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El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, Dennis Racicot, recordó que el año 2011 el organismo internacional determinó que la detención del húngaro Elöt Tóásó, acusado por terrorismo, viola sus derechos, por lo cual pedía su libertad.
En un comunicado enviado al Gobierno nacional, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU destaca que “la privación de la libertad del Sr. Elöd Tóásó ha violado los derechos humanos consagrados en los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 2.3, 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en consecuencia es arbitraria”.
La queja que se planteó ante el organismo internacional señala que “Tóásó ha denunciado haber sido torturado tanto en Santa Cruz de la Sierra como en La Paz por exagentes de la Dirección General de Seguridad, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, con el objeto de que confesara cargos de pertenencia a un grupo armado irregular y de terrorismo, a lo que se ha negado”.
Al respecto, el Gobierno respondió que “si hubo lesiones, ellas se debieron a la fuerza legítima con que actuó la policía en el momento de su aprehensión”.
Por los daños, en el documento del Grupo de Trabajo se “pide al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que disponga una reparación por el mal causado por los agravios de que da cuenta esta Opinión”.
Libertad
El órgano de Naciones Unidas sugirió a las autoridades judiciales que cese la detención del húngaro.
“El Grupo de Trabajo propone, además, que las autoridades pertinentes del Estado adopten las medidas del caso para disponer la adopción de medidas de libertad o alternativas a la prisión preventiva a favor del Sr. Elöd Tóásó, de conformidad con las normas de la Declaración y del Pacto, así como del Código de Procedimiento Penal en vigor, sin perjuicio de acelerar las diligencias procesales en curso”, manifiesta el texto de la Opinión 063 de 2011.
E-mails
Gerardo Prado, abogado de Tóásó y Mario Tadic, señaló que la acusación que pesa sobre ambos por terrorismo se sustenta sólo en correos electrónicos que habrían intercambiado con Eduardo Rózsa Flores.
“Las pruebas no demuestran ningún acto terrorista. Las únicas pruebas que se tiene, y se las puede leer en la acusación, son correos electrónicos que inclusive ni siquiera pueden verificar si son de sus cuentas y además existe las dudas que pudieron ser manipuladas”, indicó el jurista en entrevista con la Red ERBOL.
Prado afirma que Tóásó llegó a Bolivia para hacer una película con Rózsa y que Tadic, quien nació en Cochabamba, arribó invitado por el ahora fallecido para hacer negocios en territorio nacional.
La versión de la Comisión del parlamento que investigó el caso dice que el húngaro estaba “encargado de los sistemas de comunicación” y tiene “conocimiento de electrónica, con capacidad para la activación de explosivos”.
En cuanto a Tadic, los oficialistas concluyeron que era “experto en el manejo de explosivos y de armamento” y que estuvo en la guerra de los Balcanes, como Rózsa.
La CIDH
El abogado señaló que ambos han presentado denuncias por violación de sus derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones a su integridad que sufrieron de parte del Estado boliviano.
En caso de prosperar su caso, Prado advirtió que “va a ser la nulidad de este caso casi con seguridad y la indemnización a mis defendidos por todo el tiempo de prisión preventiva y la torturas”, concluyó.
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