Observan “falsa disyuntiva” para los trabajadores

Redacción: Silvia Escóbar de Pabón

Desde mediados de 2015 la economía de nuestro país ha perdido la capacidad de continuar creciendo al mismo ritmo que antes.

Ha quedado atrás la bonanza asentada en las industrias extractivas y en el aumento de los precios internacionales de las materias primas (gas y minerales), mientras las actividades intensivas en mano de obra como la industria y la agropecuaria pierden dinamismo aceleradamente; solo entre 2013 y 2014estas actividades redujeron su crecimiento en 2,3% y0,8%respectivamente,lo mismo que su participación conjunta en las exportaciones que pasó de 42% en la década pasada a 18% en los últimos años.

De esta manera, la expansión económica ha pasado a depender de las actividades terciarias: administración pública, servicios financieros y seguros, transporte y comunicaciones; por tanto, cada vez menos de las actividades generadoras de riqueza.

Esta tendencia cobra impulso con algunos efectos de la crisis económica internacional, como la fuerte competencia de bienes importados desde los países vecinos que tiene repercusión inmediata en el mercado de trabajo mediante ajustes en el empleo, los salarios y, en gran parte, en ambos factores.

Lejos de la apuesta por la diversificación productiva, la industrialización y el aumento general de la productividad para responder a los cambios en el entorno, los actores gubernamentales y empresariales vienen adoptando viejas prácticas e instrumentos que trasladan los efectos de la contracción productiva sobre las espaldas de los trabajadores.

Esta es la clásica respuesta del capital a las crisis que ya sentó presencia en nuestro medio—la misma que se difunde ampliamente ante el vacío de políticas públicas en el ámbito de la producción y el empleo.

En consecuencia, no es casual que en la negociación salarial entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para la gestión 2016, Evo Morales asuma la demanda empresarial de aplicar políticas de austeridad salarial como medida para enfrentar los actuales y previsibles efectos de la desaceleración económica sobre el empleo.

El argumento central es que una contención de los salarios tendría efectos ocupacionales positivos, contribuyendo a preservar los empleos existentes o a generar nuevos puestos de trabajo.Sin embargo, en un sentido diferente, es posible verificar que la moderación de salarios no esla vía adecuada para mantener o elevar los niveles de empleo.

Así lo demuestran las evidencias disponibles sobre la relación entre los salarios y la creación de empleo en el sector empresarial privado en el país, como se verá a continuación.

La relación entre salarios y empleo

En este análisis se consideran dos períodos.

El primero entre 2006 y 2010,centrado en una política de contención tanto del salario mínimo como del salario básico que dejó como saldo la pérdida del poder de compra del salario medio en el sector privado; el segundo entre 2011-2014, caracterizado por una política proactiva respecto al salario mínimo e incrementos anuales al salario básico superiores a la inflación pasada que permitieron una cierta recuperación de la capacidad adquisitiva del salario medio, pero con una variación o aumento modesto desde 2012, tanto a causa de la inflación como por el incumplimiento de las disposiciones de incremento salarial o prácticas de retiro y contratación de trabajadores con menores salarios.

La información que se presenta en el siguiente gráfico permite verificar que en el período de austeridad salarial los resultados sobre el empleo en el sector empresarial fueron negativos, excepto en 2010 cuando el escenario externo reanudó su dinámica luego de la crisis desatada en años previos.

En cambio, en el período de mejora relativa del salario real los resultados en el empleo fueron altamente positivos. Esto significa que las políticas orientadas a la mejora del salario real —incluso cuando son insuficientes para asegurar todas las necesidades de sustento de los trabajadores—estimulan la demanda interna y el consumo de los hogares con efectos sobre el crecimiento económico y la ampliación de las oportunidades ocupacionales

¿De qué salarios estamos hablando?

Con algún rezago en los datos, el salario nominal promedio o de bolsillo en el sector empresarial privado era de 3.795 bolivianos en 2014, con una fuerte desigualdad entre grupos ocupacionales.

Así, los directivos ganaban cuatro veces más que el promedio, en tanto que en el otro extremo, los empleados y obreros que conforman más del 60% de los trabajadores tenían un salario inferior al promedio, en particular los obreros menos especializados que son los peor remunerados con menos de 2.000 bolivianos mensuales.

Con excepción del personal directivo (gerentes y administradores), los trabajadores del sector empresarial no ganan lo suficiente para cubrir el costo de la canasta básica establecida años atrás por la COB, a pesar de su evidente desactualización.

Si esto es así en este llamado “sector formal” que opera con una productividad mayor en comparación con otros segmentos de la economía y el mercado laboral, se puede concluir que los salarios en Bolivia permanecen en un piso bajo.

Los límites estrechos de la negociación salarial

La negociación del aumento salarial para este año representa nuevamente un gran desafío para los trabajadores. No solamente porque se instala en una fase de desaceleración económica, sino porque la correlación de fuerzas es totalmente adversa para sus luchas por mejores salarios y condiciones de vida.
Muy pronto, desde el ámbito gubernamental y empresarial se plantea una disyuntiva: demandar mayores reajustes salariales o preservar el empleo, renunciando incluso a la reposición del poder adquisitivo de los salarios.

En un país que se caracteriza por la vigencia de bajos salarios para la mayoría de los trabajadores, el gobierno ofrece un incremento de 4% al salario básico, apenas superior a la inflación pasada estimada por el INE en 2,9%, en medio de un persistente cuestionamiento a la pertinencia de su medición.

Los empresarios plantean no reajustar  o fijar el salario en un tope por debajo de la tasa de inflación, usurpando los derechos adquiridos por la clase trabajadora.

En estos términos, se retrocede a una política de austeridad salarial que tiene un alto costo social en términos de la pérdida constante de la capacidad de compra de los salarios.

Por su parte, dejando de lado su reclamo por un salario de 8.300 bolivianos, la actual dirigencia de la COB ha pasado a negociar nuevamente en los límites: solo un porcentaje de aumento, renunciando a la lucha iniciada hace cuatro años por los trabajadores para contar con un salario acorde al costo de vida.

La posición adoptada por estos actores no es otra cosa que la reafirmación del pensamiento económico convencional que postula que el nivel de empleo está determinado a corto plazo por los salarios y, que un menor costo laboral permite márgenes de competitividad y rentabilidad que favorecen a la inversión productiva y, por tanto, la creación de nuevos empleos.

No obstante, la realidad se ha encargado de desmentir ambos supuestos; como se ha visto, ni el nivel del empleo está determinado por los salarios, ni la mayor rentabilidad empresarial se ha traducido en una mejora significativa de la inversión productiva y el empleo, prueba de esto es el llamado gubernamental para elevar la participación del sector privado en la inversión total, en forma recurrente en los últimos diez años.

Más ganancias e impuestos, menos salarios

Mientras esto sucede, la redistribución del ingreso nacional sigue favoreciendo a las ganancias empresariales y los impuestos, mientras disminuye cada año la proporción destinada a los trabajadores quienes con su esfuerzo contribuyen a la generación de la riqueza disponible.

En diez años 2003-2013, la parte que queda en manos de los empresarios aumenta hasta 52,8%, los impuestos casi duplican su porción captando el26%; en cambio, la parte del ingreso que queda en manos de los trabajadores disminuye del 34,5% al 25,6%.

Esto no significa otra cosa que la mayor explotación de los trabajadores por la vía del pago de salarios por debajo del valor de su fuerza de trabajo, es decir, del costo de los bienes y servicios necesarios para que se alimenten, se reproduzcan, se repongan del desgaste que conlleva su esfuerzo físico o intelectual y cualquier otro requerimiento para su sustento y el de su familia.

Si en esta ronda de negociación se impone un reajuste salarial cercano a la inflación pasada como propone el gobierno, los salarios ya habrían perdido su poder de compra en el punto de partida, o sea, en los primeros meses de este año.

La alternativa para la clase trabajadora, en momentos de cambios negativos en la economía, no puede ser la aceptación pasiva de la reducción de su ingreso o la degradación de sus condiciones laborales.

Como diría un dirigente de los obreros industriales: “las empresas tienen que definir sus políticas para mejorar su actividad y el Estado tiene que hacer lo mismo para acompañar a las empresas, nosotros los trabajadores y nuestros sindicatos tenemos en justicia el derecho a reclamar por mejores condiciones de trabajo”.