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El gobernador del departamento de Cochabamba, Edmundo Novillo Aguilar (foto), rechazó este martes la propuesta para despenalizar el aborto en Bolivia promovida por organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, y grupos feministas
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En tres poblaciones del departamento de La Paz, las autoridades originarias decidieron expulsar a adolescentes embarazadas o en concubinato porque serían “mal ejemplo” o “traer mala suerte”, según sus usos y costumbres.
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La despenalización del aborto generó en los últimos días un debate en el país a través de los medios de comunicación de personas jurídicas y naturales que respaldan y rechazan esta iniciativa emprendida por organizaciones no gubernamentales y feministas
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“No soy experto en tema de aborto, hay que debatirlas. Claro cualquier aborto es un delito así entiendo, pero de manera oficial debatiremos en el gabinete (sobre) las discusiones que se están sosteniendo en la opinión pública”, dijo el Presidente Morales.
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Según la funcionaria, al interior del gobierno existe un intenso debate con posturas a favor y en contra, del cual se desprende su opinión por considerar que este es un derecho de las mujeres sobre su sexualidad, aunque admitió que existen otras autoridades que se oponen
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“El proyecto que presentó el magistrado relator no alcanzó el consenso correspondiente y en ese sentido se ha dispuesto enviar nuevamente a la comisión de admisión, luego (realizar) nuevo sorteo del magistrado relator que se va a disponer de 30 días hábiles”, dijo Flores.
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Esa es la premisa de un informe publicado en la revista Current Opinion in Psychiatry donde se examinan las implicaciones de un potencial medicamento farmacéutico dirigido a mantener felices y enamoradas a las parejas.
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Cientos de mujeres jóvenes embarazadas, madres, abuelas no se doblegaron ante las adversidades como víctimas de las dictaduras, siendo recordadas como un ejemplo, símbolos de moral y firmeza revolucionarias.
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La acción directa de inconstitucionalidad contra 13 artículos del Código Penal, redactada por el abogado César Quiroga consultor del IPAS, y firmada por la diputada del MAS Patricia Mancilla, fue presentada en marzo de 2012 ante Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

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