4 de cada 10 mujeres sufrió violencia sexual en Quillacollo

Magaly Chávez, coordinadora de Programas de Alianza por la Solidaridad, Organización No Gubernamental (ONG) española, informó sobre un estudio que realizó esta institución acerca de los casos de violencia sexual ocurridos en la provincia de Quillacollo, Cochabamba. En este informe se destaca que cuatro de cada diez mujeres sufrieron algún tipo de violencia sexual.  

“Muchas de ellas han sufrido abuso desde niñas y esto se ha repetido. Cuando son mayores algunas veces se piensa, en el caso de que se trate de su pareja, no fue una violación porque se trata de su marido o concubino y tendría que haber existido un consentimiento”, detalló.

Otro dato, hace referencia a que tres de cada diez mujeres sufrieron violación. En dos de estos tres casos, los agresores son el esposo o el concubino de la víctima.  

“Quienes están más expuestas son mujeres que trabajan fuera del hogar, como comerciantes que desde la madrugada salen a trabajar. También las víctimas son mujeres de menos recursos económicos. El mayor porcentaje son las parejas de las víctimas, familiares y a veces compañeros de trabajo”, indicó.

Para obtener esta información, Chávez dijo que se realizó encuestas a 397 personas mayores de edad, se realizaron grupos focales y se obtuvieron 25 entrevistas en profundidad y 15 testimonios de violencia sexual.

Casos resaltantes

En Cochabamba, una mujer de 60 años fue violada por un grupo de amigos de su hijo, que además forman parte de una pandilla. El hecho ocurrió en presencia del joven y éste no hizo nada para defender a su madre de sus agresores, quienes además aseguraron que le “hicieron un favor” a su víctima.

“Tenemos un caso muy lamentable de una mujer de la tercera de edad, de una mujer de 60 años que sufre violencia sexual al interior de su hogar por los amigos de su hijo, su hijo es parte de una pandilla. Ellos van a su casa y la violan en presencia de su hijo”, explicó Chávez en entrevista con ERBOL.

El grupo de jóvenes se reunió en la casa del hijo de la víctima y empezaron a consumir bebidas alcohólicas. Horas después, pidieron a la mujer que les prepare de algo de comer. Cuando ella ya estaba en la cocina, los pandilleros la atacaron por la espalda y la violaron.

“Ella recuerda que al momento de violarla y cuando intentó defenderse, los jóvenes le decían que no se resista porque le decían ‘te estamos haciendo un favor, tú no tienes vida sexual a tu edad’.

Esta mujer por vergüenza no denunció el hecho y no lo va a hacer”, afirmó.

Chávez explicó que existen prejuicios en las denuncias de violación sexual a mujeres mayores porque se presume que las víctimas accedieron a sostener relaciones sexuales con sus agresores. No obstante se instruyó a la mujer sobre los mecanismos para que ella pueda buscar ayuda psicológica.

Otro caso que también resalta en este estudio, es el de una concejala del municipio de Sipe Sipe, que también fue violada por cuatro personas que aún no fueron identificadas ni procesadas porque la mujer no se anima a hacer la denuncia, por temor a represalias personales y políticas.

“Estamos viviendo en una cultura machista, en un país que ve a la mujer como un objeto y a la cual no se respeta porque se piensa que se puede disponer de su cuerpo, lamentablemente es una realidad que la seguimos viviendo”, dijo Chávez.

Justicia comunitaria

Chávez también explicó la forma en que se desenvuelve la justicia comunitaria en el área rural respecto a los casos de violencia sexual, la cual es perjudicial para las víctimas, dijo.

“La Ley establece que ante los delitos de violencia sexual, las autoridades comunitarias deben derivar el caso a la justicia ordinaria, pero la realidad es otra. Lo que hacen es tranzar con los agresores, culpabilizar a la mujer, le dicen que si se denuncia va a ser una vergüenza para ella, para su familia, que su pareja la va a dejar, etc”, dijo.

Cuando el delito es cometido por parte de un hombre a su esposa, la justicia comunitaria califica el hecho como un “asunto privado” y se amedrenta a la víctima asegurándole que su esposo será preso y no habrá quién sostenga económicamente el hogar.

“Además naturalizan el hecho, dicen que así les pasa a las mujeres, ni modo. En las comunidades, algunos agresores son autoridades o tienen cierta relación cercana con ellas. Entonces lo que hacen es proteger al agresor y no dar las garantías a la mujer para hacer la denuncia que corresponde”, indicó.

Cuando se trata del abuso sexual de un padre hacia su hija, las autoridades comunitarias sólo condenan el hecho si la víctima es una niña, pero si es mayor de 18 años, aseguran que fue la agredida quien provocó el delito.

Respecto al rapto con fines matrimoniales, la justicia comunitaria aprueba que una mujer sea “robada” apenas haya tenido su primera menstruación, sin importar si es menor de edad.