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Andrés Zúñiga, abogado de Gabriel Carranza, admitió que su colega y cliente recibió 183 mil bolivianos de parte de una organización de comercializadores de coca, denominados rezagados, pero por concepto de honorarios profesionales brindados para un trámite administrativo y no para “distribuir” entre juez o posiblemente entre algunos ahora exautoridades del Viceministro de Coca.
“La denuncia contra Gabriel Carranza y otros significó a que él aporte una información ante el señor fiscal sobre el trabajo que había realizado como abogado en un trámite administrativo que tuvo el costo de 183 mil bolivianos en un proceso concluido en una resolución viceministerial”, dijo Zúñiga.
Insistió que Carranza recibió este monto de dinero como parte de un pago de honorarios por trámites que en su condición de abogado habría desarrollado ante la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin).
“Ese dinero Carranza no recibió como demandaron los comercializadores en el sentido de que estos recursos habrían sido entregados para distribuir al juez (Sixto Fernández), al ahora exviceministro de Coca Dionisio Nuñez o al señor que era director de Digcoin Luis Cutipa para obtener sus licencias de comercialización de coca”, explicó.
Apuntó que Carranza hizo un cobro de acuerdo al arancel del Colegio de Abogados.
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