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El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) revirtió bajo la Resolución Administrativa 0010/2014 las 10 mil hectáreas de tierras fiscales de la comunidad 26 de Julio Tierra Nueva del municipio San Javier del departamento del Beni, por no cumplir una función social, se lee en el documento.
En 2010, los campesinos de esa población se beneficiaron con esta superficie (establecida en la Resolución Administrativa RES-DTF No 017/2010) y ahora se quedaron si nada, tras la decisión del INRA, dada en fecha 24 de octubre del presente año.
“Dejar sin efecto la Resolución Administrativa RES-DTF No 017/2010 de 24 de abril de 2010 emitida a favor de la comunidad 26 de Julio Tierra Nueva en una extensión superficial de diez mil hectáreas con cuarenta y cinco metros cuadrados, ubicada en el cantón (actualmente Municipio) San Javier de la provincia Cercado del departamento del Beni, al haberse identificado el incumplimiento de la Función Social verificada en la Evaluación de Asentamiento realizada en el área autorizada (…)”, señala la Resolución del INRA.
En esa población campesina, el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) aprobó en 2011 un proyecto para criar cerdos. En 2012 se hizo un desembolso de 600 mil bolivianos para la construcción del proyecto productivo, pero hasta la fecha no se concreta.
Dos galpones de la obra se levantaron fuera del área comunal, con la inversión de Bs100 mil, constató este año en el lugar la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
El exdirigente de esa población, Jacobo Soruco, quien supuestamente fue asesinado por denunciar corrupción en el Fondo Indígena, también acusó a exdirigentes de traficar madera y tierras de esa comunidad.
Los pobladores del lugar anunciaron que presentarán un amparo constitucional para que no les quiten las tierras que el gobierno les entregó para al menos 150 familias.
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