) de defensor a represor, expresado en determinadas acciones como la sistemática violación de los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente es evidente que hay otros dirigentes indígenas, como Fernando Vargas, Adolfo Chávez, Pedro Nuni, y no sólo varones sino también mujeres como Nazareth Flores, Miriam Yubánure, Yenny Suarez, y sobre todo Bertha Bejarano, que representan, con integridad, dignidad y consecuencia (“seguiremos luchando así nos cueste la vida o nos metan a la cárcel”), las demandas, las luchas, las revueltas y el propio compromiso ético político con la emancipación y liberación de los pueblos y naciones indígenas.