Fiscalía inicia nuevo proceso de extradición a Goni
La Fiscalía de Bolivia prevé iniciar hoy, por segunda vez, los trámites para solicitar a Estados Unidos la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, reclamado por la justicia por su presunta responsabilidad en una masacre en 2003.
Según anunció el Fiscal General, Ramiro Guerrero, su oficina presentará la solicitud ante el Tribunal Supremo, quien deberá votar sobre la posibilidad de su aprobación y tramitación.
En caso de obtener un voto positivo por la mayoría de los magistrados de la Sala Plena, el recurso será transmitido al Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde se encuentra asilado el expresidente boliviano.
La pasada semana, familiares y víctimas de la masacre ocurrida en 2003, conocida como Octubre Negro, solicitaron a las autoridades judiciales acelerar los trámites para la extradición de los responsables de esos hechos, que dejaron unos 77 muertos y 400 heridos.
Sánchez de Lozada se encuentra actualmente en la conocida "lista roja" de las personas más buscadas del mundo por la Policía Internacional (Interpol).
El gobierno de Bolivia anunció desde hace meses que presentaría la solicitud, un pliego de más de ocho mil hojas para argumentar el reclamo de extradición del exmandatario.
Según informó Guerrero, se procederá además a la contratación de un bufete de abogados en Washington para procesar el caso.
Explicó que el proceso conllevará una inversión de cerca de 143 mil dólares, que cubrirá el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
El Fiscal Superior, Orlando Riveros, reveló que el nuevo proceso de extradición se diferencia del primero en la cantidad de delitos y en la profundización de los temas de orden procesal y probatorio.
En septiembre de 2012 el gobierno de Estados Unidos rechazó extraditar al exmandatario boliviano al alegar una supuesta incompatibilidad entre las legislaciones de los dos países respecto a los delitos por los cuales se reclama a Sánchez de Lozada y a dos de sus exministros.
La nación andina solicita la entrega de esos exfuncionarios por su presunta responsabilidad en la muerte de más de medio centenar personas y por delitos de masacre, vejaciones y torturas durante los incidentes del Octubre Negro.
Ese mes de 2003, miles de personas fueron reprimidas por salir a la calle a protestar tras la decisión del gobierno de exportar a bajos precios gas natural a México y Estados Unidos, antes de satisfacer las demandas del desabastecido mercado interno. (PL)
