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Los firmantes denunciaron el exceso de fuerza y violencia utilizada por la PNC y el Ejército en el desalojo iniciado el 4 de julio contra las comunidades indígenas q'eqchi'es que habitan en el sexto destino turístico más visitado.
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El II Parlamento de Pueblos Indígenas del país denuncia que las comunidades originarias nunca han formado parte realmente del proceso de emancipación nacional y han sido constantemente ignoradas por el Estado.
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Durante el Encuentro Regional de Pueblos Originarios zona norte, en el cerro de La Bufa, organizado por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, Hijos de la Madre Tierra, subrayó la importancia de la participación de estos grupos.
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La secretaria Ejecutiva de la organización campesina, Lidia Limón, adelantó a Erbol que a partir de la segunda semana de este mes se realizarán talleres de capacitación sobres sus derechos, entre otros.
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Los originarios de La Paz, Oruro y Chuquisaca demandaron en 2014 al Segip que sean reconocidos con “nombre y apellido”, es decir, el pueblo al que pertenecen, en el carnet de identidad, sin resultado alguno.
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El responsable del Instituto de Lengua y Cultura del Pueblo Indígena Tapieté, Reynaldo Valderas, dijo que el ministro de Educación, Roberto Aguilar, estará presente y por las comunidades tapietés todos sus representantes.
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Los Jalk'a se encuentran asentados en la provincia de Chayanta de Potosí. Además en el norte y oeste de la ciudad de Sucre, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca.
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La reunión se dio en la entrada del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en el distrito de Tole, donde participaron miembros de la coordinadora indígena por la defensa de los recurso naturales y derechos del pueblo Ngäbe.
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El subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruiz Ortega, indicó que esta dependencia tiene un convenio de colaboración con la Sederec y con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
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Diputados aprobó el Proyecto de Ley 128 que instruye “al Ministerio de Culturas y Turismo, al Gobierno Departamental de Potosí y al Gobierno Municipal de Uyuni, implementar políticas públicas y proyectos para su preservación”.