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A un año de su liberación, el súbdito norteamericano Jacob Ostreicher ya se encuentra en Estados Unidos, luego de atravesar penurias judiciales en Bolivia y acusaciones de vínculos con el narcotráfico.
Ostreicher fue “capturado” en junio de 2011, guardó detención preventiva en la cárcel de Palmasola durante 18 meses y tuvo que asistir a 30 audiencias hasta obtener el beneficio del arresto domiciliario en diciembre de 2012.
El nombre de Jacob Ostreicher cobra relevancia cuando se desarticula la Red de Extorsión que operaba desde el Ministerio de Gobierno y en la que participaban jueces, fiscales e influeyntes funcionarios de Estado.
El empresario desde 2008 invirtió 25 millones de dólares en una industria arrocera. Dijo que una empleada suya, la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, lo estafó y compró terrenos a su nombre. Uno de los operadores de este suceso fue el narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado.
Rodríguez Espitia hizo negocios con Ostreicher supuestamente para invertir en Bolivia, pero posteriormente fue denunciada por actos ilegales y se la vinculó con el narcotráfico.
Un informe del FBI -difundido por la Estrella del Oriente- hace referencia que Claudia Liliana Rodríguez Espitia fue estudiante de derecho en Suiza, que aseguraba tener buena posición económica y ser hija de una reconocida juez en su país, el documento investigativo asegura y cuando vivía en Ginebra, ella llegaba todos los días a la Universidad en un vehículo con chófer.
Rodríguez trabajó posteriormente con André Zolty. Éste contactó a ella con Jacob Ostreicher para que juntos realicen una millonaria inversión en Bolivia, que consistía en el cultivo de arroz en el departamento de Santa Cruz y la cría de ganado de alta pureza y mejorado genéticamente.
Sus acusadores (de Ostreicher) frecuentemente mencionaron que el estadounidense disponía de recursos mal habidos. Cuando estuvo detenido de nada sirvió que denunciara que los abogados del Gobierno: Boris Villegas, Fernando Rivera,, Dennis Rodas y José Manuel Antezana Pinaya intentaron extorsionarlo para concederle la libertad.
La verdad de Ostreicher
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en su momento certificó, tras una pericia, que el patrimonio de Jacob Ostreicher tiene un origen lícito y el Banco Central de Bolivia fue quien recibió los 27 millones de dólares a través de 173 envíos que hicieron desde Suiza los socios del súbdito estadounidense mediante la Unión de Bancos Suizos (UBS).
Esta afirmación la hizo Jimmy Montaño, abogado de Ostreicher, quien dijo que dicha certificación está incluida dentro los 1.500 documentos que presentó la defensa de Ostreicher como pruebas de descargo que tienen que ver con el origen, transferencia, recepción e inversión del dinero.
“Se han presentado 1.500 documentos de descargo que demuestran el origen lícito del dinero, las transferencias lícitas de dinero. El dinero que llegó a Bolivia contó con todos los controles del Banco Central de Bolivia, ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) y la Unidad de Investigaciones Financieras. No llegó ni un centavo en efectivo, todo el dinero llegó de banco a banco”, enfatizó.
El 24 de enero de 2013, Erbol consultó al presidente del Banco Central, Marcelo Zabalaga, sobre la transferencia a la que hace referencia la defensa de Jacob Ostreicher, dicha autoridad se limitó simplemente a indicar que no conocía del hecho y que tendría que consultar a la Gerencia de Operaciones Monetarias.
“No tengo idea, la respuesta es no tengo idea, tendría que consultar a la Gerencia de Operaciones Monetarias si es que efectivamente ha ingresado ese dinero”, manifestó.
El abogado Montaño dijo que la imputación del Ministerio Público contra su cliente por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal, no cuenta con ninguna prueba fehaciente, y que todo se basa en hipótesis de los fiscales asignados al caso.
“El Ministerio Público ordenó una auditoría forense, la cual estableció que el dinero es lícito, que el dinero fue invertido en una actividad lícita como es la actividad agropecuaria y la prueba más fehaciente es que se tuvo una cosecha de 20 mil toneladas de arroz, de la cual malos funcionarios de gobierno se apropiaron de 13 mil toneladas. Lo concreto es que no hay ninguna prueba en contra de Jacob, por eso consideramos que es un proceso injusto, que es un proceso sin pruebas y es por eso que demandamos su libertad”, enfatizó.
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