ONU

Por amplia mayoría, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó en julio de 2010 una resolución que reconoce al agua potable como un derecho humano básico.

La propuesta de dicha resolución, presentada por la delegación boliviana ante esa instancia, constituyó un hito para el gobierno de Evo Morales quien en aquella ocasión convocó a los líderes mundiales a garantizar a la población mundial el acceso al vital líquido como clave para frenar el calentamiento global y combatir la extrema pobreza.

Seis años después, Morales se encontraba, por un lado, pidiendo disculpas a la población paceña por el severo racionamiento del agua en más de 100 barrios de La Paz y, por otro, participando en rituales andinos implorando a la Pachamama lluvias para llenar las represas que proveen agua a las zonas afectadas, cuyas reservas, en el caso de Hampaturi, bajaron a 5% mientras que la de Incachaca llegaron a 8%.   

Menciono estos dos hechos porque parece increíble que quien lograra que el acceso al agua potable sea considerado un derecho humano a nivel mundial, haya sido incapaz durante su gobierno de tomar las previsiones necesarias y elaborar políticas de largo plazo para evitar la crisis por la que hoy atravesamos y más bien eche la culpa al calentamiento global como principal factor del déficit hídrico y luego participe en ceremonias ancestrales invocando tormentas y aprovechando el espectáculo para hacerse proclamar candidato para las elecciones generales de 2019 pese a que la población boliviana, por mayoría de votos, le dijo no a una tercera repostulación.

Y es que este gobierno no asume su responsabilidad como causante principal del racionamiento de agua por su incapacidad, ineficiencia y corrupción en la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) convertida en botín político desde que, a través de la nacionalización de la empresa Aguas del Illimani, se hiciera cargo de su administración en 2007 y fuera intervenida en el 2013 por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) dependiente del Ministerio del Medio Ambiente y Agua con el objetivo de “garantizar y asegurar la normal provisión del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario”.

Ya en el 2011 la Federación de Juntas Vecinales de EL Alto (FEJUVE), denunció públicamente que existían al menos 78 casos de nepotismo en EPSAS entre esposos, hermanos, primos, padres e hijos que gozan de innamovilidad funcionaria lograda en la gestión del ex ministro de agua Abel Mamani en 2007, muchos de ellos con sueldos entre 10 mil y 16 mil bolivianos.

Si el calentamiento global fuera el causante de la falta de agua, como pretende hacernos creer el Primer Mandatario, cómo se puede explicar que en la ciudad de Santa Cruz la Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado (SAGUAPAC) haya garantizado su suministro hasta el 2030 debido a los estudios de aguas subterráneas que se hicieron entre 1992 y 1996.

Pero a la crisis de abastecimiento de agua por la que atravesamos el 32,4% de la población, es decir, uno de cada tres habitantes de La Paz y El Alto, según un relevamiento hecho por el Comité de Respuesta Rápida de Salud y que probablemente se extienda hasta el 2017, de acuerdo a entendidos en la materia, se suma el grave hecho de que el presidente Morales haya confesado de que se enteró de la crisis a través de los medios de comunicación.

Para una autoridad el hecho de no estar informada constituye un delito previsible a sanción en la Ley del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFCO) que no se aplica solamente en casos donde la gente se roba la plata, sino, también, por una mala administración.

Pero, ¿hasta qué punto uno puede creer en la palabra del Primer Mandatario? Ya hace casi diez años, en mayo de 2007, el Ministerio de Planificación del Desarrollo en ese entonces a cargo de Gabriel Loza Tellería, presentó ante el Jefe de Estado un estudio denominado “El cambio climático en Bolivia”, en el que investigaciones sobre hidráulica e hidrología, entre otros, alertaban sobre el acelerado proceso de retroceso de los glaciares y su impacto en la disponibilidad de los recursos hídricos en Bolivia recomendando la implementación de sistemas de alerta temprana y el diseño de políticas, estrategias y medidas de adaptación al cambio climático.

“Compañeros, estamos fregados”, ésa fue la respuesta de Morales tras conocer dicha investigación y abandonar la sala donde le fue presentado el informe según una fuente que estuvo presente en el encuentro.

Entonces, el presidente sí estaba al tanto de una probable escasez como el que hoy nos encontramos sometidos, escenario que hubiera sido menos dramático si se hubiesen tomado en cuenta las recomendaciones y si se hubiese dejado en manos de profesionales técnicos idóneos el manejo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y EPSAS y no por un entorno político ineficiente e inoperante por culpa de quien hoy sufrimos las consecuencias.

“Hay que estar preparados para lo peor”, manifestó Morales a tiempo de hacer público el Decreto Supremo 2987 del pasado 21 de noviembre que declara emergencia nacional por la sequía y déficit de agua en diferentes regiones del país.

Efectivamente, estoy de acuerdo en que hay que estar preparados para lo peor, pero no por los efectos del cambio climático, sino, por un gobierno cuyo manejo de la de la cosa pública se ha caracterizado por la falta de institucionalidad, la negligencia, la corrupción, el abuso de poder y la incapacidad.