COMIBOL

En su ensayo “Consideraciones militares sobre el gas boliviano”, René Zavaleta, en 1969 señaló: “Así como aquellos complejos de inferioridad quieren hacernos suponer que aquí nada es posible porque somos un país mediterráneo, pobre y de insuficiente mercado interno –humanamente atrasadísimo además– la verdad es que la desgracia de Bolivia no está en el ser difícil y mediterráneo sino en tener dirigentes sin grandeza, gobernantes que no aman a su patria…Lo importante es nacionalizar el poder político de Bolivia, que está en manos hoy de extranjeros que se oponen a que nosotros seamos dueños de nuestra propia patria”.

Hoy podemos decir que los juicios de Zavaleta encontraron eco, luego de más de dos décadas de lucha mineros y campesinos, sumados al clamor del pueblo boliviano,desterraron el 2003 las intenciones de aquellos que fueron verdugos de la minería y privatizadores de los hidrocarburos.

El 2004, dentro de un escenario hostil lleno de incertidumbre, la nueva bonanza minera  encuentra a un sector minero privatizado y decadente, reservado para la autodenominada “minería mediana” y cooperativas mineras;además de una minería estatal sin probabilidades de afrontar esta nueva oportunidad,atada por el código minero de Sánchez de Lozada.

Las medidas que se requerían debían ser radicales, para devolverle al Estado su rol de operador minero a través de la COMIBOL, institución reducida a una administradora de contratos gracias a la Ley 1777. Lo que se requería era un nuevo Código Minero que perfile una política minera de largo aliento y sea de beneficio real para Bolivia.

No se puede negar que en un inicio las medidas dispuestas por el gobierno del MAS fueron apropiadas y oportunas – debido a la escalada de precios–permitieron recuperar Huanuni, Vinto y Colquiri para aprovechamiento del Estado; sin embargo, en esta intención de reactivar nuestra condición de país minero y aprovechar nuestros recursos, aún siguen pendientes temas que son necesarios como el Mutún y la instalación de fundiciones. Empero, lo definitivamente urgente es el diseño y ejecuciónde un serio y verdadero plande prospección y exploración minera, a partir de ello definir una política minera real de largo plazo que permita la preparación de minas para su explotación y garantizar los concentrados minerales para el funcionamiento de fundiciones y refinerías, hechos que permitan  posteriormente llegar a la tan aspiradaindustrialización minera.

El actual contexto internacional de precios, ha despertado una justificada preocupación en los operadores mineros de nuestro país; no es para menos, la caída de precios en varios de los minerales ha ocasionado que estos operadores exijan soluciones al Estado para afrontar una segura crisis en puerta.

Si bien la nueva Ley Minera (Ley 535) da algunos lineamientos para estas tareas, creemos que la prioridad del Gobierno debería centrarse en trabajar con los entes del Estado (SERGEOMIN – COMIBOL) y elaborar un plan agresivo que permita descubrir y explotar nuevos yacimientos. De nada sirve un plan nacional minero que hable de explotación, industrialización y comercialización de minerales, o la construcción de nuevos ingenios y fundiciones; sino pensamos antes,en la prospección geológica minera y la cuantificación de reservas con cuenta nuestra Bolivia.

A manera de ejemplo:Con todas las observaciones, la reactivación y puesta en marcha de Karachipampa es una realidad; sin embargo,actualmente las reservas mineras a ser tratadas provienen de la mina San Cristóbal, por información oficial se conoce que la vida útil de éste yacimiento, al actual ritmo de explotaciónserá de 10 años más; vale decir hasta 2025, posterior a ello ¿qué futuro le espera a Karachipampa?.  Bolivia conoce de dramas en temas de fundiciones en otros casos como La Palca yTelamayu, es necesario considerar estas viejas e ingratas experiencias para no volver a repetir errores.

Nadie discute que: “El desarrollo de la conciencia nacional” es un logro; una vez superada la fase de la concientización, como dueños de nuestra patria y nuestro destino, ahora requerimos de acciones colectivas prioritarias entre autoridades y operadores, para encarar y solucionar nuestros  problemas, proyectando a mediano y largo plazo soluciones.