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En la Colonia San Lorenzo del municipio de Caranavi, departamento de La Paz, los comunarios aseguraron que los interventores del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) fueron “sobornados” por parte de los responsables de un proyecto productivo para que no hagan conocer el aparente “mal manejo de recursos”, sin embargo, este medio buscó la contraparte, la interventora de la entidad estatal, Lariza Fuentes, sólo se limitó a amenazar a Erbol con un proceso si es que se difundía esta nueva denuncia.
En la zona colonizadora (intercultural) se aprobó en 2011 la ejecución del proyecto de cerdos de engorde, con la construcción de chancherías para 28 beneficiarios. Tras un convenio suscrito entre el Fondo Indígena y los pobladores de esa región, que son parte de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), se desembolsó en 2012 cerca de 800.000 bolivianos para su desarrollo.
Sin embargo, en esa población surgieron en junio pasado denuncias en relación a que las chancherías se encontraban a media ejecución y que no todos los beneficiarios recibieron los cerdos, además en la misma oportunidad señalaron que los interventores del Fondioc, responsables de verificar la existencia del proyecto y la inversión del dinero desembolsado, fueron sobornados.
Comida y bebidas
Erbol viajó en julio a la Colonia San Lorenzo, después de que Fuentes se negó a informar sobre este caso. En el lugar, los comunarios aseveraron: “Dos hombres llegaron a la casa del Valentín y les dieron de comer y beber, y plata”, “de noche era la ‘fiesta’, harto han comido”, “se los han puesto todo, solo entre ellos se han reunido”.
Las versiones, entre los pobladores que no quisieron identificarse, variaron. Pero la mayoría aseguró que sentía temor frente a Valentín Suntura, responsable legal del proyecto de chanchos. Incluso denunciaron la supuesta existencia de un instructivo para callar sobre las “irregularidades” en caso de que la prensa empiece a indagar. Nos dijeron que “sólo el presidente Evo Morales iba a quedar mal” si este caso se da conocer, afirmó uno de los comunarios. Otro poblador señaló que también les advirtieron que “nunca más llegará otros proyectos del Fondo Indígena” a esta zona.
Este medio de comunicación constató que algunas de las 28 chancherías no fueron concluidas, otras ya se encuentran abandonadas y en algunos casos los animales no fueron entregados a los beneficiarios.
Por su parte, Suntura desmintió todas las acusaciones en su contra y aseguró que quienes hablan contra él “son opositores”, es decir, gente que se agrupó en una segunda organización de los colonizadores (Caranavi cuenta con dos federaciones y ambas están reconocidas por la CSCIB).
Indicó que los interventores (ocho personas) llegaron en mayo a su pueblo para verificar la ejecución del proyecto productivo. Reconoció que la visita se hizo por la noche, pero enfatizó que no sobornó a nadie y tampoco organizó una fiesta para esos funcionarios. Aseguró que tiene todos los documentos de descargo al día, mismos, que dijo, fueron presentados en enero de 2014.
“Han venido, no tenemos nada que ver (con) sobornar a los interventores (…) en mi comunidad hay dos grupos, yo creo que por ese lado ellos están haciendo esas (denuncias) pero nada ha ocurrido aquí ¿Quién ha dicho eso?”, cuestionó Suntura.
Junto a él manejaron el proyecto de criadero de cerdos: Estefanía Portillo, responsable Administrativa, y Sonia Vargas, responsable de Ejecución.
Proceso a dirigentes
En julio, Erbol volvió a solicitar una entrevista con la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, para tratar de abordar una vez más este tema, pero no hubo resultados positivos. Hace una semana, en su unidad de comunicación informaron que se encuentran en la última fase de las investigaciones sobre la supuesta corrupción en el Fondioc, por lo cual no era posible hablar con la interventora.
Sin embargo, se conoció que en junio, dirigentes de San Lorenzo se reunieron con Fuentes para denunciar este nuevo caso de supuesto soborno a interventores, pero la funcionaria también habría procedido a amenazarlos.
Según la versión del grupo de personas que asistió a la citada reunión, Fuentes les advirtió con iniciarles un proceso si daban a conocer este hecho ante los medios de comunicación.
Nos advirtió que el tratamiento de esta denuncia, por parte de la prensa, sólo “entorpecerían las investigaciones en Fondo Indígena”, dijo uno de los dirigentes.
Intervención
La intervención del Fondo Indígena concluye la próxima semana y para el martes 25 se tiene previsto dar a conocer los resultados de las investigaciones.
En febrero, la Contraloría General del Estado (CGE) presentó la primera parte de la auditoría que solicitó en 2013 el presidente Evo Morales, luego de conocer una supuesta corrupción y proyectos “fantasmas” en esa entidad. De acuerdo con el mismo, se invirtió Bs71 millones para 150 proyectos que no fueron concluidos y otros no fueron iniciados.
Según la lista que hizo conocer la Contraloría General, en este caso están involucrados dirigentes de organizaciones campesinas, indígenas, “Bartolinas” y de colonizadores que son parte del Pacto de Unidad.
En seis meses de intervención, a la fecha son nueve las personas detenidas preventivamente por proyectos que no se ejecutaron.
Entre los privados de libertad están los exdirectores ejecutivos del Fondo Indígena: Elvira Barra de las “Bartolinas” y Marco Antonio Aramayo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) de Melva Hurtado; mientras se desconoce el paradero de Daniel Zapata de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), quien cuenta con orden de aprehensión por no presentarse a declarar ante el Ministerio de Público.
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