Los indígenas están en pie de guerra en Brasil

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Unos 150 indígenas de la Amazonía ocuparon el martes la gubernamental Fundación Nacional del Indio (FUNAI) en la capital de Brasil, parte de una escalada de protestas de los pueblos aborígenes descontentos con el gobierno y con un Parlamento dominado por el lobby de agricultores.

Con sus pinturas tradicionales en la cara y el cuerpo, plumas, lanzas, arcos y flechas, unos 150 indígenas de las etnias Mundurukú, Arara, Kaiapó y Xipaia se instalaron en la sede de la FUNAI.

Ante la mirada curiosa de los brasilienses, un grupo más pequeño de indígenas marchó por la capital para reclamar la atención del gobierno y el legislativo.

Los indígenas llegaron a Brasilia hace una semana para reunirse con el gobierno, tras ocupar las obras de la gigantesca hidroeléctrica de Belo Monte, que es construida en plena Amazonia y a la que se oponen. Pero la reunión no les convenció.

“El gobierno hace decretos que pasan por encima del derecho sobre nuestros territorios, construye hidroeléctricas sin consultarnos, y el Congreso quiere reformar la Constitución contra nuestros derechos”, dijo a la AFP el líder indígena Valdenir Mundurukú.

Las protestas de indígenas brasileños ganaron fuerza en abril, cuando líderes de 121 etnias de todo el país tomaron el plenario de la Cámara de Diputados para reclamar sus derechos y acusaron a la presidenta Dilma Rousseff de “anti indígena” y de favorecer a los agricultores de este enorme país exportador de alimentos.

“Dilma es aliada de quien nos mata, roba nuestras tierras y nos falta al respeto”, dijeron en un comunicado.

“La movilización de los indígenas es una reacción al ataque a sus derechos: el Gobierno ha frenado los procesos de reconocimiento de sus tierras y derechos indígenas reconocidos en la Constitución están en riesgo por iniciativas en el Parlamento, dominado por el lobby de los agricultores”, dijo a la AFP el secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Cleber Buzatto.

En la última semana el gobierno se vio entre dos fuegos cruzados de protestas que llevaron a casi 200 indígenas a la capital.

Por un lado los Terena denunciaron la muerte de un integrante de su tribu en un enfrentamiento con la policía en una hacienda de agricultores del estado de Mato Grosso do Sul (centro oeste), en el marco de un desalojo forzado de esta propiedad que los aborígenes reclamaban como suya.

Por otro lado, los Mundurukú protestan contra la construcción de Belo Monte y otro complejo hidroeléctrico en el rio Tapajós, en el estado amazónico de Pará, para cuyas obras exigen ser consultados.

El año pasado, los Guarani-Kaiowá del centro oeste del país captaron la atención mundial al resistir el desalojo de una hacienda que aseguran está dentro de sus tierras ancestrales.

Ante el aumento de la conflictividad, la poderosa Confederación Nacional de la Agricultura convocó para este viernes a los productores rurales a protestar en las calles.

“No están respetando los derechos de los productores rurales”, denunció la presidenta de la entidad y senadora Katia Abreu.

En Brasil viven 896.900 indígenas, de 305 etnias, en una población total de 194 millones de personas.

Las tierras indígenas ocupan el 12% del territorio, en buena parte en la Amazonía. Hay sin embargo muchas tierras pendientes de reconocimiento en áreas pobladas y ocupadas por colonos para la agricultura.

“Llegamos a una situación en la que los conflictos están aumentando incluso porque las nuevas áreas (en reclamo) están en regiones de mayor concentración de población”, justificó la ministra jefe de Gabinete, Gleisi Hoffmann.

Tras varias ocupaciones indígenas, las obras de Belo Monte han vuelto a la normalidad, informó el consorcio responsable, y los Mundurukú tenían previsto dejar Brasilia y volver a sus tierras el miércoles.

La situación de los Terena en Mato Grosso do Sul se mantiene tensa, después de que la justicia aplazó su desalojo y el gobierno se comprometió a crear una comisión para negociar entre indígenas y hacendados, explicó el coordinador del CIMI en el lugar, Flavio Machado. (AFP)

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