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El jefe de la Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara Alta, Eugenio Rojas, repudio que se proteja al exviceministro de la Mediana y Gran Empresa, Eduardo Peinado, quien está involucrado en el caso Papelbol, mismo que representó un daño de 13.5 millones de dólares al Estado.
A decir del oficialista, es necesario que las autoridades judiciales investiguen bien el hecho, ya que no es posible que una exautoridad se ampare en supuestos parentescos familiares para eludir a la justicia, más aún cuando en su contra ya existe una resolución de detención domiciliaria que no se cumple porque ahora trabaja para Jindal Steel Bolivia (JSB)).
“No puedo pensar que se está protegiendo. Ahora, si está ya trabajando, eso es gravísimo. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto rápidamente, el Ministerio Publico debe empezar a investigar, sobre todo, si existen estas irregularidades”, exclamó el asambleísta.
En esa misma línea y sin conocer bien el caso, el senador Adolfo Mendoza pidió que se identifique las condiciones (judiciales) sobre el caso. “No puedo emitir un criterio al respecto hasta no tener la información sobre el caso”, argumentó.
Mientras que el diputado Roberto Rojas manifestó que es deplorable que exista algún tipo de protección hacia malos funcionarios, por lo que exhortó a las instancias competentes investigar porque Peinado trabaja en Jindal y no cumple su detención.
“La persona sobre la cual existe alguna irregularidad o protección de parte del gobierno, dentro de la estructura, se tiene que denunciar, caso contrario (quien protege) se convierte en cómplice (...) Ningún parentesco familiar debe valer”, sentenció el legislador.
El proceso
Ya en febrero pasado la fiscal anticorrupción asignada al caso, Edna Montoya, anticipo la detención preventiva contra Peinado. Sin embargo, hasta la fecha no se emitió ninguna resolución al respecto, por lo que el exviceministro goza de la detención domiciliaria, aunque diariamente representa a Jindal.
Los datos sobre el acusado, recabados por la Fiscalía, advierten que existe “riesgo de fuga y obstaculización de la investigación judicial”, ante lo cual todavía no se pronuncio ninguna medida sustitutiva.
Entre los delitos cometidos por el exfuncionario resaltan el uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, la conducta antieconómica, faltas que fácilmente son sancionables con entre dos a ocho años de cárcel.
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