FISCALIA
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Lanchipa aseguró que la detención preventiva es producto de la desnaturalización del proceso penal, pero con la nueva Ley los fiscales que soliciten la medida deberán fundamentar debidamente su pedido, además de señalar el plazo.
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Los infractores fueron identificados por las cámaras, y particularmente debido a que uno de ellos tenía un notorio tatuaje en el brazo izquierdo.
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“El médico forense estará trabajando en el municipio de Huanuni y sus alrededores, atendiendo casos como accidentes. muchas veces no hemos podido tener esa pronta atención desde la ciudad de Oruro, por eso era importante contar con un médico forense”, dijo el alcalde de Huanuni.
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El fiscal departamental William Alave indicó que la denuncia se recibió la semana pasada, y que el fiscal del caso está procediendo a la notificación de los cuatro implicados.
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El fiscal Luis García señalo que el hecho de que sucedan este tipo de tragedias “no significa que las personas puedan utilizar esta situación para que las personas de manera indolente, procedan a realizar insultos”.
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El primero fue capturado en una pequeña fábrica encontrada en la calle Chorolque de La Paz, mientras que el segundo es propietario del inmueble en la zona Alto de la Alianza de El Alto, donde se había instalado una “megafábrica” de medicamentos falsos.
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En este proceso se investigó la adjudicación que hizo YPFB para la compra de tres taladros a la empresa italiana Drillmec, por un valor de 148,8 millones de dólares.
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El fiscal Atanasio indicó que Ramos fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación.
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La fiscal asignada al caso, Makerlin Zambrana, explicó que las transacciones fueron reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que el Ministerio Público conoció mediante un informe de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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La edicióna tiene por objetivo la aplicación de los principales instrumentos internacionales en Derechos Humanos que coadyuven en la fundamentación jurídica de las resoluciones emitidas por las fiscalías con miras a mejorar el acceso a la justicia y la atención a la población.