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Ante el anuncio del presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, de expulsar a la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), EEUU lamentó la decisión y negó rotundamente las acusaciones de intromisión política que alegó Evo Morales.
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Durante un acto organizado con motivo del 1 de mayo en la plaza Murillo de La Paz, el Primer Mandatario justificó esta decisión, señalando que esa entidad norteamericana había actuado en contra de su gestión gubernamental.
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“Es un instrumento normativo interno, disciplinario para nosotros, porque creemos que todos debemos actuar conforme a determinados principios y a determinadas acciones que vayan acordes a la leyes y a la ética”, señaló el vocal Paredes.
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El Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara Alta cerró filas en torno al fallo del TCP que habilita al presidente Evo Morales a una nueva reelección, aspecto que fue elevado a consulta por el Senado en el proyecto de Ley de Aplicación Normativa.
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La Corte Internacional de Justicia de La Haya "simplemente ha seguido los trámites administrativos" al aceptar la demanda de Bolivia, pero ello no significa aún un pronunciamiento de fondo sobre el proceso, afirmó este martes el canciller chileno Alfredo Moreno.
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La dirección nacional del MAS a través de su vicepresidenta Concepción Ortiz aseguró que en ningún momento el Primer Mandatario cambió de opinión sobre una reelección presidencial, sino que simplemente se vio “obligado” a participar por sugerencia de las organizaciones sociales.
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El canciller boliviano David Choquehuanca y el Embajador Plenipotenciario ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya Eduardo Rodríguez Veltzé informaron que esa instancia internacional admitió la demanda presentada por Bolivia contra Chile.
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La diputada de Convergencia Nacional, Jéssica Echeverría, pidió hoy al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, un informe para que aclare por qué recibió donaciones del empresario francés Pierre Groleau, presunto propietario de una red de bingos clandestinos.
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Una fuente del propio TSE comentó a Erbol que esta medida sería “inconstitucional” e “ilegal” por intentar coartar la libertad de expresión e información que debe salir desde las autoridades electorales hacia los medios de comunicación y a la población.

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